‘Vacunagate’, ‘vacunas VIP’, dios y los políticos

Se esperaba que la aprobación de la vacuna contra la Covid-19 diera el pistoletazo de salida para acabar de una vez con la pandemia. Se sabía que no iba a ser tan fácil; pero se confiaba en que, una vez disponible, se vacunaría a la población en unos pocos meses. Con ella se podía dar la ansiada vuelta de hoja e iniciar una nueva etapa en un mundo nuevo, con menos contaminación, más teletrabajo y mejores hábitos de higiene. Pura ironía, claro: se veía venir que nada cambiaría tanto. Pero era 2020 y había que tener esperanza, llegar a fin de año. Para enero de 2021 no había una vacuna sino varias, una excelente noticia. Los anti-vacunas, que en algún momento proliferaron creando un problema adicional (la inmunidad de rebaño sólo se consigue vacunando al grueso de la población), poco a poco perdieron fuelle; otra buena noticia. El optimismo global tiene patas cortas, hasta ahí llegamos. Y ahora sí, las malas noticias: todos los países quieren vacunas y las quieren ya. La producción está en marcha, pero va más lento de lo comprometido.

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la OMS (23/2/21).

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Unos pueden pagar más y las consiguen más rápido (Israel, puntero global, como puede verse en el gráfico). Luego están los que, aunque puedan pagar más, las reciben en cantidades inferiores a la esperada (la Unión Europea, por ejemplo; aquí una explicación posible de su retraso relativo). Siguen los que pueden pagar menos pero, en la confluencia con los intereses geopolíticos de actores más fuertes, han conseguido quedar mejor parados de lo que se anticipaba (véase este análisis, para América Latina). Finalmente, están los más pobres, los que quedan a la expectativa de esos mecanismos multilaterales que se han mostrado tan necesarios como insuficientes. Esto, al nivel de los estados. 

Una vez los cargamentos van llegando al territorio, toca hacer la distribución. La pandemia ha tensado al máximo los sistemas de salud, no sólo porque ha puesto en evidencia sus limitaciones (con enormes diferencias entre países y al interior de los mismos, véase aquí, aquí y aquí), sino también porque ha forzado a establecer unos procedimientos que nadie querría haber establecido, como, por ejemplo, a quién dar un respirador cuando varios lo necesitan con urgencia. Esta disyuntiva se ha extendido a los criterios de vacunación, pero parecía que el aprendizaje previo había servido. España, por ejemplo, estableció que ésta correspondía de forma prioritaria a los trabajadores del sistema de salud, a los ancianos en residencias (donde las tasas de mortalidad fueron más altas al inicio de la pandemia) y a los mayores de 80 años. La mayoría de los países ha establecido criterios semejantes, o adaptados a las circunstancias (en Argentina, la Sputnik V no estaba inicialmente aprobada para mayores de 65, con lo que se destinó a otros grupos hasta que fue autorizada en mayores). Hasta ahí parecía que ibamos bien; pero no. 

No es descabellado imaginarlo: un domingo de enero, el sacerdote da la misa y pide a Dios que dé fuerza a su comunidad para superar la pandemia. Él, en cambio, opta al día siguiente por instalarse en una residencia dependiente del Obispado para recibir la vacuna, saltándose los criterios oficiales. Así lo hizo el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. No fue el único; en España las denuncias han sido innumerables. El escándalo fue más intenso en Perú, donde cerca de 500 personas accedieron a la vacuna (la china Sinopharm) de manera ilícita. Lo que se conoce ya como el vacunagate afecta de lleno a la familia del ex presidente Martín Vizcarra y a él mismo, que hasta ese momento contaba con una alta valoración pública por haber sido…. honesto. En Chile, la cifra de vacunados irregularmente alcanza la friolera de 37.306, según la denuncia del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis). En Argentina, el escándalo estalló cuando un reconocido activista de derechos humanos contó en la radio que llamó al ministro de Salud y acabó recibiendo la vacuna prácticamente a domicilio. Todo esto está mal, está muy mal y no puede ni debe ser aceptado; por lo menos por aquellos que luego se rasgan las vestiduras cuando el extremismo consigue apoyos populares. 

Los criterios de vacunación pueden ser discutibles, pero deben ser transparentes y cumplirse. El intendente de la populosa ciudad de Rosario, en Argentina, publicó en su cuenta de Twitter una explicación de las razones por las que recibió la vacuna a mediados de enero: se acercó a un hospital público, a plena luz del día, cuando la Sputnik no estaba aprobada para mayores de 65 y casi la mitad de la población manifestaba desconfianza frente a la vacuna rusa, para practicar con el ejemplo y promover la confianza. Hace una diferencia que el ministro de Salud argentino haya asumido responsabilidades presentando su renuncia; pero no es suficiente, porque lo que se ha destapado más allá de los números o el impacto sobre el proceso de vacunación, que es mínimo, habla de privilegios indebidos. Lo mismo vale en todas partes. El sentimiento anti-político viene creciendo hace tiempo. Transparencia, igualdad, respeto: hay que subir el estándar; si no, esto no se aguanta.

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