Transición justa, nuevo imperativo en el horizonte de las economías

La reciente cumbre del G-7 en Carbis Bay (Reino Unido) ha sido rica en promesas en el frente climático, incluso con los compromisos de poner fin al «apoyo gubernamental directo para la generación de energía con carbón» y de entregar 2.000 millones de dólares para ayudar a las naciones a alejarse de los combustibles fósiles. El G-7 también afirmó que “esta transición debe ir de la mano de políticas y apoyo a una transición justa para los trabajadores y sectores afectados para que ninguna persona, grupo o región geográfica se quede atrás”.

Estos anuncios siguen a los hechos recientes sobre el mismo asunto: en una sucesión encadenada, Gina McCarthy, zar climática en la Casa Blanca, y Elisa Ferreira, comisaria europea a cargo de la cohesión y las reformas, anunciaron, durante los eventos organizados en torno a la Cumbre Mundial sobre el Clima convocada esta primavera por el presidente Joe Biden la voluntad de hacer grandes avances en la transición justa. Muchos bancos multilaterales hicieron lo mismo, y el Parlamento Europeo incluso votó recientemente a favor de un Fondo de Transición Justa de 17.500 millones de euros, un elemento clave del llamado Acuerdo Verde (Green Deal).

Sin embargo, el concepto no es nuevo: en Estados Unidos, los ambientalistas y los sindicatos de las industrias extractivas lo han estado debatiendo desde la década de 1990, a raíz de la Cumbre de Río, y en 2015, en los principios rectores de la Organización Internacional del Trabajo. En el Acuerdo de París se estableció como una prioridad internacional, destacándose «el imperativo de una transición justa de la fuerza de trabajo y la creación de trabajo decente y de calidad, de acuerdo con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional».

En su sentido más restringido, corresponde a nuestras economías implementar una salida gradual del carbón, a lo largo de una década más o menos, evitando al mismo tiempo el daño social que pudiere generar en regiones dependientes de su extracción, como Virginia Occidental o Polonia, casualmente ya situadas entre las regiones más precarias dentro de sus países respectivos.

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En un sentido más amplio, la transición justa es uno de los imperativos más importantes de este siglo: las sociedades deben lograr la descarbonización al mismo tiempo que redistribuyen equitativamente las oportunidades entre sus ciudadanos.

Francia, entre los primeros, midió la magnitud del desafío: la introducción de un simple impuesto al carbono fue suficiente para encender un movimiento, los ‘chalecos amarillos’, cuyo poder adquisitivo había estado inamovible durante décadas. Sin duda, la clase media occidental había experimentado un estancamiento económico en un contexto simultáneo donde el resto del mundo, liderado por China, estaba emergiendo. El Gobierno francés inyectó 17.000 millones de euros para apagar la ira de este movimiento.

Por otro lado, y aproximadamente al mismo tiempo, España adoptó un enfoque diferente a través de una Estrategia de Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima‘, “para asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece esta transición, para que nadie se quede atrás”. La Estrategia se desarrolló sobre la base del reconocimiento de que es particularmente importante optimizar los resultados de la transición ecológica en lo que respecta al empleo; no sólo en la industria del carbón, sino también en la automotriz, así como en las electro-intensivas, por nombrar algunas.

Sin embargo, definir esta cuestión sigue siendo un gran desafío: faltan normas e indicadores unificados para identificar prioridades, reorientar las inversiones y evaluar los resultados.

Si bien invertir en proyectos sencillos de infraestructura no requiere mucha imaginación, las administraciones o instituciones pueden enfrentarse a las deficiencias en la comprensión de los aspectos sociales de esta transición. Claramente, creer que vamos a convertir a los mineros de las regiones dependientes del carbón en emprendedores volcados hacia la economía creativa a través de alguna formación expresa es una idea ingenua cuando la fibra óptica o la digitalización no están suficientemente implantadas, el transporte público escasea, los caminos hacia la educación superior son estrechos y la cultura de la clase trabajadora sigue siendo un motivo de orgullo. Se corre el riesgo de reproducir las tragedias económicas que han experimentado muchas regiones desindustrializadas y dar lugar a nuevos electorados populistas. Ésta es precisamente la razón por la que una transición justa requiere la creación de buenos puestos de trabajo, sobre todo a través de la diversificación económica, así como con la construcción conjunta de dicha transición con sindicatos y otras partes interesadas que son clave, por ejemplo.

Además, la ciencia para medir una tonelada de CO2 está bien establecida y se aplica de la misma manera desde Estados Unidos a China. Sin embargo, las cuestiones sociales, que son fruto y reflejo de valores políticos, culturales y religiosos propios de una nación, varían de un país a otro, de un continente a otro, y son difíciles de captar de forma sistemática. De hecho, definir métricas armonizadas que capturen el impacto y los beneficios de la transición justa requerirá desarrollar experiencia inter-seccional.

Sin embargo, más allá de eso, la transición justa abre nuevas perspectivas para nuestras economías: diseñada de manera inteligente, la justicia climática puede brindar soluciones a los desafíos de la justicia social, y viceversa. Cuando los más precarios sufren una flagrante falta de movilidad en regiones donde el automóvil privado es el rey, por ejemplo, invertir en transporte limpio no sólo reducirá las emisiones de CO2, sino que también permitirá a quienes están lejos de los trabajos encontrar un nuevo camino hacia el empleo. O, por ejemplo, combatir las desigualdades puede aumentar la participación electoral de los más vulnerables y, a su vez, llevar a democratizar las decisiones climáticas a su favor, en un momento en que los pobres emiten mucho menos CO2 que los ciudadanos más acomodados.

Así, la transición justa puede y debe convertirse en un reservorio de oportunidades para todos y en múltiples sectores de nuestras sociedades.

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