Uruguay: el Gobierno pide libertad responsable

Hace pocos años, Uruguay empezó a ser más conocido en el mundo. Ese paisito de tan sólo 3,5 millones de habitantes adquirió fama en 2017 cuando se aprobó la producción de marihuana por parte del Estado y su venta legal en farmacias. Siguió siendo noticia por su ampliación de la agenda de derechos que incluyó, entre otros, la legalización del aborto y la ley integral trans (Lissidini, 2020). La buena fama continuó con un viraje hacia un Gobierno de derecha sin dramas después de 15 años de presidentes progresistas… cuando llegó el virus por el aeropuerto de Montevideo.

Si bien existían los problemas que sintetizó Yanina Welp, durante 2020 los casos de Covid-19 no eran alarmantes, los hospitales estaban lejos de la saturación y parecía seguirse el nexo epidemiológico de los contagiados. Aunque se mantenían las recomendaciones respecto al uso del tapabocas, la distancia y el uso del alcohol, lo cierto es que la vida cotidiana volvió, para buena parte de la población, a lo habitual. Eso incluyó fiestas y reuniones en ámbitos privados, shopping y casinos.

Mientras tanto, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) venía advirtiendo ya desde noviembre del año pasado de que la situación era preocupante, pues los casos iban aumentando lentamente. También alertó del eventual ingreso de las nuevas variedades de la cepa del virus desde Brasil (P1) por la frontera seca y que el nexo epidemiológico irremediablemente se iba perdiendo. En febrero de 2021, elaboró un informe donde proponía una serie de medidas de restricción de la movilidad frente al aumento de casos. El 23 de marzo, el Gobierno aceptó (ante las presiones de la comunidad científica, de los sindicatos y de la oposición política) adoptar algunas de las medidas propuestas por el GACH: cierre de oficinas públicas (salvo servicios esenciales), suspensión de espectáculos públicos, clubes deportivos y gimnasios, así como de la presencialidad en la educación. Sin embargo, continuaron abiertas las actividades comerciales, los shoppings, los casinos, los bares y los restaurantes.

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El eje central del discurso presidencial era y es la “libertad responsable”: “Quédate en tu burbuja, quédate en tu círculo o núcleo familiar”. Es decir, el Gobierno se ha desligado y ha trasladado la responsabilidad a las personas. En la lógica gubernamental, la culpa por los aumentos de los casos es de la gente, independientemente de la situación en la que viva. Esto genera angustia e incertidumbre, en un contexto de por sí incierto y preocupante. Así lo expresó el presidente, Luis Lacalle: “Las disposiciones actuales serían suficientes para bajar los contagios en caso de ser acompañadas por conductas personales de la ciudadanía mediante el cumplimiento de protocolos y otras recomendaciones sanitarias”.

Si bien el plan de vacunación se ha acelerado y ya cubre a un sector importante de la población (el 37% tiene al menos la primera dosis de alguna de las vacunas), se despegó tardíamente Y al igual que sucede en Chile, la cantidad de personas con Covid-19 sigue en aumento, lo mismo que la ocupación de camas en el Centro de Tratamiento Intensivo y los fallecimientos diarios (71% de incremento).

 Gráfico 1.- Casos acumulados de coronavirus en Uruguay

 Fuente: ‘El País Uruguay’ (14 de abril de 2021).

Gráfico 2.- Camas de CTI ocupadas por pacientes de Covid-19

Fuente: Reporte Sociedad Uruguaya de Medicina Intensivista (12 de abril de 2021).

El rol del Estado y la solidaridad colectiva: una combinación posible

Las ventajas comparativas que tiene Uruguay en términos socio-demográficos (es decir, escasa densidad poblacional, una ciudadanía con un alto apego institucional que tiende a acatar las recomendaciones sanitarias y, desde 2006, una extensa cobertura del sistema de salud) retrasaron, aunque no evitaron, la llegada de la pandemia. El contexto actual muestra una fuerte demanda sobre el sistema de salud, producto del agravamiento de la pandemia.

Uruguay se ha caracterizado por una escasa respuesta de políticas de contención a la caída de ingresos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que Uruguay fue el país latinoamericano que menos recursos ha dedicado para revertir la caída de ingresos resultante de las medidas de distanciamiento social durante la pandemia: Chile ha destinado 7.000 dólares por persona; Brasil, 3.500 y Uruguay, 500. Así, la pobreza aumentó del 8,8% en 2019 al 11,6% en 2020 según un informe del Instituto Nacional de Estadística.

Aunque se aumentó en un 50% el montante de las transferencias a los sectores más vulnerables y se creó un sistema de canastas de emergencia, estas intervenciones sólo han reducido un 20% la incidencia de la pobreza. No se ha ampliado la cobertura de ningún sistema de protección social existente, y eso que con tan sólo medio punto de PIB se lograría mitigar bastante Stefanías problema. Por otra parte, todos los sectores sociales sostienen que el Gobierno debiera proporcionar asistencia económica a la gente más vulnerable, según la encuesta realizada recientemente por el GACH.

El Gobierno no sólo rechaza impuestos a los trabajadores del sector privado con mayores ingresos o a quienes tienen rentas derivadas de la propiedad del capital, sino que ha hecho explícito que hay que estimularlos económicamente. «Si esto fuera una competencia de ciclismo, al malla oro, al que va en la punta el Gobierno pensaría en estimularlo para que pedaleara más rápido. Es el que va a hacer la inversión, va a dar trabajo. Hay que sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar la economía», afirmó el presidente en marzo de 2020, poco después de detectados los primeros casos de Covid-19.

Al mismo tiempo, es el único país que ha financiado parcialmente el gasto social en virtud de un impuesto transitorio que grava exclusivamente a los empleados públicos (incluidos los políticos) que ganan más, dejando fuera a los empleados privados y a todas las personas que perciben grandes ingresos. Esto genera no sólo una agudización de la inequidad horizontal entre públicos y privados, sino que fomenta el prejuicio contra los empleados públicos y contra la clase política, al tiempo que libera de nuevas cargas impositivas a los sectores que no se han visto tan perjudicados, sino que incluso han logrado mejorar sus ingresos en el contexto de la pandemia.

Como ya se ha señalado, el Gobierno insiste en el eslogan de la libertad responsable, pero los sectores más vulnerables no tienen posibilidad real de ‘quedarse en su burbuja’, pues las escasas políticas de contención de ingresos y las dificultades de teletrabajar en ocupaciones de baja cualificación implican que deben salir a trabajar, muchas veces a diversos lugares y usando el transporte colectivo. Sus percepciones del riesgo refrendan esta situación, pues son precisamente los que manifiestan mayor temor al contagio: una de cada tres personas cree que se contagiará de Covid-19 en los próximos seis meses, y ese pesimismo aumenta entre las personas de menores ingresos socio-económicos, de acuerdo a la encuesta ya mencionada.

En esta situación, cabe hacerse al menos dos preguntas: qué puede hacer el Gobierno y qué cabe esperar de la sociedad.

El presidente, como representante especial del Ejecutivo por concentrar la mayoría de las comunicaciones públicas, aparece como alguien con escasa empatía respecto a lo que le sucede a la mayoría de la población. Al mismo tiempo, insiste, contradictoriamente, en repetir “yo me hago cargo”, enfatizando su rol protagónico en el Gobierno. Sus respuestas y actitudes se diferencian de buena parte de sus antecesores, incluyendo a presidentes de su mismo partido: no maneja información sobre los aspectos centrales que se discuten en el país y no tiene problemas en admitirlo, tiene un estilo de vida alejado del común y lo muestra sin pudor en medio de la pandemia. Es una persona que se mantiene en su ‘burbuja’ real y simbólicamente, y esta idea se refuerza por su negativa a tomar medidas sugeridas insistentemente por el GACH, por las formaciones de la oposición e incluso por los partidos integrantes de su propia coalición de gobierno.

Frente a la contundencia de los números de la pandemia, tal vez sea necesario limitar temporalmente algunas actividades. Para ello, sería conveniente, aunque no legalmente obligatorio, convocar al Parlamento y abrir un debate. En el caso que así se decidiera, el Gobierno y el Poder Legislativo asumirían colectivamente la responsabilidad de restringir por un periodo acotado ciertas actividades. Pero dicha decisión tendría que estar acompañada necesariamente de medidas económicas que mitiguen el ‘desastre social’, y permitan a las personas que tienen recursos escasos poder, efectivamente, quedarse en su casa. Varias medidas son posibles y no faltan propuestas. Algunas implican transferencias monetarias directas; otras no, como habilitar el acceso a internet gratis para estudiantes y docentes, junto con la reducción de las tarifas públicas para los sectores más vulnerables. Más allá de las medidas que puedan tomarse, parece clara (el propio Fondo Monetario Internacional lo promueve) la necesidad de establecer impuestos a los sectores de mayores ingresos e invertir en gastos sociales.

Algunos sectores de la sociedad uruguaya, al igual que ha ocurrido en otros países, han reaccionado frente a la pandemia con altos niveles de solidaridad. Una forma de acción colectiva ha sido la conformación de ollas populares. En la investigación realizada por Anabel Riero et al (2020), se detectaron al menos 700 ollas y merenderos durante 2020; aunque, como señalan en el propio estudio, probablemente haya un sub-registro. Se trata de un rápida reacción de organización social que tiene como antecedente más inmediato la crisis del 2002: «Los rasgos de las respuestas son múltiples, demostraciones de solidaridad variadas de quienes tenían condiciones para apoyar las iniciativas (vecinxs, comercios locales, organizaciones solidarias, caritativas) hasta las propias tramas (grupos de vecinos, familias extendidas, grupos de afinidad por compartir espacios variados como el trabajo, el barrio, los clubes deportivos) que se veían afectadas y montaban una olla para sí mismos, para otros o una combinación de ambas (:27).

Pero éstas no han sido las únicas iniciativas: hay psicólogos, gerontólogos y asistentes sociales que acompañan gratuitamente a personas mayores, gente que se ofrece a hacer las compras a quienes no pueden hacerlo, solidaridad entre vecinas y vecinos en el cuidado, bares y locales sindicales que brindan su espacio para que las y los estudiantes puedan usar internet gratis. Es decir, lejos del ‘sálvese quien pueda’ y la actitud ‘free rider’, se generaron espacios horizontales y también transversales de colaboración y solidaridad, y en algunos casos se crearon comunidades. Que las iniciativas sean apoyadas y promovidas económicamente por intendencias, sindicatos y empresarios produce sinergias positivas; no sólo porque resuelve problemas concretos de la vida cotidiana, sino también porque genera bienestar a quienes comparten la acción y construye nuevos vínculos, dotando muchas veces al barrio (que ha vuelto a ser el epicentro del encuentro) de nuevos sentidos.

Si bien las personas más jóvenes son más reacias a acatar las medidas de distanciamiento social y evitar reunirse, su comportamiento se explica más por la edad y la ausencia del temor a la muerte que por una actitud free rider. De hecho, en buena parte de las actitudes solidarias los protagonistas son los grupos jóvenes.

En definitiva, por lo que respecta al avance de la Covid-19, además de continuar con la vacunación de todas las personas mayores de 18 años, hay que tomar medidas de reducción de la movilidad; al menos por un periodo, hasta que se logre cierta inmunidad. Pero más urgente es la cuestión social y, en particular, una mayor presencia del Estado, un Gobierno que se haga cargo, un presidente más empático; y también, que se visualice y promueva que surge de la sociedad y que puede generar espacios de reciprocidad y de cuidados. Entonces, el barrio aparece como un lugar para volver a tejer comunidad frente a tanto desamparo.

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