No es la digitalización, sino la falta de capital organizativo

En muchos de los proyectos que se han ido proponiendo al amparo de los programas europeos para la recuperación aparece como objetivo la digitalización, ya sea de la Administración Pública o de sectores productivos como, por ejemplo, la industria agroalimentaria. Con ello se espera elevar la eficacia y la productividad tanto del sector privado como del público.

Pero no sé si se es suficientemente consciente de que la intensidad de la digitalización y, sobre todo, sus consecuencias dependen crucialmente de que vaya precedida (o al menos acompañada) de cambios organizativos, respecto a los que se han observado importantes resistencias.

Se subraya que en nuestro país existen déficits de capital humano pero, en mi opinión, resultan más limitativos los déficits en capital organizativo; tanto en la esfera pública como en la privada. Los estudios indican que las empresas con peor calidad organizativa han adoptado en menor grado las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y sobre todo que, cuando lo han hecho, sus consecuencias han sido mucho menos positivas. Las empresas que han invertido en ellas sin introducir cambios organizativos han experimentado un reducido crecimiento de su productividad. Éste parece ser el caso de España, tal y como pone de manifiesto el interesante estudio de Fabiano Schivardi y Tom Schmitz (Instituto Einaudi, 2018) sobre la revolución de las TIC en el sur de Europa.

En la Administración Pública, tal como expone Carles Ramió (2020) en su artículo ‘La Administración digital secuestrada’, un título suficientemente elocuente, no ha sido la escasa inversión en medios digitales (la Administración española ocuparía la 10ª posición entre los 27 países de la UE), sino las graves deficiencias organizativas (una organización fragmentada en unidades administrativas jerarquizadas, que operan con lógicas feudales sin apenas capacidad de compartir y cooperar entre ellas) que secuestran el potencial de la digitalización.

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La resistencia a descentralizar las decisiones y a romper una estructura de toma de decisiones rígidamente jerarquizada está presente en España, y no sólo en el sector público.

En el privado, los accionistas y los directivos españoles muestran insuficiente interés en mejorar el capital organizativo de sus empresas, más incentivados como están en situarse provechosamente respecto a la Administración y a los poderes públicos y en ocupar una buena posición en la estructura de poder en mercados poco competitivos. Temerosos, además, de que cambios regulatorios y legales, o simplemente el frecuente incumplimiento impune de normas (muchas veces por parte de la propia Administración), elementos constitutivos del marco de inseguridad jurídica vigente, frustren los resultados de su innovación. Según Garcés-Galdeano y Huerta (2019), sólo el 25% de las empresas industriales de más de 50 trabajadores utilizan sistemas de gestión avanzados; y entre las pymes, el grueso del tejido empresarial, ese porcentaje debe de ser sustancialmente menor.

La actitud contraria a la descentralización encuentra refuerzo en códigos de conducta arraigados en nuestra sociedad, opuestos a los que necesitaría una nueva organización interna. Efectivamente, la jerarquización de las decisiones y el desinterés por asumir responsabilidades que parecemos tener los españoles según la Encuesta Europea de Valores (EVS) se refuerzan mutuamente. Sólo el 14% de los españoles encuestados (EVS 2010) valoran que el puesto de trabajo los lleve a asumir responsabilidades, el porcentaje más bajo de entre todos los países europeos.

Si los directivos empresariales se elevaran por encima de su falta de incentivos y emprendieran reformas en los sistemas de gestión, se enfrentarían a restricciones que imponen normas de distinta índole (laborales y tributarias, pero también las que inciden sobre la entrada y salida de las empresas y las que reglamentan el funcionamiento de un determinado sector productivo), y a la baja calidad de las intervenciones administrativas a las que la empresa tiene que someterse. Tendrían que vencer, además, resistencias internas para los cambios en los sistemas de gestión, por parte de directivos, accionistas y también de los trabajadores.

En el sector público la forma de ejercer el poder y, concretamente, la colonización de las administraciones por los partidos políticos, es en gran medida responsable del tipo de organización existente. Los directivos públicos carecen de autonomía de gestión y de objetivos claros, no son evaluados y no se sienten empoderados, ya que ocupan puestos de libre designación controlados por los dirigentes del partido en el poder. La exigencia de responsabilidades no forma parte de la práctica política y nadie percibe que no asumirlas merme en absoluto su carrera.

Avanzar en la asunción de responsabilidades podría constituir un primer paso en la senda conducente a una mejor organización en las administraciones públicas y en las empresas. Pero para ello es necesario, en primer lugar, que la elección de los responsables se base en la capacidad y el mérito (ya sabemos que no es así en el sector público, pero, sorprendentemente, tampoco lo es siempre en la empresa privada); y, después, que el buen cumplimiento reciba premios de algún tipo (en promoción o en remuneración), algo que no ocurre en el sector público y tampoco lo hace en grado suficiente en el privado.

Los pasos siguientes para este último son complejos y llevan tiempo. Nada que se pueda conseguir de forma inmediata a golpe de Boletín Oficial del Estado: reducir las prácticas clientelares, elevar la seguridad jurídica, hacer más eficaz la supervisión de los mercados para hacerlos más competitivos, aligerar las cargas administrativas, revisar la normativa que incide sobre las decisiones empresariales, etc., son tareas tan complejas como necesarias. Hipotéticamente, tendría una vía más directa introducir cambios organizativos en el sector público, que harían más eficaces las administraciones públicas y podría tener, además, un efecto demostración sobre el privado. Pero la historia de fracasos en los últimos 30 años y el actual clima político no dan pie al optimismo.

En cualquier caso, seamos conscientes de que, sin cambios organizativos cuya realización, como vemos, está llena de obstáculos, la digitalización no alcanzará los resultados buscados.

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