Una salida consensuada al conflicto político en Cataluña

La investidura de Pedro Sánchez ha constatado una realidad palmaria que ha llevado a la política española a meses de bloqueo: sin afrontar el conflicto político en Cataluña no hay, a día de hoy, mayorías políticas viables en España. Por eso, Sánchez ha necesitado de la abstención de ERC (y de Bildu) para llegar al Gobierno. Después de dos meses de negociación entre PSOE y ERC, ambas formaciones han llegado a un acuerdo para encauzar el conflicto político mediante el diálogo y a través de una serie de mecanismos institucionales en los que los dos gobiernos tienen que tomar parte. Una vez se conoció el acuerdo, Bildu, que había acordado seguir una estrategia similar a la de ERC, decidió abstenerse. Que la nueva coalición gubernamental haya necesitado de la abstención de los independentistas catalanes y vascos ha provocado una ola de crispación enorme en el espectro derecho del Congreso, donde Vox marca el paso.

La cuestión territorial va a ser el principal elemento distorsionador de la nueva legislatura española y el principal reto del nuevo Gobierno para mantener una mayoría parlamentaria suficiente que garantice el desarrollo de su programa. De ello dependerá la estabilidad política.

Sin embargo, y a pesar del acuerdo entre las dos formaciones políticas, encauzar el conflicto en Cataluña no va a ser fácil. El fracaso de la vía unilateral y de la judicialización del conflicto solo ha traído dolor, frustración, desconfianza y bloqueo de un problema que nunca debiera haber salido del ámbito de lo político. Asistimos a una doble polarización: entre independentistas y no independentistas en Cataluña y entre ciudadanos del resto de España, los que quieren avanzar en la descentralización y los que quieren retroceder.

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Ésta es la gran conclusión que se desprende de la encuesta realizada por el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat sobre la percepción de la cuestión territorial en España. El estudio, que cuenta con más de 3.600 entrevistas realizadas en todo el Estado, fue publicado a finales de noviembre y nos ofrece una excelente panorámica de la distribución de preferencias en la opinión pública respecto a la cuestión territorial en España.

La encuesta retrata una Cataluña dividida por la mitad respecto a la independencia (49,3% a favor y 41,2% en contra), en unos números que insisten en el empate existente entre ambas opciones, como muestra el histórico del Centre d’Estudis d’Opinió en los últimos años; y a la ciudadanía del resto de España en términos similares en relación al alcance del Estado autonómico: un 37,7% defiende que las comunidades autónomas pierdan competencias o que exista un Estado centralizado, un 32% mantener el estatus actual y un 22,3% dotarlas de más poderes. Los consensos del 78 se han resquebrajado en una doble dirección: hacia una mayor recentralización en el resto de España y con demandas de secesión en Cataluña.

Además, esta polarización se superpone a la división ideológica entre izquierda y derecha. Es entre los votantes ubicados a la derecha y que votan a formaciones conservadoras de ámbito estatal donde se da con más fuerza la apuesta por la recentralización y al otro lado del espectro ideológico donde existe una mayor preferencia por cotas más altas de descentralización.

Sin embargo, el objetivo de este artículo no es estudiar esta correlación entre ideología y preferencias territoriales, sino identificar algunas de las diferencias entre las preferencias del electorado catalán en este ámbito y las del resto, y fijar también algunos puntos en común que permitan una intersección por la que ambas partes puedan apostar.

Entre los choques en preferencias territoriales que nos muestra la encuesta, el más flagrante es el del modelo de Estado para España: mientras que un 44,8% de los catalanes apuestan por que reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de ser independientes, la opción mayoritaria en el resto de España (con un tercio de las respuesta) es mantener el statu quo autonómico actual. Además, la segunda opción entre los encuestados del resto de España es una involución territorial, apoyada por el 37,7% de los encuestados (resultado de sumar los que apuestan por un Estado con comunidades autonómas con menores competencias y los que lo hacen por un Estado sin autonomías).

Entre los encuestados catalanes, esta involución no llega a un 14%, y la defensa del statu quo sólo consigue un 15,7% de apoyos. La segunda opción en Cataluña es la de un Estado donde las comunidades autónomas tengan más competencias, con un 21,3%, mientras que en el resto de España es la cuarta opción, con un 15,7%.

Preguntados directamente por el nivel de autogobierno que ha alcanzado Cataluña y su encaje respecto a España, volvemos a encontrar otro choque de preferencias: el 62,4% de los encuestados en la comunidad autónoma consideran ese niveles insuficiente, mientras que en el resto de España más de la mitad (,el 51,1%) cree que Cataluña ha alcanzado cuotas de autogobierno excesivas.

Respecto del encaje, volvemos a presenciar una contradicción entre las preferencias mayoritarias de ambas partes: la opción preferida por los catalanes es un Estado independiente (37,4%) y la segunda es el mantenimiento del estatus actual (27,4%). En el resto de España, sólo un 4,7% opta por la primera y un 61,2% por la segunda. De hecho, un 21,1% de los encuestados del resto de España considera que Cataluña debería involucionar hacía una región y sólo un 8,9% de los catalanes defiende esa opción.

Por último, aunque existen otras variables que muestran diferencias en otras cuestiones territoriales, es necesario señalar el choque entre ambos electorados respecto a la percepción y a la preferencia en el grado de descentralización del Estado de las autonomías. Cuando se les pregunta en una escala del 0 a 10, tanto a los encuestados catalanes como a los del resto de España, el choque es total. Mientras que los primeros perciben un grado de descentralización alcanzado del 4,27, es decir, bajo, el resto de los españoles lo sitúa en un 5,62; casi un punto y medio de diferencia. Pero donde la divergencia es mayor es en las preferencias: mientras que los catalanes desean mayor descentralización (7,18), el resto de los ciudadanos del Estado se sitúan en 4,56.

Ante la existencia de preferencias encontradas, ¿qué solución de consenso podemos encontrar para convencer a partes significativas de ambos electorados? Algunas de las que propone el estudio son inviables políticamente, ya que no generan el consenso suficiente entre las partes. La reforma constitucional para dotar de más autogobierno a las comunidades autónomas o el referéndum sobre la independencia polarizan las preferencias de ambos electorados. Aunque estas dos fórmulas gozan de consenso en Cataluña (71,9% y 70,8%, respectivamente) en el resto de España es todo lo contrario: un 48,9% se opone a la reforma constitucional y un 67,3% al referéndum. No son caminos transitables hoy en día para resolver el conflicto.

No obstante, no todos los datos son tan desoladores: existen puntos en común sobre los cuales ir avanzando en una resolución del conflicto y que pueden contar con el apoyo de amplias mayorías, aunque no satisfagan plenamente las expectativas de unos y de otros. Antes de ir a posibles salidas es necesario señalar dos cuestiones para el optimismo: tanto en Cataluña como en el resto de España la población considera necesario encauzar el conflicto mediante el diálogo. Aunque ambas partes difieren a la hora de definirlo (en Cataluña la primera opción es un diálogo y negociación sin límite, y en el resto de España es limitado por el marco constitucional), la mayoría de los dos electorados apuesta por esta vía: un 80% de los catalanes y un 65,6% en el otro bloque. La fórmula unilateral en Cataluña sólo alcanza un 11,2% y la ‘mano dura’ en el resto de España un 26,9%. De la misma manera, tres cuartas partes de los catalanes y la mayoría de los españoles creen que la solución al conflicto debe ser política y no judicial.

Dentro de este marco favorable al diálogo y a una solución política, en la encuesta aparecen algunas propuestas que pudieren satisfacer a importantes segmentos de la ciudadanía en los dos ámbitos geográficos y que serían una primera piedra de toque para encontrar una solución más duradera en el futuro. Tres asuntos parecen suscitar grados de acuerdo entre ambos electorados como punto de partida: una mejora del sistema de financiación que pase por aumentar la capacidad recaudatoria de las comunidades autónomas, apoyado por el 68,2% de catalanes y el 54% del resto de españoles; una delimitación competencial clara (apoyada por el 68,1% y el 72,6%, respectivamente, y el reconocimiento de la realidad lingüística a nivel estatal (70,7% en Catalunya y 37,7%; en este último caso ligeramente por debajo de los que se muestra en contra).

Esto nos podría conducir a un escenario en el que Cataluña obtuviera un sistema de financiación más justo y acorde a sus necesidades de gasto, evitar conflictos competenciales que distorsionan el despliegue del autogobierno catalán y un reconocimiento de su realidad diferenciada existente, aunque inicialmente sea en materia cultural y lingüística.

Es evidente que estos tres puntos no resolverían el conflicto, pero quizás crearían un horizonte que posibilitase la construcción de salidas más ambiciosas para los problemas de fondo que lo caracterizan: el reconocimiento de la realidad nacional catalana y una redistribución del poder político a nivel territorial. Estas salidas no satisfarán a ninguna de las dos partes pero, tal y como afirma Daniel Innerarity, un buen acuerdo es aquél que deja a ambas partes parcialmente insatisfechas.

Es necesario que los actores políticos involucrados asuman esta premisa para encontrar una solución que exija la renuncia a los objetivos máximos de cada una de las partes. Sólo así se podrá tejer un acuerdo transitable para la mayoría de la ciudadanía catalana y del resto de España. Como estos datos muestran, será necesaria mucha imaginación, voluntad y pedagogía para encontrar un equilibrio que permita una salida a este conflicto.

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