Las ONG en Canarias, la regularización de inmigrantes y la primera astronauta española

En tiempos de polarización creciente, cuando el debate público parece estar más dominado por la crispación y el enfrentamiento que por el diálogo, Agenda Pública se compromete a resaltar, semana tras semana, ejemplos de política responsable. Consideramos esencial destacar aquellas decisiones y actitudes que, por encima de las diferencias ideológicas, priorizan el consenso y el bien común.
 
Esta sección se dedicará a poner en valor iniciativas que fortalezcan nuestra democracia liberal, esas que, aunque a menudo eclipsadas por el ruido mediático, son las que realmente permiten avanzar hacia una España más cohesionada y justa.

Asociaciones canarias: el esfuerzo solidario frente a la crisis migratoria

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Canarias han jugado un papel fundamental en la acogida y asistencia de los migrantes que llegan a las islas. Estas entidades han sido la primera línea de apoyo para muchas personas que arriban en situaciones extremas, ofreciendo refugio, alimentos y apoyo psicológico, especialmente a los menores no acompañados (MENAs). Su labor no solo mitiga los efectos de una crisis humanitaria creciente, sino que también llena los vacíos que la administración pública no cubre.


El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que suspende el acuerdo del Gobierno canario para restringir la recepción de menores migrantes por parte de las ONG, subraya la importancia de su labor. Este acuerdo, impulsado por el ejecutivo de Fernando Clavijo, pretendía que las ONG no aceptaran a nuevos menores sin el consentimiento expreso de la comunidad autónoma. El argumento del gobierno regional era que los recursos disponibles ya estaban al límite y que la situación requería de una mayor coordinación con el Estado para garantizar una acogida adecuada. Sin embargo, el TSJC ha determinado que dicha medida podría comprometer los derechos de un colectivo tan vulnerable como los menores migrantes no acompañados.

El fallo judicial responde a una petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una de las organizaciones que, al igual que muchas otras en Canarias, lleva años enfrentándose a esta crisis. Estas asociaciones colaboradoras son esenciales en la atención directa de los menores, proporcionándoles refugio temporal, apoyo en su integración y protección de sus derechos básicos. Los centros de acogida gestionados por estas entidades se han convertido en un pilar crucial, ofreciendo no solo una primera atención, sino también acceso a educación y procesos de regularización para los menores.

Este año, El Hierro, es uno de los puntos más saturados, con un centro de acogida que cuenta con 150 plazas, pero que actualmente alberga a 285 menores, lo que refleja la magnitud del reto que enfrentan estas organizaciones.

En este contexto, el fallo del TSJC es un respaldo a la labor humanitaria que realizan las ONG en el archipiélago, y recalca la necesidad de una mayor coordinación y financiación por parte del Estado para garantizar que ningún menor quede sin protección. Pero sobre todo necesitamos una colaboración y solidaridad entre las administraciones de este país para que Canarias no tenga que soportar todo el peso de la respuesta sola. Es urgente dar una respuesta estructural, que pasa por la reforma de la Ley de Extranjería y el acepto real del reparto de migrantes por todo el país —infundir miedo y desinformación solo está costando el bienestar humano de aquellos que llegan y ahogan a las islas.

En definitiva, las ONG canarias representan un baluarte de la acogida humanitaria, cuyo trabajo es indispensable para mitigar los efectos de la migración irregular. Sin embargo, la situación exige una respuesta más robusta y coordinada por parte de las administraciones públicas, con el fin de garantizar que estos esfuerzos no se vean sobrepasados y que los derechos de los migrantes, especialmente de los menores, sean respetados en todo momento.

Apertura del PP a la regularización de inmigrantes

El Partido Popular (PP) ha mostrado su apoyo a la regularización de cientos de miles de inmigrantes en España, siempre que se excluya a aquellos con antecedentes penales o reincidentes. Esta propuesta marca un giro en la postura de un partido que en ocasiones anteriores había sido más reservado respecto a la inmigración irregular.


Este cambio de enfoque del PP ha desbloqueado parcialmente las negociaciones en torno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar a personas que llevan años trabajando en España sin papeles. La medida podría beneficiar a cerca de 470.000 inmigrantes, la mayoría provenientes de América Latina, según cálculos iniciales. Aunque la propuesta del PP impone condiciones estrictas, como la permanencia en el país desde antes de noviembre de 2021 y la exclusión de aquellos con antecedentes penales, su disposición a negociar abre un nuevo capítulo en el debate sobre inmigración en España.

Este avance refleja una cara positiva de la política, donde el diálogo y la búsqueda de consenso permiten avanzar en cuestiones tan delicadas como la regularización de inmigrantes. Aunque algunas asociaciones, como Regularización Ya, temen que los plazos propuestos por el PP puedan dejar la regularización en "papel mojado", el hecho de que el PP, el PSOE y Sumar estén discutiendo los términos de la ley con vistas a un acuerdo es un paso hacia una solución inclusiva.

Además, la propuesta del PP incluye el compromiso de fortalecer las oficinas de Extranjería, garantizando la tramitación ágil de los expedientes, lo que podría aliviar la sobrecarga administrativa actual. Si bien queda mucho por negociar, este cambio de actitud del PP demuestra que el diálogo y el entendimiento entre partidos políticos, incluso con visiones distintas, es posible cuando el objetivo es mejorar la situación de miles de personas.

Este es un ejemplo de cómo, a pesar de las diferencias ideológicas, la política puede orientarse hacia soluciones que beneficien a las personas más vulnerables y promuevan un cambio real en su calidad de vida.

Sara García, primera astronauta española en entrenamiento

La historia de la exploración espacial europea marca un hito este 28 de octubre, cuando Sara García, bióloga molecular y científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), comenzará su entrenamiento en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Con ello, se convierte en la primera mujer española en prepararse como astronauta.

Este logro no solo pone de relieve el avance de las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres, sino que resalta el apoyo que España, a través de su Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, está brindando a la exploración espacial. Como expresó la ministra Diana Morant, "esta es una magnífica noticia para el país", reconociendo la importancia de que Sara García represente a España en este escenario internacional.

El entrenamiento de García incluye operaciones espaciales, supervivencia en condiciones extremas y simulaciones de ingravidez en piscinas con maquetas de la Estación Espacial Internacional (ISS). Este proceso no solo busca preparar a la próxima generación de astronautas, sino que es clave para fortalecer el papel de Europa en futuras misiones espaciales.

Su participación en la reserva de astronautas de la ESA significa que estará lista para misiones cuando surja la oportunidad, mientras que los astronautas ya graduados se preparan para volar en misiones a partir de 2026. La trayectoria de Sara García destaca el compromiso de Europa y España con la investigación y la innovación, y abre la puerta a una nueva era de exploración en la que las mujeres españolas tienen un lugar crucial.