España se acerca a una fase inédita: el censo exterior podría superar los cuatro millones de personas en las próximas generales. Pero la historia del CERA muestra un impacto mucho menor del que sugiere la polémica actual: de 520 repartos provinciales desde 1996, solo dos escaños cambiaron de manos. El debate debe centrarse en mejorar la eficiencia del sistema electoral y no en las acusaciones de alteraciones políticas del censo.