Miércoles, 29 de julio de 2026
La retórica de la seguridad y el negocio legal de las fronteras
El pasado 18 de noviembre, el delegado del Gobierno en Murcia dio la alerta ante un "ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las de la Unión Europea". Describía en estos términos la llegada a la costa española, en menos de 24 horas, de 44 pateras con 461 personas sin autorización de entrada procedentes de Argelia. En sus declaraciones también puso en valor "la extraordinaria y coordinada respuesta ante una situación si n precedentes". Esa respuesta consistió en internar a estas personas, que en ningún caso habían cometido un delito, en un centro penitenciario pendiente de inauguración.
Una interpretación en estos términos consolida y legitima la forma en que Europa entiende desde hace tiempo la migración irregular: como una amenaza. Basta comprobar lo que la Estrategia global para la política exterior y de defensa de la UE establece entre sus prioridades: "...erradicar los flujos irregulares, consiguiendo que los retornos sean más efectivos y garantizando canales regulares para la movilidad humana". Algo, esto último, imposible a menos que pueda acreditarse un nivel mínimo de recursos económicos para acceder a cualquier Estado de la UE o se tengan familiares directos residiendo legalmente.
Esta interpretación de la movilidad humana como una amenaza a la seguridad constituye el pilar sobre el que se erige la millonaria industria del control migratorio. Así lo demuestra la investigación llevada a cabo en la Fundación porCausa. En los últimos 15 años se han movilizado cerca de 1.000 millones de euros de dinero público, entre Presupuestos Generales del Estado y diversas fuentes de financiación europea, para implementar medidas políticas destinadas al control migratorio. De esta cantidad, no menos de 610 millones han ido a parar a las alrededor de 350 empresas que se reparten los 943 contratos públicos que hemos podido identificar. Son estas interacciones y relaciones económicas las que nos han llevado a confirmar nuestra primera hipótesis de investigación: la existencia y consolidación de un conglomerado de actores y relaciones económicas que, a todos los efectos, constituye una industria. En ella podemos distinguir cuatro ámbitos de actuación diferenciados: la construcción y vigilancia de perímetros fronterizos, la detención y retorno forzoso de inmigrantes en situación irregular, la acogida e integración de refugiados y migrantes y la externalización, en terceros estados, de la gestión de flujos migratorios. La primera fase de la investigación que hemos publicado se ha centrado en los dos primeros, dado que la lógica económica de los otros dos tiene mimbres muy distintos.
Al analizar estos dos sectores de la industria del control migratorio hemos identificado tres características que ameritan una reflexión. La primera, que los recursos de los que se alimenta esta industria tienen un origen público, y que como tal cumplen los objetivos políticos que establecen las autoridades que los movilizan. En el caso de los dos sectores en los que hemos profundizado en este primer informe, son el Gobierno de España, la Comisión Europea y Frontex. Sus prioridades incluyen, en primer lugar, blindar con muros y tecnología los pasos no habilitados de las fronteras (por ejemplo, los kilómetros de costa española o las vallas alrededor de Ceuta y Melilla). En segundo lugar, sofisticar y hacer más efectivos los controles de documentación en los pasos habilitados (por ejemplo, en los pasos fronterizos de los puertos o aeropuertos internacionales). Y, en tercer lugar, establecer mecanismos efectivos de retorno a sus países de origen de las personas que se encuentran en situación irregular.
La cantidad destinada por el Gobierno de España en los últimos 11 años a infraestructuras críticas para el control migratorio (que incluirían las vallas de Ceuta y Melilla, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior o los Centros de Internamiento de Extranjeros) asciende a más de 258 millones de euros, según el capítulo de inversiones del Ministerio de Interior en los Presupuestos Generales del Estado. Los recursos procedentes de la Unión Europea que hemos analizado incluyen las subvenciones concedidas por Frontex a la Policía Nacional y la Guardia Civil para su participación en las operaciones conjuntas coordinadas por la propia agencia europea. Entre 2008 y 2016, las más de 500 subvenciones concedidas superaron los 73 millones de euros.
El mayor volumen de fondos públicos destinados al control migratorio procede de los movilizados por la Unión Europea. Los de Fronteras Exteriores y de Retorno del anterior marco presupuestario (2007-2013) y los de Seguridad Interior y para el Asilo, la Migración y la Integración (FAMI) del vigente periodo suman 564 millones de euros entre 2007 y 2016. Los FAMI incluyen todo el paquete de acciones subvencionables en materia de migración y asilo, si bien en la investigación llevada a cabo nos hemos centrado exclusivamente en el análisis de los recursos destinados al retorno forzoso de inmigrantes en situación irregular. Esto se ha debido a que son las que se enmarcan en el sector de la industria sobre detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular, uno de los dos en que centramos esta primera fase del análisis. La otra fuente de recursos europeos analizada ha sido las de las subvenciones concedidas por Frontex para la realización de operaciones conjuntas dentro de su mandato.
En resumen, más de 896 millones de euros públicos han sido movilizados en los últimos 11 años para ejecutar las prioridades en materia de control migratorio.
La segunda característica de la industria del control migratorio sobre la que conviene reflexionar es la especialización de los bienes y servicios que demanda la puesta en práctica de las medidas ya señaladas. Esta especialización es necesaria para responder a la amenaza en que se ha convertido la inmigración irregular en los discursos y políticas públicas. El resultado es que esta especialización queda restringida a un limitado número de empresas capaces de prestar esos servicios haciendo, en concreto, que los principales beneficiarios de los contratos públicos en este ámbito sean contratistas tradicionales del ámbito de la defensa y constructoras.
En este sentido, destacan dos datos significativos: por un lado, al desarrollo del SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior) se han destinado 119 contratos por un valor de más de 188 millones de euros. Por otro, 10 de las casi 350 empresas adjudicatarias de estos contratos acumulan más de la mitad de los 610 millones que suman los contratos identificados. Indra, Amper, Eurocopter, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens o Telefónica están entre estas 10 empresas, destacando por encima de todas la primera de ellas, que en los últimos 15 años ha participado en 60 contratos por un valor cercano a los 110 millones de euros.
La última característica que hay que resaltar es la opacidad de esta industria. La identificación de los 943 contratos incluidos en la base de datos ha supuesto más de un año de trabajo y una verdadera carrera de obstáculos informativos y administrativos: desde las primeras búsquedas a través del Portal de Contratación hasta las alegaciones por respuestas insatisfactorias o negativas a las solicitudes de información pública tramitadas a través del Portal de Transparencia. También hemos realizado búsquedas de licitaciones en el Boletín Oficial del Estado y, por último, incorporado al listado el resultado de otros trabajos de investigación sobre contratación pública en estos ámbitos. Los localizados no son todos los contratos adjudicados en los últimos años, pero se trata de una cantidad nada desdeñable que nos ha permitido confirmar la primera hipótesis de nuestra investigación y constatar la existencia de la industria del control migratorio.
Lo que no ha permitido esta opacidad es comprobar, en esta fase de la investigación, hasta qué punto son los intereses de estas empresas los que marcan la agenda política, capturando las normas bajo las que operan y las instituciones que les regulan. Esta preocupante posibilidad, sin embargo, no puede quedar ni mucho menos descartada.
No se trata de juzgar el interés legítimo de estas empresas en obtener beneficio económico como resultado de su especialización. La cuestión es que precisamente esa especialización es necesaria como consecuencia de haber convertido la inmigración irregular en una amenaza para la seguridad, algo que ha abierto para muchas empresas un nuevo ámbito de desarrollo y expansión de sus negocios.
Tampoco se trata de valorar apriorísticamente la privatización de aspectos esenciales de la protección y vigilancia de fronteras, pero es necesaria una reflexión sobre el impacto de que sean los intereses empresariales los que orienten la actuación de los actores a los que se ha encomendado un papel fundamental en la gestión de los límites que definen territorialmente la soberanía estatal.
La pujanza económica de un sector en el que actores privados obtienen beneficio del hecho de haber convertido la inmigración irregular en una amenaza para la seguridad europea ha abierto nuevas vías de negocio a empresas constructoras y a contratistas habituales del ámbito de la defensa. El negocio no hará sino florecer al amparo de declaraciones alarmistas de responsables públicos que justifican políticas defensivas y estados de excepcionalidad permanentes. Cabe plantearse hasta qué punto es legítimo, o incluso moral, centrar la gobernanza de las migraciones (y el interés público derivado de ella) exclusivamente en la protección de las fronteras, sin que se exploren otros planteamientos, otras políticas y otras prioridades para la asignación de recursos públicos a empresas privadas. Porque preocupa más la llegada a nuestras costas de 461 personas en un fin de semana que las más de 200 que, en 2017, perdieron la vida en el intento. Este coste humano se ha naturalizado hasta el punto de haberse integrado en la lógica de esta industria, algo sobre lo que decisores políticos, empresas y ciudadanía deberíamos reflexionar.
Virginia Rodríguez Bartolomé
Coordinadora de Investigación de la Fundación porCausa y Técnica de Incidencia Política en ISGlobal
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Anteriormente Coordinadora en el departamento de Incidencia Política de Save the Children y autora de varios informes de investigación sobre derechos de infancia. También ha sido Responsable Adjunta de Investigación y Políticas en la sección española de Amnistía Internacional.
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