La reforma electoral de Meloni que puede volverse en su contra

El plan de fondo de Giorgia Meloni de reorganizar de arriba abajo el sistema constitucional italiano (reforma de la justicia, premierato, regionalismo diferencial, cambio electoral) se frustró tras su fracaso en el referéndum de marzo de 2026, de ahí que haya tenido que limitarse a un objetivo no tan ambicioso, pero crucial para los partidos, como es el electoral. Meloni quería aprobar como fuera este proyecto porque con la ley en vigor (3 de noviembre de 2017, n.º 165, periodísticamente denominada ley Rosato por su proponente) no las tenía todas consigo porque, así como en 2022 las oposiciones se presentaron desunidas, en esta ocasión parecen decididas a ir unidas, lo que pondría en peligro la actual mayoría. El proceso de reforma electoral ha sido largo (se inició en el verano de 2025 y ha requerido tres votaciones parlamentarias, dos en la Cámara de Diputados —la última, la de cierre— y una en el Senado) y complicado por las reticencias de varios socios de la coalición de las derechas, pero Meloni les acabó imponiendo la necesidad de asumir su proyecto so pena de anticipar las elecciones con la fórmula anterior.

La oposición exigió voto secreto con la esperanza de que se produjeran fugas (en julio unos cincuenta francotiradores se desmarcaron), pero en la tercera lectura en la Cámara baja no hubo sorpresas, de ahí la aprobación final de la ley Bignami (por su relator) (9 de octubre de 2026, n.º 180) con 227 diputados a favor y 164 en contra. La amenaza de elecciones anticipadas surtió efecto en la coalición de las derechas porque Meloni afirmó que, si la ley no se aprobaba, el Gobierno dimitiría y precipitaría casi inevitablemente la inmediata convocatoria electoral. En este caso, varios parlamentarios para los que esta es su primera legislatura habrían perdido la pensión parlamentaria porque para tenerla hacen falta cuatro años y seis meses.

"La ley electoral querida por Meloni es proporcional, pero con un fuerte premio de mayoría si se obtiene cierto cuórum"

Se suprime el sistema mixto anterior (61% proporcional de lista y 37% mayoritario en circunscripciones uninominales) y uno de los probables efectos de la nueva ley será la reducción del número de mujeres en el Parlamento porque casi desaparece la obligatoriedad de cierta paridad (con la ley Rosato ningún género podía copar más del 60% de las candidaturas) y solo en el listone del eventual premio de mayoría operará ahora el 60/40. Para Meloni, su ley permitirá escoger partido, coalición, programa, candidato a premier y a los parlamentarios y reforzará la estabilidad, argumento al que de inmediato se sumó Antonio Tajani, de Forza Italia, para avalar su apoyo.

Así pues, para las derechas, con esta ley se estaría dando paso a la Tercera República, que ya no estará paralizada, argumento capcioso donde los haya porque 1) desde 1994 han sido abundantes las alternancias, antes imposibles durante el régimen democristiano, y 2) el Gobierno Meloni ha gozado de una estabilidad envidiable y ha batido récords de permanencia en el poder. Lo cierto es que el socio de gobierno más perjudicado por la nueva ley es la Lega de Matteo Salvini, muy preocupado por el constante ascenso de Futuro Nazionale de Roberto Vannacci, de ahí que no desee elecciones anticipadas. La propia Meloni es consciente de que muy probablemente necesitará a Vannacci para reeditar su mayoría y se trata de un aliado incómodo.

La oposición ha rechazado frontalmente la nueva ley, considerándola una truffa (trampa) y un imbroglio (lío), y la ha denunciado como una maniobra que recuerda la fallida operación de Alcide De Gasperi en 1953, cuya reforma electoral daba cerca del 65% de los diputados a la lista o coalición de listas que superara el 50% más uno de los votos, pero por poco no lo consiguió y eso acabó con su liderazgo. Para Elly Schlein (Partito Democratico), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) y Alleanza Verdi Sinistra, esta ley es sencillamente inconstitucional. El prestigioso politólogo Gianfranco Pasquino, en su intervención como experto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 5 de mayo de 2026, señaló justamente que en ningún sistema electoral los ciudadanos eligen directamente al Gobierno, sino a los parlamentarios. En los regímenes parlamentarios, los gobiernos dependen del Parlamento y, en cualquier democracia que se precie, es fundamental respetar la genuina representación de los electores y preservar la separación de instituciones.

Por ello, se trata de una ley equivocada y, peor, partitocrática porque los capilista (cabezas de lista) están bloqueados y el voto preferencial se reduce al 20% de los siguientes candidatos.

"Para Elly Schlein (Partito Democratico), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) y Alleanza Verdi Sinistra, esta ley es sencillamente inconstitucional"

Esta ley introduce muchas y muy discutibles novedades: 1) aumenta el número de firmas para ser candidato (salvo los que ya dispongan de grupo parlamentario antes del 31 de diciembre de 2025) y los nuevos necesitarán 6.000 avales (antes 1.500).

2) Será obligatorio que las coaliciones y los partidos que concurran en solitario indiquen el nombre de su candidato a premier, aunque eso no figurará en la papeleta porque, en realidad, se trata de una prerrogativa del presidente de la República. Por tanto, parece tratarse de una maniobra espuria para introducir indirectamente una especie de "semipremierazgo" y esta exigencia puede ser un problema para la oposición ya que tendrá que organizar primarias para saber si su coalición será liderada por Schlein o Conte (Andrea Carugati: "Conte contra Schlein: comienza en Italia la batalla por las primarias del PD", Sin Permiso, 11 de octubre de 2026).

3) Los cabezas de lista (los que tienen casi asegurada la elección) están bloqueados y, al no estar prevista la alternancia de género, podría darse el caso de que (casi) todos fueran varones (todos los cálculos apuntan a una reducción del porcentaje de mujeres del 33% actual a un 20% con la nueva ley) y la única excepción sería la del listone si procede el premio de mayoría, pues entonces sí se activaría el 60/40.

4) Se reintroduce el voto preferencial, pero solo tres en cada circunscripción (un 20%) y cabe recordar que los precedentes no son muy satisfactorios porque en 1991 se hizo un referéndum para reducir de tres a una las preferencias por el uso clientelar de las mismas, sobre todo en el Mezzogiorno.

5) El premio de mayoría establece que si una coalición alcanza el 42% de los votos en las dos cámaras obtendrá 70 diputados y 35 senadores más, aunque ninguna podrá tener más de 220 diputados y 113 senadores para proteger las barreras de la mayoría cualificada (elección del presidente de la República o reforma constitucional). Si ninguna coalición alcanza el 42%, entonces se volverá a la proporcionalidad pura —es decir, al denostado modelo de la Primera República y al poder de chantaje desorbitado de los partitini ("partiditos")— o a improbables gobiernos de gran coalición o a gobiernos técnicos que Italia conoce muy bien.

6) La cláusula de exclusión se sitúa en el 3% para los partidos que concurran en solitario y en el 10% para las coaliciones.

Esta ley será recurrida ante la Corte Costituzionale y cabe recordar que en 2017 anuló numerosas disposiciones de la ley electoral querida por Matteo Renzi que nunca llegó a aplicarse y es probable que este alto tribunal de garantías cuestione varios puntos:

1) El elevado premio de mayoría por el riesgo de distorsionar la representación ya que daría paso a gobiernos no deseados por la mayoría de los ciudadanos.

2) Es dudoso que admita el bloqueo de los cabezas de lista y que no se contemple la paridad de género al respecto.

3) Parece excesivo aumentar de 1.500 a 6.000 las firmas para las candidaturas porque ello supone un hándicap desproporcionado para los nuevos partidos.

4) Es incongruente obligar a los partidos a que indiquen su candidato a premier porque se interfiere en las prerrogativas del presidente de la República.

5) El recuento nacional para el Senado parece pugnar con el artículo 57 de la Constitución, que lo prevé regional.

"En 2017 el TC anuló numerosas disposiciones de la ley electoral querida por Matteo Renzi que nunca llegó a aplicarse"

Las encuestas de YouTrend sobre esta ley muestran un gran desconocimiento cívico (un 44% afirma conocerla poco y un 32% casi nada), reflejan que la mayoría ve bien restablecer el voto preferencial (62%), pero que el 39% está en contra del premio de mayoría, el 20% se opone a abolir las circunscripciones uninominales y el 56% rechaza el bloqueo de los cabezas de lista. En estas circunstancias, se ha abierto un debate sobre si serían convenientes o no unas elecciones anticipadas: el 67% de los votantes del centroderecha y la derecha está en contra y prefiere que se agote la legislatura en octubre de 2027 (pero el 67% de los partidarios de Vannacci están a favor del adelanto electoral), mientras que el 68% de los votantes del centroizquierda y la izquierda desean la anticipación. Se esperará al fallo de la Corte Costituzionale (se supone que en febrero de 2027 habrá resolución) y cabría hacerlas coincidir con las elecciones administrativas en primavera.

Los sondeos (YouTrend/Sky TG24) muestran que las derechas sin Vannacci rondan el 40% y solo con él alcanzarían el 48%, mientras que el centroizquierda estaría sobre el 44% si consigue sumar a pequeños partidos centristas (Italia Viva de Renzi o +Europa, siendo mucho más difícil que Azione de Carlo Calenda se añada) y en el seno de las coaliciones se afirma la primacía de Fratelli d'Italia por un lado (27%) y del Partito Democratico (20%) por otro. En suma, Meloni podría estar cometiendo el error de Renzi con su ley electoral, toda vez que la Corte Costituzionale la desarboló en lo esencial y ahora habrá que esperar su veredicto.