La legislatura en Castilla y León en cifras: sin Vox, el PP busca más acuerdos

El clima bélico que recorre el mundo ha hecho pequeñas las noticias y reflexiones sobre la política nacional y, más aún, la autonómica. Sin embargo, los ecos de las elecciones en Extremadura y Aragón todavía colean por sus efectos en la gobernabilidad de aquellas autonomías y el desfase con las expectativas con las que se convocaron anticipadamente. La ciudadanía no sabe qué va a ocurrir con ambos gobiernos y es previsible que los partidos principales (PP y Vox, pero también el PSOE) estén preparándose para escenarios diversos. Es muy probable que en Castilla y León ocurra lo mismo si se cumplen los resultados que apuntan las encuestas. Y quedan las elecciones en Andalucía.

"La producción legislativa de esta legislatura ha sido la más baja del periodo democrático con la excepción de la —muy corta— legislatura pasada"

En breve se votará en Castilla y León. Se votan promesas, pero también se vota mirando el retrovisor hacia lo que se ha hecho. Las elecciones son oportunidades de rendir cuentas a la ciudadanía, pero no solo respecto de las políticas del Gobierno, sino también de la actividad legislativa. En este artículo ponemos el foco en las leyes que han aprobado los procuradores de las Cortes de Castilla y León y en cómo las han aprobado. Lo hacemos echando un vistazo histórico a los datos recopilados en los estudios Consenso y Elitpolar.

La peor legislatura de la historia en términos productivos

La producción legislativa de esta legislatura ha sido la más baja del periodo democrático con la excepción de la —muy corta— legislatura pasada, en la que el líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, rompió el pacto con Ciudadanos que impidió al PSOE (ganador de las elecciones) gobernar y convocó elecciones anticipadas en las que ganó, pero tuvo que pactar esta vez con Vox. Salieron del Gobierno los consejeros de Vox en julio de 2024 y Mañueco gobernó en minoría hasta que convocó nuevas elecciones en 2026. 



Las dieciséis leyes aprobadas en esta legislatura han tenido como principal protagonista a su sector primario, tanto con la aprobación de rebajas y bonificaciones en las tasas veterinarias y en los certificados profesionales como con la modificación de la Ley de Sanidad Animal de 1994. Además, el parlamento castellanoleonés ha puesto en marcha otras medidas de carácter social para hacer frente al problema de la despoblación creciente en la región, como la garantía de la prestación de servicios autonómicos esenciales o el impulso a la provisión de puestos sanitarios en zonas de difícil cobertura.

Un termómetro del clima político de la legislatura es saber cómo se han aprobado esas leyes. Para entender mejor cómo han legislado los procuradores de Castilla y León, utilizamos el índice de acuerdo o índice de inclusividad, que computa los votos recibidos por una ley y que puede oscilar entre cero y uno. El valor cero significa que solo han votado a favor (o se han abstenido) de la ley los parlamentarios del grupo (o grupos) que sustentan al Gobierno. Por el contrario, el valor uno implica que todos los parlamentarios presentes votan a favor o se abstienen (es decir, no se oponen a la aprobación de la ley).



En buena medida, este índice muestra la capacidad de las mayorías de incorporar a la legislación los puntos de vista de las minorías. En Castilla y León, este índice es del 0,67 para todo el periodo. A diferencia de otras comunidades, el grado de acuerdo medio en Castilla y León se mantiene más o menos estable y cercano a la media de la España autonómica (0,69) con algunas variaciones. Ciertamente, el nivel de acuerdo conseguido en la primera legislatura no se ha vuelto a repetir, pero no creemos que, en este caso, tenga que ver con el partido que tiene mayoría en la cámara, sino con su proximidad al momento fundacional de nuestra democracia: la Transición. Como hemos mostrado en otras ocasiones, a medida que nos distanciamos de la Transición, el nivel de acuerdo parlamentario desciende en todas las cámaras. Aun así, sabemos que el partido (o partidos) que tiene mayoría en una cámara importa para construir más o menos inclusión de las minorías parlamentarias en el proceso legislativo.

"El presidente del gobierno autonómico vio cómo sus socios parlamentarios de Vox abandonaban el ejecutivo a cuenta de las políticas migratorias y pasaron a la oposición en julio de 2024"

La legislatura que ahora termina tiene el índice de acuerdo o inclusión más bajo del periodo democrático (0,42). Esta legislatura ha tenido un elemento diferencial: el presidente del gobierno autonómico vio cómo sus socios parlamentarios de Vox abandonaban el ejecutivo a cuenta de las políticas migratorias y pasaron a la oposición en julio de 2024. Desde entonces, Mañueco ha gobernado en minoría. Ese cambio ha tenido un efecto importante en la manera en que se ha legislado en Castilla y León.



Como se observa en la tabla 1, la última legislatura se divide en dos periodos. En el primero, PP y Vox tienen la mayoría absoluta de votos para legislar y solo son capaces de incorporar a una parte pequeña de la oposición en las Cortes. Sin embargo, cuando el PP gobierna en minoría, aunque se hayan aprobado pocas leyes (cuatro, en realidad), ha conseguido atraer hacia sí a una proporción mayor de los procuradores de la oposición. Esto significa que la ley aprobada incorpora también algunas ideas, aspiraciones, objetivos de los grupos que o bien votan a favor o se abstienen. Este escenario encaja con análisis más amplios en los que se demuestra que las mayorías relativas generan más acuerdos parlamentarios, a pesar de que puede haber una mayor fragmentación y, por tanto, más actores a considerar.

"Cuando se produce un gobierno de coalición entre PP y Vox, se reduce el índice de acuerdo en comparación con el momento el que gobierna el PP en minoría"

Pero también puede considerarse otra explicación del nivel de acuerdo tan bajo. Tal como se muestra en los resultados de la cuarta encuesta a parlamentarios (páginas 12-13), ha aumentado el talante autoritario o impositivo entre los representantes y ha disminuido la proclividad al acuerdo, siendo especialmente relevante el caso de los parlamentarios de Vox (pero también de otros). Como se vio también en el caso de Aragón, cuando se produce un gobierno de coalición entre PP y Vox, se reduce el índice de acuerdo en comparación con el momento en que gobierna el PP en minoría. Es decir, sea porque tienen mayoría absoluta, sea porque prefieren ignorar los intereses o planteamientos de los representantes de la sociedad que no les vota, cuando se produce esa coalición, la capacidad de inclusión de las minorías se reduce. 

En definitiva, la XI legislatura en las Cortes de Castilla y León se ha visto sacudida por la decisión de los de Abascal de abandonar el gobierno autonómico, al igual que ha sucedido en otras comunidades. Mañueco y su mayoría parlamentaria han conseguido aguantar en minoría durante casi dos años, sacrificando la producción legislativa, pero incorporando los planteamientos de algunos rivales políticos en la aprobación de las leyes. Esto no es nuevo. Hace poco lo vimos también en Aragón. Con la fragmentación existente en muchas de las cámaras españolas, quizá sea una buena noticia. Quizá esto abra una ventana de esperanza hacia un diálogo entre diferentes que la ciudadanía percibe cada vez más escaso y se nos antoja tan necesario como difícil. Pero esta ventana parece cerrarse cuando la lógica bélica, la del amigo-enemigo, aparece en el escenario político, cuando un representante niega la posibilidad de acuerdos con sus rivales. ¿Lasciate ogne speranza?