Una transición socialmente justa

Acaba de concluir, en la sede de Naciones Unidas, la reunión de la Comisión de Desarrollo Social (CDS). Se trata de una de las comisiones funcionales del Consejo Económico y Social, que se convoca anualmente para aprobar las estrategias y prioridades en la mayor parte de las políticas sociales.

Este año, especialmente afectado por la pandemia del coronavirus, el tema prioritario elegido por los estados miembros es la Transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: la función de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos.

No resulta baladí que la inclusión sea un ámbito central de trabajo de Naciones Unidas, en un momento en el que aun está reciente la celebración del 75º aniversario de la creación de la organización; y el menos conocido 25º aniversario de la Cumbre de Desarrollo Social, celebrada en Copenhague.

El informe preparado por el secretario general para la sesión 2021 de la CDS (documento E/CN.5/2021/3, de 23 noviembre 2020), recuerda aquel momento: «En 1995, los participantes de esa Cumbre abogaron por un paradigma de desarrollo social y económico centrado en las personas, más inclusivo y más equitativo. En su programa de acción, se hizo hincapié en erradicar la pobreza; promover un empleo pleno y productivo; fomentar la integración y la inclusión sociales; lograr el acceso universal y equitativo a una educación y una atención primaria de la salud de calidad; reducir las desigualdades; y mejorar la cooperación en materia de desarrollo social a través del sistema de las Naciones Unidas».

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El informe mencionado plantea las dificultades provocadas por la pandemia, pero también las oportunidades que puede brindar la utilización de las nuevas tecnologías; sin omitir los problemas en algunos países en los que se acentúa la brecha digital.

Los datos de los últimos años son escalofriantes. Según la misma fuente, el secretario general de Naciones Unidas alerta sobre los periodos positivos de desarrollo económico y social para algunos países. Pero este crecimiento ha ido paralelo al hecho de que, entre 1990 y 2016, la desigualdad de ingresos aumentó en 49 de los 119 países de los que constan datos. Actualmente, el 71% de la población mundial vive en países en los que ha aumentado la desigualdad; a finales de 2019, el 1% de las personas más ricas de un país acumulaban entre el 25% y el 40% de toda la riqueza nacional, frente al 54% de las personas más pobres que poseían menos del 2% de la riqueza mundial total; en los países de la OCDE, más de una de cada tres personas se consideraba económicamente vulnerable por carecer de los activos financieros líquidos necesarios para seguir viviendo por encima del nivel de pobreza más de tres meses; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 55% de la población no tenía acceso a ningún mecanismo de protección social; y en numerosos países, la desigualdad en educación, atención sanitaria, acceso al agua potable y saneamiento, alimentos seguros, protección social o tecnologías digitales no sólo persisten, sino que se acentúan.

Cada año (sigue recordando el secretario general, utilizando la información facilitada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO), un tercio de la comida que se produce en todo el mundo acaba desperdiciándose y 2.000 millones de personas carecen de acceso habitual a alimentos sanos y suficientes. Con los efectos de la Covid-19, la previsión es que en 2030 habrá 840 millones de personas infra-alimentadas.

Por todas estas razones, parece más necesario que nunca reclamar la vuelta a la normalidad, recuperando la atención a la persona como centro de todas las políticas y actuaciones sociales.

Ése es el núcleo de la denominada transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible, propuesta por la OIT, para subrayar que la actividad económica es un medio para la promoción del bienestar sostenible y respetuoso con el medio ambiente; lo que reclama, a juicio del secretario general, un cambio de mentalidad que pasa de una mirada a corto plazo de los beneficios económicos a un re-equilibrio de los objetivos económicos, sociales y ambientales.

Otorgar el protagonismo a las personas reclama reorientar todas las políticas, actividades e incentivos hacia un sistema más inclusivo y más equitativo.

En las circunstancias actuales, parece obvia la necesidad de reducir la brecha digital para facilitar el desarrollo; pero no se puede omitir la ausencia de acceso digital de importantes grupos de la población mundial. Centrar el desarrollo en la persona requiere facilitar primero el acceso a los bienes básicos: el alimento, el vestido, la vivienda y un trabajo digno. Con esas necesidades mínimas cubiertas, resulta más fácil la propuesta de una transición socialmente justa y de un nuevo equilibrio de las políticas y actuaciones sociales, que busque la primacía de la persona y su bienestar como núcleo de cualquier desarrollo social.

Por ello, aunque la CDS no sea la Comisión de Naciones Unidas más atrayente desde el punto de vista político para muchos países, dadas las circunstancias actuales resulta un foro más que necesario para abrir el diálogo con todos los países y para reorientar decisiones universales que permitan no dejar a nadie atrás.

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