Políticas educativas en tiempos de pandemia

Más de 1.575 millones de estudiantes se han visto afectados por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. El cierre a nivel nacional ya fue decretado en 191 países, interrumpiendo abruptamente el proceso educativo del 91,3% de los niños, niñas y jóvenes matriculados a nivel mundial. Es decir, estamos frente a una crisis educativa inédita en la historia moderna de la educación, desde su masificación progresiva iniciada en el siglo XIX.

La pandemia tendrá un efecto especialmente dañino en los países menos desarrollados y con mayores niveles de desigualdad. En efecto, mientras los países desarrollados, con la clara excepción de Italia, España y Estados Unidos, están mostrando cierta (aunque no siempre suficiente) capacidad política, institucional y tecnológica para afrontar la crisis escolar, los países en desarrollo improvisan respuestas desesperadas desde ministerios de Educación históricamente infra-financiados e institucionalmente débiles. Más aún, los países más pobres dependen de la ayuda de organismos y fondos internacionales, que no siempre entienden de forma cabal los contextos, dinámicas y problemáticas específicas de cada país. La débil capacidad institucional de estos países no sólo pone en riesgo el proceso educativo sino, también, el acceso a otros servicios sociales esenciales que normalmente se otorgan a través de las escuelas: alimentación, vacunas y entornos protegidos, entre otros.

Ahora bien, la pandemia no sólo tendrá un efecto diferenciado según el nivel de desarrollo y capacidad institucional de cada país, sino que afectará con mayor vehemencia a las comunidades más pobres y vulnerables dentro de cada sociedad. En efecto, mientras que los estudiantes de origen socioeconómico más alto podrán suplir en parte la pérdida de clases, mediante el acceso a recursos pedagógicos en línea, aquellos pertenecientes a grupos sociales más desaventajados verán fuertemente vulnerado su derecho a la educación. Por lo tanto, esta crisis no hará más que incrementar las brechas preexistentes de aprendizaje, que ya antes de la pandemia nuestros débiles sistemas educativos no lograban revertir.

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Este patrón de efectos segmentados predominará segura y lamentablemente en América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo en términos socioeconómicos. En efecto, mientras en el sector educativo latinoamericano se vive actualmente un frenesí por digitalizar los materiales educativos y generar plataformas de educación en línea, siguiendo lo que están haciendo muchos países desarrollados del norte, se olvida con demasiada frecuencia que esto es una solución tan sólo para el 46% de los hogares de la región (Cepal, 2018). Esto se debe a que, en promedio, sólo dicho porcentaje posee acceso a internet en sus casas. El resto no podría aprovechar tan fácilmente estas herramientas. Para estos últimos, si bien la telefonía móvil podría potencialmente ofrecer una alternativa, en la práctica está aún lejos de constituir una solución óptima para el proceso educativo.

Por supuesto, las desigualdades latinoamericanas se plasman tanto entre los países como en el interior de ellos. En efecto, en Argentina y Chile más del 80% de los hogares posee acceso a internet. En cambio, en Centroamérica y el Caribe, algunos países como El Salvador y Nicaragua no superan el 20% de conectividad (ITU, 2018). Asimismo, por ejemplo, en Brasil y Perú se observa que los hogares del quintil de ingresos más rico poseen, respectivamente, 4,2 y 13,3 veces más acceso a internet que los hogares del quintil más pobre (Cepal, 2018).

Por lo tanto, no basta con digitalizar contenidos y crear más plataformas en línea. Se requieren nuevas soluciones inmediatas, entre las que se encuentran (1) cerrar la brecha de acceso a internet de la población escolar más excluida; (2) considerar ese acceso a la red como un derecho humano que permita acceder a bienes culturales, conocimientos y contenidos educativos necesarios para el desarrollo integral de las personas, y no sólo como derecho que materializa el ejercicio de la libertad de expresión (ONU, 2012); (3) ampliar la distribución y adecuado uso de los textos escolares en zonas de baja conectividad; (4) potenciar medios alternativos de comunicación, tales como la televisión y radio, y sus contenidos pedagógicos para alcanzar y apoyar a los grupos más excluidos; (5) formar, apoyar y orientar a los docentes y comunidad educativa para abordar la educación en tiempos de crisis; (6) priorizar y adaptar los contenidos curriculares y programas de estudios a las nuevas circunstancias, y (7) asegurar la continuidad de los servicios sociales básicos que resguarden el bienestar social y emocional de los niños, niñas y adolescentes.

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Estamos obligados a afrontar la crisis de corto plazo desplegando éstas y otras medidas. Sin embargo, esta crisis nos ofrece también la posibilidad de replantear el tipo de sistema educativo y sociedad que queremos impulsar, en el mundo post-Covid-19, desde una perspectiva de justicia social.

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