España es un país que cuenta con incentivos fiscales a la I+D+i, pero por su complejidad, las limitaciones para convertir las deducciones en liquidez y la inseguridad jurídica, existe una importante dificultad para su aprovechamiento. Dispuestos a cambiar esta situación, cinco responsables fiscales de empresas de la Fundación I+E plantean cuatro reformas para adaptar el sistema a la realidad tecnológica y atraer inversión.