¿Somos iguales a la hora de acceder a la información pública?

En su novela El Castillo, Franz Kafka describe el desamparo del protagonista, que tiene que realizar interminables trámites en un laberinto burocrático y sólo obtiene información confusa. El autor critica, desde lo absurdo, la falta de transparencia, la distancia y la complejidad del entramado de la Administración.

¿Quién no ha sentido, en alguna ocasión, desesperación a la hora de acceder a información pública? ¿Quién no ha deseado mayor claridad para entenderla? Solicitarla para obtener una beca, tramitar una subvención, conocer oportunidades de formación profesional, saber a quién dirigirse en caso de violencia de género, acceder a estadísticas nacionales o al Presupuesto municipal, etcétera. Nuestro día a día está marcado por la necesidad de acceder a información pública como condición previa para ejercer derechos fundamentales (educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros) y acceder a servicios públicos básicos.

En los últimos meses, la gestión de la crisis de la Covid-19 ha vuelto a poner en el centro de la agenda pública la importancia del acceso a la información. Medidas sanitarias, aforos, limitación horaria, requisitos para los desplazamientos, contagios… la actualización, claridad y accesibilidad de la información pública han sido fundamentales para la ciudadanía; y, en ocasiones, su ausencia ha sido objeto de críticas.

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Pero ¿somos iguales a la hora de acceder a la información pública? Si los textos normativos, como la Declaración Universal de Derechos, incluyen el acceso a la información entre los derechos universales, la realidad es muy distinta, en particular para un colectivo: las personas con discapacidad. La falta de claridad y de accesibilidad se convierten en barreras infranqueables, que agravan las situaciones de desigualdad y de discriminación que puedan sufrir estas personas.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial (2021), más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, una de cada siete. La gran mayoría vive en países en desarrollo, y el 80% es pobre. No resulta difícil entender el proceso de acumulación de desigualdades, y la merma de derechos, que afecta a estas personas. Si el acceso a la información es una condición previa para acceder a derechos, que ese acceso se vea limitado para las personas con discapacidad y que éstas vivan en gran parte en países en desarrollo, implica la urgencia priorizar la discapacidad en las políticas de cooperación al desarrollo y asegurar su derecho a la información.

Según un estudio promovido por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) para analizar el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad en cinco países latinoamericanos (Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú), aunque los sistemas legislativos nacionales incorporan el derecho a la información no existen mecanismos de fiscalización, por lo que su cumplimiento es bajo. Además, según este estudio, realizado con la colaboración de los programas de la Unión Europea ‘EUROsociAL’ y ‘Bridging the Gap’, las entidades encargadas del acceso a la información tienen deficiencias de financiación que sería indispensable para cumplir con medidas de accesibilidad, como los portales webs públicos, la contratación de intérpretes en señas, y de formación en materia de discapacidad. Por su parte, los funcionarios y funcionarias encargados de las políticas de discapacidad carecen de formación para implementar medidas de accesibilidad a la información.

No obstante, existen algunas buenas prácticas, que tienen que marcar el camino en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por las personas con discapacidad. Así en Paraguay, con el apoyo de Bridging the Gap, la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad ha desarrollado vídeos en lengua de señas,para brindar información sobre mecanismos de prevención del contagio por Covid-19. Existen otros ejemplos de buenas prácticas, en América Latina y también en Europa, que nacen del esfuerzo conjunto de las organizaciones de personas con discapacidad y de las administraciones públicas. Crear espacios para compartir estas buenas prácticas es indispensable para fortalecer los marcos normativos y las instituciones. Éste es precisamente el papel que puede desempeñar la cooperación internacional: compartir conocimientos, fortalecer instituciones, asegurar los derechos y, al final, la dignidad de las personas con discapacidad.

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