Vulnerabilidad, trata y corrupción: la misma cadena

En el imaginario colectivo, el fenómeno de la trata está protagonizado por las víctimas (2,5 millones de personas cada año, el 70% mujeres y niñas) y los verdugos. Éstos suelen identificarse de forma simplificada con la figura del proxeneta o con las bandas criminales, pero estos delincuentes representan sólo la punta del iceberg. Existe toda una cadena de complicidades que conforman unas estructuras de naturaleza cada vez más transnacional. A menudo, hay que decirlo, en dichas redes intervienen funcionarios o servidores públicos que, con su inacción, encubrimiento o participación activa en el negocio hacen posible el tráfico de personas con fines de explotación sexual, laboral o cualquier otra forma de movilidad obligada con fines de lucro basada en la coacción o el engaño, o que toma ventaja de las vulnerabilidades humanas. Son las manzanas podridas que utilizan el soborno y el abuso de poder y que hacen tambalear no sólo la confianza de los más débiles en quienes deben protegerlos, sino también la de la ciudadanía en general hacia las instituciones públicas.

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Pensemos en cuántos prostíbulos operan con una licencia de hostelería facilitada por un técnico municipal, en las abundantes cédulas de identidad que hacen pasar como adultas a niñas de apenas 12 años, en los agujeros en las fronteras, en los chivatazos y alertas antes de una intervención policial, o en la obstaculización de investigaciones en curso por parte de los propios fiscales. A veces, a cambio de dinero; muchas otras, a cambio de sexo.

En el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, con apoyo del programa de la Unión Europea EUROsociAL+, co-liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y políticas públicas (Fiiapp), las principales fiscalías de América Latina están pidiendo paso urgentemente para fortalecer el componente anticorrupción en la lucha contra la trata de personas, de manera que las prácticas corruptas que facilitan esta modalidad de esclavitud se hagan visibles y sean perseguidas. Complementan así el trabajo realizado por la Fiiapp en otras partes de la cadena criminal como la policial, la judicial o la penitenciaria.

Hay que dimensionar la parte sumergida del iceberg desde la agenda pública. Es fundamental generar más información sobre el fenómeno de la corrupción asociada a la trata y promover en las fiscalías una vinculación temprana de la investigación anticorrupción en los casos de trata. Igualmente, debe avanzarse en reforzar los mecanismos de denuncia anónima, la protección de los denunciantes y los mecanismos de control interno de las instituciones.

Otro aspecto clave es el enfoque de género. En América Latina, siete de cada 10 casos de trata de personas lo son con fines de explotación sexual, afectando de manera abrumadora a mujeres y niñas. Además, los casos identificados revelan las condiciones de especial vulnerabilidad de la víctima: además del hecho de ser mujer o una niña, muy a menudo se le suma una condición más (la de migrante, pobre o con algún tipo de discapacidad). Que las víctimas vean a funcionarios públicos en los lugares donde las explotan genera en ellas una sensación aún mayor de indefensión y refuerza la impunidad de los delincuentes, enfrentándonos a una naturalización de la violencia contra las mujeres.

La investigación nunca debe detenerse en la parte baja de la cadena criminal: es imprescindible detectar los vínculos entre la trata y las autoridades públicas o los poderes económicos. Para ello resulta fundamental seguir la ruta del dinero y articular equipos conjuntos de investigación transnacional, especialmente en zonas sensibles como los espacios fronterizos compartidos por varios países. 

A escala mundial, los casos de trata se han triplicado en los últimos 15 años. En América Latina, enormemente afectada por los efectos socioeconómicos de la Covid-19, el aumento puede ser exponencial en el futuro próximo al haberse agudizado las desigualdades sociales y económicas, principal caldo de cultivo para éstas y otras prácticas delictivas. Urge un abordaje del problema que integre vulnerabilidad, trata y corrupción como eslabones de una misma cadena criminal. 

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