Pobreza e inseguridad económica en España

A partir de febrero de 2013, el ciclo económico cambia de sentido en España. A pesar de la mejoría posterior, sin embargo, hasta ahora sólo ha sido posible recuperar un 16,7% de los 3.814.500 empleos equivalentes a tiempo completo destruidos entre 2008 y 2014.

Los datos de Eurostat muestran el impacto de esta crisis de empleo. Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo de 2015, España pierde un 13,5% de su población ocupada, una caída que contrasta con incrementos de la ocupación superiores al 3% en Suecia, Reino Unido o Alemania. La crisis contribuye además a una extensión de las formas más graves de desigualdad en nuestro país. La proporción de personas por debajo del 40% de la mediana de ingresos aumenta, por ejemplo, de un 7,4% en 2008 a un 10,6% en 2014.

Es verdad que la solidaridad social y familiar ha limitado en España el impacto de los problemas de inseguridad alimentaria. A pesar de aumentar desde el 2,2% de 2008, el 3,3% de personas que en 2014 no disponen cada dos días de una comida con carne, pollo, pescado (o su equivalente vegetariano) sigue siendo bajo en Europa.

El dato refleja la tendencia de la población española a priorizar la cobertura de la alimentación, aún a costa de enfrentarse a mayores dificultades para hacer frente a otras necesidades básicas como el acceso a la energía. El porcentaje de personas en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en el hogar aumenta así de 6% en 2008 a 11,1% en 2014. Para hacer frente a las necesidades más básicas, la población retrasa además el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Frente al 8,2% de 2008, en 2014 un 12,5% de las personas viven en hogares con atrasos en el pago de alquileres, hipotecas o suministros de electricidad, gas o agua.

Es sin embargo el recurso al ahorro el mecanismo que ha permitido mantener determinados niveles de consumo en España, una circunstancia que ha deteriorado la situación patrimonial de los hogares. Entre 2008 y 2014, la proporción de personas en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos imprevistos aumenta de 29,9 a 42,7%. En tal contexto de descapitalización, un riesgo acrecentado se traduce de manera inevitable en crisis social. Lo revelan los desahucios y ejecuciones presupuestarias o el aumento de la privación material severa. Ésta pasa de afectar a un 3,6% de la población en 2008 a un 7,1% en 2014.

En todos los indicadores considerados, 2014 marca un nivel máximo en el impacto de los problemas. En dicho año, las situaciones inequívocas de pobreza real afectan a al menos un 10,1% de la población. Se trata de personas en hogares con problemas muy graves de cobertura de las necesidades de alimentación, o con retrasos frecuentes en los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda, y que carecen al mismo tiempo de ahorros para hacer frente a la insuficiencia de ingresos. Los 4,6 millones de personas en esta situación en 2014 eran casi 2,5 veces más que los 1,9 millones de 2007, un 4,2% de la población en aquel año.

Dentro del grupo afectado por las formas más graves de pobreza tienen una presencia decisiva los hogares con hijos o hijas dependientes. En 2014, las personas en este tipo de hogares representaban el 65,4% del colectivo. De un 5% de personas con problemas de pobreza real en hogares con hijos o hijas dependientes en 2007, la proporción aumenta al 13% en 2014.

El deterioro señalado se vincula a una sustancial caída de la protección a la población con menos recursos en España. El 10% más pobre apenas dispone en 2014 de un 1,8% de los ingresos totales del país, una proporción en continuo descenso respecto al 2,5% de 2005. En 2014, sólo Rumanía comparte con España estos bajos niveles en la UE.

En el escenario descrito resulta lógico que la casi totalidad de los partidos planteen en sus programas electorales medidas que pretenden hacer frente a la precariedad económica. Las propuestas muestran la preferencia por cuatro líneas de intervención. La primera trata de dar respuesta a la pobreza infantil, ampliando el sistema de prestaciones familiares. La segunda busca mejorar la condición de la población trabajadora con bajos ingresos a través de complementos estatales. Una tercera línea de actuación aspira a establecer desde el Estado un sistema de garantía de rentas de última red que mejore la protección a las personas desempleadas. Finalmente, otras medidas pretenden abordar los problemas ligados a la pobreza energética y a los desahucios y ejecuciones hipotecarias.

La conformación de la actuación que desarrollará el Estado tras las elecciones dependerá de muchos factores, en particular de la evolución del déficit. Lo importante, sin embargo, es que España se enfrente al problema que nunca ha pretendido abordar con seriedad hasta ahora: ofrecer una suficiente seguridad económica a todos sus habitantes, en particular a la población adulta joven que accede a la vida independiente. Ningún indicador expresa mejor el fracaso de esta parte de la política social que las bajas tasas de fecundidad que han caracterizado a España durante todo el periodo democrático.

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