Los grandes problemas que hoy aquejan a Francia ya estaban en la agenda política cuando Emmanuel Macron llegó al Elíseo en 2017. El país no atravesaba un mal momento económico —la economía creció aquel año un 2,3%, impulsada especialmente por la inversión—, pero sí
una crisis de expectativas, de integración social y de representación política, con tres grandes tensiones estructurales: económicas, sociales y político-institucionales.
En lo económico, el debate giraba en torno a la flexibilidad laboral, la formación profesional, el coste del trabajo y la capacidad de las empresas para crear empleo, con especial atención a
la exclusión laboral de los jóvenes y trabajadores poco cualificados. Se discutía cómo mejorar la productividad, recuperar tejido industrial, facilitar la innovación y adaptar la economía a la digitalización y la competencia internacional. Detrás de este debate aparecía otro, de naturaleza social y territorial:
las consecuencias de la desindustrialización en las antiguas regiones industriales, particularmente en el norte y el este del país. La cuestión de fondo era cómo recuperar una economía capaz de generar empleo estable sin debilitar el modelo francés de protección social. Este último asunto afectaba a las pensiones, el sistema sanitario, la fiscalidad, la eficiencia de los servicios públicos y la sostenibilidad financiera del modelo social ante el envejecimiento demográfico.
"La cuestión de fondo era cómo recuperar una economía capaz de generar empleo estable sin debilitar el modelo francés de protección social"
En lo social, la cuestión era
quién participaba de la prosperidad francesa y quién sentía que se había quedado al margen. Esta fractura afectaba especialmente a los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades, donde se acumulaban dificultades educativas, desempleo, discriminación y problemas de movilidad social.
La escuela republicana, tradicionalmente presentada como instrumento de igualdad y promoción social, era objeto de debate por
su incapacidad efectiva para corregir las diferencias sociales de partida. No se trataba únicamente de redistribuir renta, sino de garantizar que el origen social y territorial no determinara las oportunidades de futuro. Francia llevaba varios mandatos presidenciales —al menos los de Sarkozy y Hollande— debatiendo sobre cómo integrar a una población diversa en el marco de su tradición republicana y laica. A ello se añadía
la preocupación por la inmigración, intensificada por la crisis europea de refugiados de 2015, y por la seguridad tras los atentados terroristas de 2015 y 2016.
En lo político e institucional, el debate estaba en
cómo reconstruir la confianza en unas instituciones y partidos que una parte creciente de la sociedad ya no consideraba representativos. La elección presidencial de 2017 supuso una transformación del sistema político francés. Por primera vez en la historia de la Quinta República (desde 1958),
ninguna de las dos grandes familias políticas que habían organizado la vida francesa durante cuatro décadas —socialistas por un lado y gaullistas y conservadores por otro— pasó a la segunda vuelta de las elecciones. Macron llegó al Elíseo con 39 años —casi veinte años menos que la media de sus predecesores desde 1959—, un apoyo del 24% en una primera vuelta extraordinariamente igualada —la diferencia entre el primer candidato y el cuarto fue de apenas 4,4 puntos porcentuales— y
tres grandes promesas: modernizar la economía francesa, reducir la fractura social y renovar su sistema político.
Casi una década después, Francia
ha reducido el desempleo desde el 9,4% de 2017 hasta el 8,3% previsto para 2026 y ha contenido la pérdida de poder adquisitivo en un contexto atravesado por la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y, más recientemente, el conflicto en Ormuz. El crecimiento económico sigue siendo débil, la productividad ha mostrado escaso dinamismo y
las finanzas públicas se han descontrolado (el déficit ha pasado del 3,4% del PIB en 2016 al 5,1% previsto por la Comisión Europea para 2026, mientras que la deuda pasaría del 96,0% al 118,1% del PIB), lo que
ha reducido el margen para sostener y reformar el Estado social.
"El crecimiento económico sigue siendo débil, la productividad ha mostrado escaso dinamismo y las finanzas públicas se han descontrolado"
Las fracturas territoriales, sociales y culturales no han desaparecido.
Los chalecos amarillos —surgidos a raíz de una controvertida y regresiva política fiscal— constituyeron una primera manifestación de ese malestar. Posteriormente, la inflación,
la reforma de las pensiones y las tensiones relacionadas con la inmigración y la identidad han mantenido abiertas esas divisiones. La mejora de algunos indicadores económicos no se ha traducido necesariamente
en una percepción compartida de progreso.
La desaparición del antiguo predominio socialista y conservador ha dado paso a
una creciente fragmentación en torno a tres espacios: la izquierda —dividida a su vez entre "insumisos" y socialistas—, el centro y la derecha —donde los "republicanos" han perdido sus posiciones en beneficio de Le Pen—. La coalición presidencial obtuvo el 32,3% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas de 2017, el 25,8% en 2022 y el 20% en 2024.
Estas últimas, adelantadas de manera innecesaria, representaron un punto de inflexión: el problema ya no consiste únicamente en la distancia entre los ciudadanos y sus representantes, sino también en la dificultad de las instituciones para transformar las preferencias electorales en
mayorías capaces de gobernar.
"La mejora de algunos indicadores económicos no se ha traducido necesariamente en una percepción compartida de progreso"
Las elecciones legislativas de 2024 fueron también reveladoras por el tono de la campaña y la actitud de buena parte del ecosistema mediático. Durante aquellas semanas se extendió la impresión de que
algunos sectores estaban más preocupados por aceptar lo que consideraban inevitable y adaptarse al nuevo escenario político que por cuestionar abiertamente a la derecha radical. Resulta difícil entender de otro modo que Jordan Bardella pudiera
burlarse de Jean Moulin en un debate televisado de máxima audiencia sin que ello comprometiera seriamente su candidatura ni su proyección política. Fue un episodio que sirvió para mostrar
hasta qué punto han cambiado los límites de lo admisible en la conversación pública francesa: lo que en otro tiempo habría podido descalificar a un candidato, hoy apenas parece alterar el curso de una campaña electoral. Los bárbaros ya están dentro. Y son muchos.
Tecnócrata, reformista y de centro, Macron construyó su figura sobre la promesa de superar la división tradicional entre izquierda y derecha, modernizar la economía francesa y renovar la vida política.
Su balance está lejos de aquellas ambiciones. Las reformas económicas no han devuelto a Francia el dinamismo esperado, las fracturas sociales siguen abiertas y
su proyecto de renovación política ha desembocado en una fragmentación parlamentaria que dificulta la gobernabilidad. Ni siquiera la reforma de las pensiones, una de las más controvertidas de su presidencia, ha conseguido consolidarse. Y deja las cuentas públicas francesas en una situación singularmente delicada.
En su haber quedará su europeísmo convencido; a la francesa, en la tradición de sus predecesores, pero europeísmo. Ahí sí le echaremos de menos porque, si nada lo remedia, los bárbaros llegarán en primavera al Elíseo.