Oferta y demanda de FP, ¿ajustes de mercado o de política educativa?

Recientemente han salido en los medios de comunicación datos sobre el desajuste entre las plazas ofertadas y la demanda de formación profesional (FP), dejando a miles de jóvenes fuera de esta formación. Aunque no hay cifras sobre preinscripciones, algunos cálculos llegan a 40.000 personas en las comunidades de Madrid y Cataluña. En este análisis se esbozan algunas de las causas de este fenómeno y también algunas de sus consecuencias, para concluir con algunas preguntas y propuestas en clave de política educativa.

Empecemos por las causas. Hay que decir que este desajuste no es un fenómeno nuevo; quizá sí la magnitud y el eco mediático que está teniendo, pero es imposible saberlo porque la estadística educativa sólo ofrece datos de matrícula, no de preinscripciones o solicitudes. El aumento de la demanda de educación post-obligatoria en general, y de formación profesional en particular, está muy relacionado con la coyuntura económica y con el llamado ‘coste de oportunidad’. Así, por ejemplo, con la gran recesión de 2008, el paro juvenil pasó del 20% a más del 50% y la tasa de abandono escolar temprano se redujo del 30% al 20% en seis años. En Cataluña, de las personas que acabaron un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) en el año 2006, un 28% continuaban su formación (sobre todo en un Ciclo Formativo de Grado Superior, CFGS) en 2007. Tres años más tarde, ya eran prácticamente el 48% quienes continuaban estudiando, porque la tasa de empleo se había reducido a la mitad. Es más que probable que en la situación actual se esté reproduciendo este fenómeno, aunque la causa de la crisis sea muy distinta.

Una segunda causa puede deberse a cambios en las preferencias de las personas jóvenes (y no tan jóvenes). Sea por la coyuntura o por una voluntad de mejorar la carrera profesional, la FP se nutre de personas mayores de la edad teórica de la formación inicial: un 21% del alumnado de CFGM tiene 25 o más años, y el porcentaje sube al 33% en los CFGS (datos del curso 2019-20). Además, las preferencias tienen mucho que ver con las especialidades o familias profesionales. De nuevo no hay datos públicos, pero se ha publicado en la prensa que las más solicitadas en Cataluña, por ejemplo, son la sanitaria e informática. Estas preferencias tienen que ver con expectativas laborales elevadas, pero también hay otras especialidades con mucha demanda que responden a motivaciones más expresivas, como las de actividad físico-deportiva o imagen y sonido.

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La tercera causa es atribuible a una falta obvia de planificación. No deja de ser paradójico que durante muchos años se han hecho campañas publicitarias para prestigiar la FP y ahora que la demanda real ha aumentado, no se pueda satisfacer. Han sido campañas de dudoso impacto, centradas en querer convencer a las personas jóvenes de que es mejor la formación profesional que el bachillerato o la universidad. Pero los datos no dejan lugar a dudas: la opción por la formación profesional es minoritaria en los puntos de bifurcación del sistema educativo. En el curso 2001-02, el 15% del alumnado que había obtenido el graduado en ESO el curso anterior se matriculó en un CFGM, y el 18% del que había aprobado el bachillerato el curso anterior se matriculó en un CFGS. En el de 2014-15, los porcentajes respectivos fueron del 12% y del 19%, respectivamente (datos de la Encuesta de Transición Educativa-Formativa e Inserción Laboral, Etefil, de 2005 y 2019).

Además, persiste el sesgo académico y social en la elección de formación profesional versus bachillerato y universidad: los alumnos con mejores notas son orientados normalmente hacia el bachillerato, y las familias de clase media con estudios universitarios suelen ver como movilidad descendente el hecho de que sus hijos opten por la formación profesional.

Respecto a las consecuencias, una de las más evidentes y llamativas ha sido el aumento de la oferta privada. En términos de mercado, los centros privados han encontrado un nicho de demanda no satisfecha. En una década, se ha pasado del 4% al 15% de alumnado matriculado en centros privados de formación profesional. Este incremento de la oferta privada no concertada provoca un problema evidente de equidad en el acceso, ya que deja fuera a la inmensa mayoría de familias, que no pueden pagar 500 o más euros al mes de matrícula.

Pero hay más consecuencias negativas. El incremento de la demanda hace que la formación profesional sea más selectiva, ya que se tiene en cuenta el expediente académico previo para la ordenación de candidatos. Por vía indirecta, pues, aumenta la inequidad, ya que existe una correlación entre rendimiento académico y capital económico de las familias. Las personas que no pueden acceder a la especialidad deseada se pueden matricular en ciclos con menor demanda o incluso en el bachillerato, que se ha hecho menos selectivo. Aunque tampoco hay datos al respecto, es fácil suponer que una parte del abandono de algunos ciclos y del bachillerato esté causado por esta falta de motivación derivada del descarte en las preferencias.

El desajuste entre oferta y demanda plantea retos importantes en clave de política educativa. Un primero, obvio, es aumentar las plazas disponibles. Pero hay dos dilemas a los que hacer frente. El primero es si las especialidades que tienen más demanda por parte de los individuos son las que tienen más salidas laborales en el mercado de trabajo. Es un dilema en parte aparente porque, aunque parezca paradójico, muchos jóvenes no escogen la formación profesional para encontrar un trabajo, sino para continuar estudiando. Así, una mayor oferta del ciclo de grado medio de video, dj y sonido, no tiene por qué inundar el mercado de djs, sino que lo más probable es que aumente la demanda de CFGS de producción o realización audiovisual, y que una parte de los graduados en estos CFGS continúe en la universidad.

El segundo dilema tiene que ver con los posibles cambios en la coyuntura económica y el aumento de los costes de oportunidad de seguir estudiando. En este caso, la respuesta es relativamente sencilla: aumentar la flexibilidad y la certificación parcial de los estudios. Es éste uno de los objetivos de la nueva ley de formación profesional, aunque también lo era de la vigente de 2002 y no parece que se haya avanzado demasiado.

Un segundo reto es el de la financiación, y aquí hay tres opciones: inversión directa en centros públicos, aumento de conciertos con centros privados o dejar que sean las familias y estos últimos quienes desarrollen el mercado educativo. Es evidente que las opciones dependen del marco ideológico y de la correlación de fuerzas de los distintos actores; pero cada opción tiene sus consecuencias en términos de equidad y de calidad. Está claro que, a mayor presencia de centros públicos, mayor equidad en el acceso. Y respecto a la calidad, existe mucha heterogeneidad en los centros, pero también parece claro que los públicos tienen mayores controles de calidad; por ejemplo, en las condiciones laborales del profesorado y en el seguimiento curricular de la formación en los centros de trabajo. Si la Administración educativa no dispone de recursos suficientes, por lo menos es exigible un mayor control de los centros privados, para evitar que (algunos) sólo se rijan por la satisfacción de la demanda con bajos costes, mermando la calidad de la formación de las personas jóvenes.

Una solución que se ha puesto en marcha en Cataluña ha sido la oferta ilimitada (sic) de la formación a distancia en los dos ciclos más demandados. Más allá de las lógicas quejas por la improvisación o las dudas sobre las prácticas (¿también serán virtuales?), con esta propuesta pareciera que la formación virtual tiene un coste marginal tendente a cero. No consta que haya aumentado de forma proporcional el profesorado para atender semejante demanda, lo que supone un paso seguro para su devaluación.

Y si hay que gestionar la demanda, también habrá que hacerlo con la oferta. No parece razonable que exista una oferta muy diversificada en todos los territorios, y quizá habrá que pensar si la tendencia de los últimos años de la especialización, e incluso de la ultra-especialización (126 títulos distintos de CFGM y 167 de CFGS), es lo más sensato para acercar a las personas jóvenes a la formación profesional. ¿Por qué no pensar en un bachillerato profesional, que permita seguir los estudios a jóvenes que dudan entre el bachillerato y el CFGM, que no esté especializado en un campo de actividad muy limitado pero que, a la vez, sea atractivo? En Barcelona ya se está experimentando con esta modalidad híbrida. Habrá que ver qué alcance tiene. Además, puede ser una oferta interesante para territorios con poca población y que tienen una oferta muy limitada de formación profesional.

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