Repercusiones políticas de las crisis sanitaria y social en Paraguay

En la tarde del 17 de marzo pasado se trató en el Congreso paraguayo la segunda petición de juicio político al presidente y vicepresidente de la República del Paraguay para el periodo iniciado en 2018. Las acusaciones contra Mario Abdo y Hugo Velázquez se han centrado esta vez en el mal desempeño de sus funciones en la gestión de la pandemia, que en la actualidad ubica al Paraguay entre los países con menores índices de vacunación de la región en un contexto de colapso del sistema de salud. La reclamación no prosperó, al igual que en 2019, debido al blindaje legislativo proporcionado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde la Asociación Nacional Republicana (ANR) tiene mayoría.

El escrito acusatorio había sido presentado días después de una serie de manifestaciones ciudadanas en distintos puntos del país. El descontento de la población esa consecuencia directa de la falta de capacidad del Gobierno para responder a los desafíos de la pandemia: el sistema de salud no da abasto ante la creciente demanda de atención médica, los medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento del virus escasean en el sector público, la infraestructura educativa pública no está preparada para retomar con seguridad las clases presenciales, no todos los ciudadanos han superado los efectos económicos negativos de los meses de cuarentena, la aplicación de sanciones por el quebrantamiento de ésta parece seguir criterios arbitrarios y se intensifica la percepción de corrupción en la Administración estatal.

La explosión del descontento ciudadano coincidió con el punto más crítico de la pandemia en Paraguay. Durante las semanas previas a las protestas se habían registrado en este país niveles récord en el número de contagios, de personas internadas y de decesos por Covid-19 que pusieron al país en alerta roja sanitaria. El incremento del número de pacientes en terapia intensiva develó el desabastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento en los hospitales públicos, así como otros problemas vinculados como su encarecimiento en el mercado local, la existencia de un mercado negro de medicamentos para uso exclusivo del sector público o la necesidad de cruzar la frontera hacia Argentina para adquirirlos a mejor precio. Los gastos diarios que las familias de pacientes internados deben afrontar se acercan al salario mínimo mensual del país, por lo que la población afectada se ha visto en la necesidad de empeñar vehículos y viviendas, de asumir cuantiosas deudas, además, de recurrir a mecanismos comunitarios de recaudación de fondos que son tradicionales en Paraguay.

Todo esto provocó las primeras protestas, que congregaron a familiares de pacientes y trabajadores de la salud a principios del mes de marzo. La Prensa otorgó amplia cobertura a testimonios de personas cuyos recursos económicos ya no les permitían garantizar los tratamientos de sus parientes internados, mientras las redes sociales se hacían eco del descontento creciente. Esta realidad distaba de la caracterización que Abdo había hecho del sistema de salud paraguayo, al que había definido como «uno de los mejores del mundo» en un discurso pronunciado a fines del 2020.

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El Gobierno pretendió seguir acogiéndose a la imagen de gestión exitosa que había logrado construir al inicio de la pandemia, cuando Paraguay aparecía como uno de los casos de respuesta más efectiva de la región. Su desempeño se mostró eficiente mientras se centró en imponer restricciones a la sociedad, pero resultó incapaz de administrar la recuperación de las actividades económicas y sociales en un marco de seguridad sanitaria o de responder, efectivamente, a las crecientes demandas de servicios de salud. Por su parte, el apoyo ciudadano inicial se deterioró a medida que fueron apareciendo denuncias de corrupción, lo que incidió en la pérdida de confianza en las recomendaciones emitidas desde las instituciones públicas. No obstante, la politización del descontento ciudadano se produjo casi un año después de la adopción de las primeras medidas de distanciamiento social, momento en que la población ha tomado las calles para expresar su desaprobación.

La primera manifestación masiva tuvo lugar el viernes 5 de marzo y acabó con enfrentamientos entre policías y manifestantes tras una fuerte represión. Desde esa fecha se han celebrado manifestaciones todos los días en distintos puntos del país, alcanzando un punto crítico con el incendio provocado en un inmueble ocupado por la ANR tras el rechazo del juicio político. Los asistentes a las protestas exigen mejoras urgentes en la respuesta gubernamental a los efectos de la pandemia, si bien varían en la identificación de las causas de esa gestión deficiente. Han surgido distintas consignas durante las manifestaciones, vinculadas a objetivos políticos diversos aunque superpuestos.

Por un lado, están las que ponen el énfasis en la responsabilidad coyuntural del presidente y su Gabinete, que inicialmente se centraron en reclamar la renuncia del Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, figura más prominente de la gestión desde el inicio de la pandemia. Las peticiones de dimisión se extendieron inmediatamente a otros cargos directivos del Ministerio, al resto de los miembros del Gabinete presidencial y hasta al mismo presidente de la República. Esta línea de demandas ha sido apoyada por políticos de la ANR, pero de la principal facción opositora a la de Mario Abdo, liderada por el ex presidente Horacio Cartes.

Otra consigna presente en las protestas es la que exige que se vayan todos, identificando al conjunto de actores políticos en espacios de toma de decisiones en la burocracia estatal, sin diferenciar entre las preferencias programáticas o la capacidad de incidencia de quienes comparten cuotas de poder político. Al igual que las consignas centradas en la responsabilidad de Abdo, quienes piden que se vayan todos tienden a afirmar el carácter apolítico de las protestas, posición compartida por figuras anti-sistema.

Finalmente, encontramos la de ANR nunca más, con la que se atribuyen las deficiencias de gestión a la debilidad estatal generada durante las décadas en que el partido del Gobierno ha controlado la Administración pública. La ANR estuvo al frente de la Presidencia de la República durante las décadas de dictadura militar de Alfredo Stroessner y se mantuvo en el poder tras el cambio de régimen. Sólo pasó a la oposición en el periodo 2008-2013, si bien mantuvo una presencia importante entre los cuadros de la burocracia estatal y en los gobiernos municipales. ANR nunca más ha agrupado a ciudadanos que se identifican políticamente con partidos de la oposición y a independientes críticos con la captura estatal de este partido.

Hasta la presentación del escrito acusatorio, los únicos efectos de las protestas habían sido cambios puntuales en el Gabinete presidencial. Aunque Abdo pidió a todos sus miembros que pusieran sus cargos a disposición, una vez iniciadas las manifestaciones sólo habían sido cambiados los titulares de los ministerios de Salud, Educación y De la Mujer, sí como el jefe del Gabinete Civil. Días después, se produjo el relevo del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), si bien su Asociación Médica ya ha denunciado que el hecho de que la persona sustituida y su relevo sean del mismo sector político de la ANR no aporta garantías de una mayor transparencia ni eficiencia en la dirección del ente.

Ante la persistente ola de protestas y el pedido de juicio político, el oficialismo ha llamado al mantenimiento del orden institucional. También ha habido expresiones de apoyo a la gestión de Abdo de parte de las bases coloradas y movilizaciones en distintos puntos del país, aunque con menor apoyo que sus contrarias. La fuerza política del mandatario ha quedado indefectiblemente dañada y pierde espacio ante la facción cartista.

Las elecciones municipales, previstas para octubre de este año, permitirán comprobar hasta qué punto el rechazo hacia la ANR se transforma efectivamente en apoyo electoral para su competencia. Los partidos opositores se enfrentan al desafío de generar votos entre sectores de la población críticos con la ANR, por lo que tendrán que establecer las alianzas necesarias y proponer candidaturas que no generen rechazo. No obstante, la ANR mantiene una sólida maquinaria partidaria capaz de movilizar a sus bases en los comicios y de generar atribución de responsabilidad por las políticas públicas en todo el territorio paraguayo, por lo que los resultados de octubre siguen siendo una incógnita a pesar del desgaste coyuntural de la imagen del partido de gobierno.

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