Una ley para sacar del olvido a los barrios desfavorecidos

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar un hecho muy importante que pasó desapercibido en el alud de información que nos envuelve. Se trata de la presentación del Proyecto de Ley Integral de Barrios Vulnerables en una jornada parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

El hecho es muy relevante y es una pena que haya quedado opacado en la vibrante actualidad de las últimas semanas. Este texto quiere darle visibilidad y remarcar algunas de las razones que hacen fundamental el Proyecto de Ley y todo el trabajo que lo ha precedido por parte de múltiples asociaciones vecinales, otros actores sociales y formaciones políticas. Es importante que tenga visibilidad y que su propuesta sea socializada para que salga adelante en un futuro lo más cercano posible. Además, se trata de una ley que entra en la lógica de cuestionamiento de la potenciación de la dimensión económica del desarrollo urbano, que es afín al cuestionamiento del modelo de ciudad "mercantilizada" que prima en muchas de nuestras ciudades y está ligada a la realidad que denuncia la Acampada de Sol.

"Se trata de una ley que entra en la lógica de cuestionamiento de la potenciación de la dimensión económica del desarrollo urbano"

En el contexto español nunca ha existido un marco legislativo para la actuación en los barrios desfavorecidos (como prefiero denominarlos). A diferencia de países como Reino Unido, Alemania o Francia, que se dotaron de él durante los años ochenta, nuestro país nunca ha dado ese paso. Sí que ha desarrollado un marco legislativo de gran interés una comunidad autónoma: Catalunya, que en dos momentos diferentes (2004 y 2022) ha dado lugar a lo que conocemos como "leyes de barrios", demostrando que marcos legislativos y económicos para afrontar esta problemática son posibles y tienen efectos positivos.

La pobreza que se perpetúa en los barrios

El no contar a nivel nacional con un marco específico para afrontar la problemática de estos enclaves deja desatendida una realidad que mina la cohesión social, económica y territorial de las ciudades de todo tamaño; es decir, es negativa para la ciudad y el territorio en su conjunto, pero sobre todo esta inacción mantiene sumidos injustamente en lo que la literatura académica ha llamado el "ciclo de la pobreza" a quienes residen en estos barrios. En ellos, la suma de formas de exclusión interrelacionadas deriva en una desventaja social y económica de gran complejidad, que se reproduce en el tiempo y que es imposible revertir sin políticas integradas específicas.

Así, cuando llega una crisis (como la debida a la pandemia) o se verifican nuevos elementos que ponen en jaque a las ciudades (como las olas de calor y otros eventos climáticos extremos, o el aumento del precio de la energía), los barrios desfavorecidos sufren en mayor medida sus consecuencias. Su situación se recrudece.

"En el contexto español nunca ha existido un marco legislativo para la actuación en los barrios desfavorecidos"

Se trata de una realidad que recibió atención política en los años ochenta y noventa del siglo pasado en el marco de la Unión Europea (UE), desde donde llegó a nuestro país, donde tuvo una cierta presencia en el discurso político durante los años noventa. Pero luego, como ha puesto de relieve el trabajo de investigación que venimos realizando, a partir de la década de 2000 ha ido desapareciendo de la conversación pública y de la agenda política tanto en el contexto comunitario como en nuestro marco. En gran medida, esto se explica desde el denominado "giro neoliberal" del urbanismo y la planificación urbana, teorizado por autores como Brenner, que en la UE se materializó en la década de 2000 a través de la reforma de la Política de Cohesión, desde donde pasó al eje urbano de la misma y, de ahí, a nuestro país.

Desde entonces, el escenario actual de "financiarización" de la ciudad, que neutraliza la capacidad redistributiva del urbanismo y otras políticas, y pone sus mecanismos a favor de la competitividad y la atracción de inversión, tiende a dejar fuera de la agenda política y su discurso las problemáticas que no encajan en esa lógica. Así, pasan a un segundo plano y finalmente se caen de la esfera pública, quedando invisibilizadas si no hay actores que lo eviten. Se trata de las temáticas que más necesitan de las instituciones para recibir respuesta porque demandan acciones decididamente sociales y presupuesto público para materializarse (aunque luego puedan integrar también recursos privados). Esto es lo que ha pasado con la temática de los barrios desfavorecidos.

El problema que afronta es relevante y transversal a todas las ciudades de nuestro país, pero tiene difícil dar el salto a la agenda política. La forma en la que la información nos llega tampoco ayuda. En general, los medios de comunicación tienden a prestar atención a las cuestiones urbanas cuando se produce algún acontecimiento excepcional capaz de captar el interés de la audiencia. Como consecuencia, los problemas urbanos de carácter estructural, que se prolongan en el tiempo y terminan por normalizarse en la percepción de la ciudadanía, encuentran mayores dificultades para conseguir atención mediática. Esto es lo que viene pasando con la cuestión de los barrios desfavorecidos.

La movilización vecinal llega al Congreso

Es en este contexto de gran dificultad que desde hace unos años un grupo de personas y colectivos que vive y conoce muy bien la realidad de estos enclaves se ha organizado en la Red por la Ley Integral de Barrios Vulnerables para dar lugar a un proceso de puesta en común que ha sabido hacer evolucionar hacia un texto legislativo. En este esfuerzo y empeño ha contado con el acompañamiento y apoyo de la formación política Sumar (en concreto de diputados de Izquierda Unida). Todo ello ha llevado a consolidar un texto que se registró en el Congreso el 11 de diciembre de 2024 y que a finales de septiembre se presentó a la opinión pública en una jornada parlamentaria para darle visibilidad y recabar apoyo político y social.

"Los problemas urbanos de carácter estructural, que se prolongan en el tiempo y terminan por normalizarse en la percepción de la ciudadanía, encuentran mayores dificultades para conseguir atención mediática"

Dicho acto no solo fue pertinente (por el tema y el momento) e interesante (porque construía sobre un enorme conocimiento de las problemáticas de los barrios), sino que también fue tremendamente emocionante porque la ley que se presentaba tiene su raíz en el marco simbólico y político de la vida cotidiana de los barrios y de sus "fortalezas" (por eso prefiero no llamarlos vulnerables), construidas en gran medida sobre la autoorganización, el bien común y la ayuda mutua… palabras que evocan esperanza y formas de hacer que retan el individualismo y la mercantilización de lo urbano, que nos ponen ante los ojos lecciones de plusvalía moral, solidaridad y resiliencia de gran belleza, y que nos recuerdan que es injusto no poner atención política y social en estos enclaves y contribuir a su mejora desde lo mucho de bueno que contienen.

El Proyecto de Ley Integral de Barrios Vulnerables se sitúa en esta mirada y es sinérgico con la dinámica de cuestionamiento de las políticas urbanas que tienen en el centro la vivienda en este momento. El tema de los barrios desfavorecidos, de la falta de respuesta a la situación que los mantiene en desventaja permanente, tiene el mismo ADN que las reivindicaciones que estamos viviendo por la vivienda y por la transformación del modelo de ciudad en nuestro país. La formación política que lo ha respaldado seguramente seguirá apoyándolo, pero es de esperar y necesario que también las que son afines ideológicamente a la propuesta que hace la asuman e integren en su programa para las próximas elecciones. No es ingenuo pedirlo ni esperarlo: es humano, como la esperanza y la convicción que mueven a quienes llevamos tiempo trabajando desde contextos muy diferentes para que esta problemática reciba una respuesta.