Un primer paso (insuficiente) para la transparencia en el Congreso

Unos días antes de que el presidente del Gobierno firmase la disolución de las Cortes y convocara elecciones generales anticipadas, la Mesa del Congreso aprobó un código de conducta que obligará a los nuevos diputados que sean elegidos el próximo 28 de abril a publicar su agenda de trabajo diaria, incluyendo aquellas reuniones con grupos de interés. A falta de que la Cámara defina en detalle qué considera un grupo de interés, este Código señala como lobby a todas las personas físicas o jurídicas que se comuniquen con cargos públicos para participar o influir en la elaboración o modificación de una iniciativa legislativa.

Con el nuevo código de conducta (que obligará también a los diputados a publicar sus intereses económicos o a rechazar donaciones y regalos), se dará cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, que daba de plazo a España hasta este año para informar de las nuevas mejoras implantadas. Actualmente, ante la falta de una regulación al respecto, la única información a la que podemos acceder es aquélla que nos dan los diputados de forma voluntaria.

Así, sorprende, que sólo uno de los grupos parlamentarios del Congreso (Unidas Podemos), publique desglosada la agenda de trabajo de cada diputado, incluyendo su actividad parlamentaria, los actos oficiales y las reuniones con grupos de interés. Y ni siquiera de todos: de los 67 escaños del grupo parlamentario, sólo los 46 diputados de Podemos tienen su agenda disponible en el portal de transparencia de la formación. El resto de miembros de la confluencia, en función del partido al que pertenecen (IU, En Marea, En Comú, etc.), publican mayor o menor información. En el caso de Equo, su líder, Juantxo López de Uralde, incluye su agenda completa en su blog personal.

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El Partido Popular, por su parte, cuenta en su web con una sección de ‘Agenda’, donde publica la actividad parlamentaria de sus diputados, así como las ruedas de prensa y las apariciones previstas en medios. Sólo en algunas ocasiones se incluyen también las reuniones con grupos de interés. El Grupo Socialista, en cambio, comparte en su web una agenda genérica que incluye, fundamentalmente, intervenciones en medios de comunicación. Sólo algunos diputados han pedido que se habilite en su ficha del site del Congreso un enlace a su agenda personal, donde sí publican sus reuniones. Ciudadanos incluye también un apartado de previsiones informativas en su página con los actos y las apariciones en medios de los cargos del partido (pero ni rastro de las reuniones mantenidas), mientras que ERC no ofrece la agenda de sus diputados en ningún formato. El PNV, aunque tiene un apartado para ello, no lo actualiza desde hace meses.


Nivel de transparencia de las agendas de los diputados por grupo parlamentario

Elaboración propia a través de los datos recolectados de las webs de los partidos. *En el caso de Unidas Podemos, se recoge la posición de los diputados de Podemos, y no del resto de partidos que componen el grupo parlamentario.

Aunque la Ley de Transparencia no regula la publicación de las agendas de trabajo de diputados ni altos cargos de la Administración, conocer las reuniones que mantienen (e, incluso, disponer de la ‘huella legislativa’ de cada iniciativa), es esencial para aportar transparencia a los procesos de toma de decisiones. Así, para Access Info, organización europea de referencia en materia de transparencia, «las reuniones entre cargos públicos y grupos de interés es una de las principales vías por las que se puede influir en la toma de decisiones; y por ello, es esencial que el público sepa qué reuniones han tenido lugar, entre quiénes, y qué se ha discutido». La misma reivindicación se hace desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri), que representa al sector del lobby como actividad profesional en España.  

En algunos parlamentos autonómicos ya es obligatorio hacerlo. Así, desde enero de 2017, todos los diputados del catalán deben hacer pública su agenda en el Portal de Transparencia de la Cámara, incluyendo «todas las reuniones y los contactos que tengan con cualquier persona, entidad u organización que pueda influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias». En el Parlamento de Andalucía, tras la reforma del Reglamento impulsada en 2014, también se publican las agendas y actividades de los diputados. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Madrid ha dado un gran paso con el lanzamiento de la plataforma Agendas.Madrid.es, que afecta tanto a concejales como a funcionarios y asesores.

En cualquier caso, resulta esencial también que la normativa que regule la publicación de agendas recoja los criterios y condiciones exigibles, para garantizar la calidad del contenido y su constante actualización. Como ejemplo, la Comisión Europea, donde es obligatoria la publicación de los encuentros que mantienen los comisarios y los miembros de su gabinete, ha establecido qué información hay que publicar (fecha y asistentes a la reunión, organización de la que forman parte, asunto que se ha tratado, etc.), cuándo hay que hacerlo (como máximo, dos semanas después de que se haya celebrado) y qué casos están excluidos. En España, el Consejo de Transparencia aprobó unas recomendaciones en 2017 que dejan fuera a los parlamentarios y afectan sólo a los altos cargos de la Administración, pero también delimitan los contenidos, la periodicidad y el formato.

Además, la publicidad de las agendas y la aprobación de códigos de conducta en el Parlamento están muy relacionados con la regulación del lobby y la creación de registros para los grupos de interés. De hecho, un código de conducta sólo puede funcionar de manera adecuada si va acompañado de un registro de transparencia que prevenga los conflictos de intereses. Así, durante la XII Legislatura, el Congreso venía debatiendo una regulación al respecto a través de dos iniciativas paralelas: por un lado, la reforma del Reglamento del Congreso impulsada por el PP; por otro, la Proposición de Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes presentada por Ciudadanos. Sin embargo, la falta de consenso y la disolución anticipada de las Cortes han impedido que puedan ser aprobadas.

Nada nuevo: el debate sobre la regulación de los grupos de interés en España ha existido, en mayor o menor medida, desde la elaboración de la Constitución. Así, durante años se han producido más de 10 iniciativas parlamentarias intentando regular la actividad de los ‘lobbies’, sin que finalmente ninguna haya salido aún adelante. A través de un registro de transparencia, y más allá de incluir la publicación de agendas, se podría crear un organismo de supervisión o desarrollar un régimen de sanciones ante infracciones, entre otras cuestiones.

Teniendo en cuenta que España aún no cumple cuatro de las 11 recomendaciones exigidas en 2013 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), el nuevo Código sirve de solución rápida ante el final anticipado de la legislatura. Sin embargo, el Congreso se queda de nuevo a medio camino y no aborda la creación de un registro de grupos de interés. ¿Será la XIII Legislatura la oportunidad definitiva para avanzar en transparencia?

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