Transparencia en la gestión de los fondos del NGEU

En un momento de reconocida gravedad, en el que la economía y la sociedad españolas han sufrido un profundo daño, la posibilidad de poner en práctica un plan de reconstrucción o recuperación social y económica es una oportunidad única, que por su magnitud se plantea en contadas ocasiones. Es crucial que los ciudadanos puedan percibir que tal actuación se ofrece como una tarea colectiva y para toda la sociedad, con el objetivo de tratar de recuperar el máximo posible de los efectivos que han quedado descolgados, pero, sobre todo, para sembrar la semilla de un sostenido progreso social y económico en las décadas siguientes.

Por eso, es muy decepcionante la falta de transparencia con la que se esta llevando el diseño de las actuaciones que puedan llevarse a cabo utilizando la financiación acordada en la Unión Europea. Sabemos, porque se ha hecho público repetidamente, que representantes ministeriales han estado manteniendo reuniones cada 10 días con las patronales CEOE y Cepyme, así como con los sindicatos CC.OO. y UGT; sin embargo, una parte importante del tejido empresarial español (incluyendo, por supuesto, a los autónomos) y de los trabajadores no está representada por estas organizaciones. Pero si no es posible llegar a todos ellos, es difícilmente justificable no difundir la información vertida en dichas reuniones, en la que cabe imaginar que se ha hablado de los posibles procedimientos de solicitud de financiación; pues ¿de qué se ha hablado si no es de estos temas?

Al día de hoy, no hay todavía información oficial acerca del procedimiento que se habrá de seguir para proponer programas a financiar con cargo a esos fondos, más allá de que se abriría un periodo de presentación de propuestas en marzo y cabe esperar (pero no se sabe) que sea breve. El decreto ley 36/2020 de 30 de diciembre de 2020 mencionaba la creación de “un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) como instrumento capaz de centralizar toda la información sobre el mismo”, pero dicho portal web todavía no existe, ni hay información en el sitio de ningún ministerio acerca del calendario o del procedimiento.

Que la CEOE haya creado con la consultora PwC una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos, “para el asesoramiento de los miembros de CEOE en la preparación de propuestas”, puede sugerir que cuentan con información suficiente como para esperar trámites administrativos complejos. Si su dificultad hace necesario el asesoramiento de consultoras y despachos jurídicos, es probable que la mayor parte de las medianas y pequeñas empresas que configuran el 99,4% del tejido empresarial español quede fuera del procedimiento, salvo como meros colaboradores en algún programa de una gran empresa. Estos indicios son preocupantes.

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La información que se recibe (siempre a través de los medios) sugiere que las grandes empresas, especialmente del sector energético, cuentan con recibir una parte importante de los fondos. Con un plazo breve de ejecución de los mismos, y dadas las dificultades que hemos tenido en el pasado para ejecutar ayudas europeas mucho más modestas, el Gobierno puede caer en la tentación de conceder cantidades importantes a unas pocas empresas grandes, que son más sencillas de gestionar, que cantidades mucho más modestas a un número mayor de empresas de menor tamaño. Y, por supuesto, surge la gran duda acerca de si no acabaremos financiando políticas que se hubieran desarrollado en todo caso, tan sólo porque han podido vestirse fácilmente del ropaje de los seis pilares fijados por la Comisión Europea (CE).

En otro nivel, también es conocido que ha habido contactos frecuentes entre Gobierno y CE, sin que hayan trascendido a los ciudadanos los contenidos de dichos contactos, salvo a través de comentarios de prensa. Se han llevado a Bruselas borradores de programas de actuación, y es de suponer que se ha hablado de los criterios que puedan exigirse para la aprobación de proyectos por parte de la CE: o del grado en que las recomendaciones del Semestre Europeo (SE) vayan a imponer realmente una condicionalidad para la concesión final de los fondos asignados a un país. Si, como parece evidente, se ha hablado de estos temas, la información debería ser pública, pues afecta a todos los ciudadanos, más allá del interés que tenga para las empresas que piensan preparar alguna propuesta.

Desde el verano, los medios de comunicación han estado difundiendo aspectos del contenido de documentos de diversas instancias gubernamentales, en relación con la estrategia de ejecución de los fondos europeos, o con los programas que el Gobierno pudiera proponer a Bruselas, con la referencia “en un documento al que este medio ha tenido acceso…”. Pero dichos documentos nunca se han distribuido ni han aparecido en las páginas web ministeriales; alguno ha terminado cristalizando en el PRTR, aspectos del cual aparecieron en prensa unos días antes como puntos que el Ejecutivo había consultado con Bruselas. Su difusión pudiera haber suscitado un debate muy útil y haber estimulado sugerencias de la sociedad civil; que pudiera tratarse de borradores no definitivos, o el hecho de que estuvieran en proceso de negociación no debiera ser excusa.

El PRTR no es el documento riguroso que cabría esperar para difundir el ámbito de actuaciones a desarrollar en la búsqueda de décadas de un progreso robusto, inclusivo y sostenible. Hay mucho talento en universidades, centros de investigación y think tanks en España a los que podría haberse recurrido para la identificación de fortalezas, la selección de programas de actuación y su concreción en actuaciones específicas. Se percibe a los grupos de trabajo en estas instituciones como potenciales asesores de entidades solicitantes de fondos, pero no como colaboradores en el diseño, seguimiento y evaluación de programas y políticas.

Tampoco se cuenta con el sistema nacional de ciencia e investigación, que cuenta con un notable prestigio internacional, para colaborar en la evaluación, en un periodo de tiempo que parece que será reducido, de las muchas propuestas que puedan recibirse; a pesar de que la evaluación es una parte esencial de su funcionamiento, en la que acumula enorme experiencia ¿Para qué tanto esfuerzo en hablar de la irrenunciable apuesta por la ciencia cuando, en el momento de mayor necesidad, se ignora su existencia? Hoy más que nunca es preciso consultar con los expertos de cada área, escuchar sus sugerencias y opiniones; hay que aprovechar el talento existente y aproximarlo a la gestión pública.

Ello requiere romper el distanciamiento existente entre la gestión pública y el sistema de ciencia, al que parece que se acude únicamente para revestir de prestigio el anuncio de alguna actuación gubernamental, pero no para que desempeñe un papel relevante en el diseño o evaluación de políticas. Los gobiernos gustan de anunciar con gran bombo el encargo de informes elaborados por comisiones de sabios, pero dichos informes terminan durmiendo el sueño de los justos en los cajones ministeriales: Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética: Análisis y propuestas para la descarbonización, de marzo de 2018; Informe la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, de febrero de 2017, o el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, de febrero de 2014. La existencia de este último no es obstáculo para que la actual ministra de Hacienda haya anunciado que convocará en breve a una comisión de expertos para que estudien una “reforma fiscal integral”, anuncio al que también se hace referencia en el PRTR (pág. 54).

Llamativo es también que puedan ignorarse las propias tareas parlamentarias realizadas con anterioridad. La Comisión del Congreso de Diputados para la Reconstrucción Social y Económica mantuvo sesiones de trabajo entre mayo y julio de 2020, recibiendo a un alto número de comparecientes invitados ¿Qué aprendimos de aquellas sesiones? Como cabría exigir, el PRTR declara que “El presente Plan ha tenido en cuenta las conclusiones de dicha Comisión y sus recomendaciones de futuro”, pero no queda claro cuáles son las conclusiones que han sido incorporadas, cuáles no lo han sido y las razones que explican uno y otro caso.

La sociedad espera que sus representantes políticos definan una estrategia eficaz de progreso social y económico, pero no necesariamente que tengan la capacidad de identificar los mejores programas de actuación posibles. Por eso, cabe pedirles dos cosas: que, una vez establecidos los objetivos de largo plazo que se pretenden alcanzar, sepan acudir a los expertos para recabar sus opiniones y sugerencias, así como su colaboración en la definición de programas y políticas concretas; y que demuestren su capacidad para entenderse con otras fuerzas políticas, respetando las diferencias que puedan tener sobre el tipo de sociedad al que aspiran, para acordar las líneas directrices de las actuaciones que han de llevarse a cabo en la actual situación. El mejor indicador de calidad democrática de una sociedad es, seguramente, la capacidad de sus representantes políticos para ejercer su función manteniendo en todo momento el bienestar de todos los ciudadanos en el centro de su atención. Son los ciudadanos quienes deben ser los protagonistas de la acción pública, no los políticos; aparte de ser obligado, ésta sería la mejor manera de que desaparecieran los partidos políticos y la política de las primeras posiciones en la relación de sus preocupaciones de los ciudadanos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La información que recibe un Gobierno, así como la que genera en el ejercicio de sus responsabilidades, es propiedad de todos los ciudadanos. Tanto la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que España es miembro desde su creación en 2011, y el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 aprobado el pasado mes de octubre, como la ley de Transparencia parece que debieran exigir su difusión. No es fácilmente comprensible cómo puede diseñarse una operación del calibre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se va a llevar a cabo en España completamente a espaldas de la sociedad, que es la que ha sufrido los graves daños de la pandemia, pero que no va a ejercer ningún papel ni en el diseño, ni en la evaluación ni en el seguimiento del plan.

(Éste es el tercero y último de los artículos que hemos publicado a partir del documento ‘La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, riesgos y reforma’)

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