Miércoles, 29 de julio de 2026
La suspensión cautelar de la reforma judicial polaca
El 19 de octubre pasado, el Tribunal de Justicia nos sorprendía con un auto insólito, sin precedentes en la historia de la Justicia europea. La vicepresidenta del Tribunal, competente para la adopción de las medidas cautelares, ordenaba a la República de Polonia suspender la aplicación de la reciente reforma del Poder Judicial polaco que introduce, entre otras medidas, una reducción generalizada de la edad de jubilación de los miembros de las altas jurisdicciones del país. Esta reforma llevaba un tiempo bajo la vigilancia de la Comisión Europea y formaba parte de las múltiples medidas del actual Gobierno polaco que han motivado una insólita activación del procedimiento de defensa del Estado de Derecho, también a instancias de la Comisión Europea. El Auto del 19 de octubre se dicta en el marco de uno de los procedimientos por incumplimiento abiertos por la Comisión contra Polonia ante el Tribunal de Justicia, cuyo objeto se centra exclusivamente en la reforma del Poder Judicial.
En principio, la decisión de la vicepresidenta se enmarca dentro del sistema ordinario de recursos de la UE. Si la Comisión duda de la conformidad con el Derecho de la Unión de una medida de un Estado miembro, tiene abierto el cauce del recurso por incumplimiento previsto en el artículo 258 TFUE, en virtud del cual el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la conformidad de la medida estatal con el Derecho de la Unión, en una sentencia meramente declarativa, pero ejecutable forzosamente mediante un sistema de multas coercitivas y sanciones pecuniarias contemplado en el artículo 260 TFUE. Como parte del arsenal procesal de la parte demandante, la Comisión puede solicitar al Tribunal que adopte medidas cautelares para asegurar la efectividad del proceso. Eso es justo lo que ha hecho la Comisión en este asunto.
Ahora bien, el proceso instado por la Comisión contra Polonia reviste unas características que lo alejan con creces de la normalidad institucional.
Para empezar, el objeto del recurso es una medida sin precedentes en la historia de la integración que, además, suscita algunas dudas sobre la competencia de la Unión para entrometerse en determinadas materias. La edad de jubilación de los jueces es una cuestión que no encuentra regulación alguna en el Derecho de la Unión, salvo por su vínculo con la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación en el ámbito laboral con motivo de determinadas circunstancias, entre las que se encuentra la edad. Ahora bien, es evidente que el objetivo del Gobierno polaco no es estrictamente laboral, sino que persigue la ejecución de una purga en uno de los poderes del Estado, algo que desborda con creces el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78.
Además, el auto del 19 de octubre no resuelve el fondo, sino que acuerda medidas cautelarísimas contra Polonia al amparo del artículo 160.7 del Reglamento de Procedimiento. La vicepresidenta ha otorgado medidas cautelares suspensivas antes de oír a Polonia, dada la urgencia y gravedad de la situación creada en el país. Las medidas cautelarísimas son sumamente excepcionales y apenas se conceden en la praxis del Tribunal, pero, según la vicepresidenta, la ocasión lo justificaba e incluso obligaba a expandir el alcance de las medidas hacia situaciones pasadas. Por tanto, estamos ante medidas cautelarísimas retroactivas, algo también sumamente excepcional, que permiten a los jueces ya cesados por razón de edad volver a reintegrarse en el servicio activo.
Es evidente que esta medida es provisional y deberá ratificarse por la vicepresidenta cuando resuelva definitivamente la solicitud de tutela cautelar planteada por la Comisión, una vez celebrada la vista y oídas las partes. Sin embargo, todo apunta a que la situación en Polonia es de la suficiente gravedad como para que se mantengan las medidas cautelares hasta la finalización del proceso, algo que podría prolongarse durante algo más de un año.
Finalmente, hay que destacar que Polonia ha advertido de su disposición a seguir batallando en defensa de sus reformas. Para empezar, el ministro de Justicia polaco ha dejado caer la posibilidad de que el país desobedezca el auto de la Vicepresidenta. A tal fin, el fiscal general ha planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional polaco cuestionando la constitucionalidad de la suspensión de la ley de reforma. Todo apunta a que el Constitucional, recientemente renovado y con miembros más afines al Gobierno actual, declarará la inconstitucionalidad de la suspensión y el Gobierno continuará con su proceso de reforma. En ese caso, sumidos plenamente en una crisis constitucional sin precedentes en la historia de la Unión, cabe preguntarse qué instrumentos quedarían en manos de la Comisión.
En principio, si Polonia opta por una suerte de insurrección institucional contra el Tribunal de Justicia, la Comisión podría solicitar la ejecución del auto de 19 de octubre al amparo del artículo 260 TFUE. Si el Tribunal constata que se ha incumplido, puede acordar multas coercitivas y sanciones pecuniarias contra Polonia, una consecuencia que ya ha aplicado el Tribunal en un reciente asunto, también polaco. Si el Gobierno polaco se resiste a abonar el importe de la multa, la Comisión dispone de suficientes instrumentos en el Reglamento financiero para asegurar la ejecución de las medidas económicas, especialmente tratándose de un Estado cuyo saldo neto con el Presupuesto de la Unión es positivo.
Llegados a ese punto, será inevitable concluir que Polonia ha optado voluntariamente, o al menos su Gobierno, por renunciar a formar parte de los estados de Derecho occidentales. En ese caso, la puerta de la retirada de al Unión, prevista en el artículo 50 del TUE, estará abierta para Polonia, salvo que sus ciudadanos frenen esta deriva y opten por mantenerse en el club que mayor paz y prosperidad ha traído a este país en toda su historia.
Daniel Sarmiento
Profesor Titular de Derecho administrativo y de la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid.
Anteriormente ha sido Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es autor de varias obras, incluidas Poder Judicial e Integración Europea (Thomson-Civitas, 2004), El soft law administrativo (Thomson-Civitas, 2007) o El control de proporcionalidad de la actividad administrativa (Tirant lo Blanch, 2004). Miembro del Consejo Académico de Fide.
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