Nicaragua, derechos humanos y dilema diplomático

El próximo 7 de noviembre se celebrarán comicios presidenciales en Nicaragua. En las últimas semanas, sin embargo, se han producido detenciones arbitrarias de decenas de dirigentes y militantes políticos que se oponen al Gobierno del presidente Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Según distintos organismos defensores de los derechos humanos, tan sólo en el último mes han sido detenidos, por lo menos, 13 importantes figuras de la oposición, entre las que se encuentran siete candidatos presidenciales. La Policía Nacional, dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, es quien se encarga de los arrestos. Esto alimenta, aún más, las posiciones de quienes afirman que Nicaragua es un régimen familiar no muy distinto al que encabezaron los Somoza hace ya más de 50 años.

Lo cierto es que los últimos acontecimientos se suman a una larga historia de hechos cuestionables. Ortega fue un héroe para la izquierda latinoamericana de los años 70 y 80. Encabezó un proceso revolucionario que derrocó a la brutal dictadura de los Somoza, al mismo tiempo que su épica recordaba a la mística de los primeros tiempos de la revolución cubana. Durante aquellos años, incluso, llevó adelante una importante serie de reformas que tenían como objetivo convertir Nicaragua en un país más justo, moderno y equitativo. Sin embargo, desde su retorno al poder en 2006 se ha ido produciendo una deriva no sólo autoritaria, sino también ideológica. Ortega comenzó a llamar a Murillo el “50% de mi Presidencia”, al mismo tiempo que su Gobierno se fue transformando en una especie de régimen familiar, similar a los que había combatido en el pasado.

Las últimas revueltas populares en el país se produjeron en 2018, con un saldo aproximado de 400 muertos, 300 desaparecidos y más de 2.000 heridos. Por aquel entonces, los manifestantes coreaban que “Ortega y Somoza son la misma cosa”. No son pocos los ex sandinistas que aseguran que Ortega, junto a su esposa, traicionaron la revolución. Entre ellos se encuentra el mítico sacerdote Ernesto Cardenal; quien fuera, además, ministro de Cultura del primer Gobierno de Ortega. El también poeta integró el Ejército Sandinista desde sus comienzos, pero en los últimos años ha sido un acérrimo critico del orteguismo. Cardenal acusaba a su ex líder político de llamarse sandinista sin serlo, llegando a pedir la destitución inmediata del presidente. Esto le costó una dura persecución hasta los últimos días de su vida que incluso se extendió a su entierro en 2019; al que Ortega, por supuesto, no asistió.

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La semana pasada, la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó adelante una condena a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La votación desató una polémica diplomática, especialmente en México y en Argentina, ya que ambos estados decidieron abstenerse. Aunque tanto las relaciones exteriores de los dos países vienen siendo coherentes con su larga historia diplomática de no intervención en los asuntos internos de otros estados, esta vez la situación podría ser diferente. En la misma línea que México y Argentina estuvieron Belice, Dominica y Honduras, mientras que, por supuesto, Managua se manifestó en contra y estuvo acompañada sólo por Bolivia y San Vicente y las Granadinas. La presión diplomática de Washington dio resultado: el secretario de Estado de la Administración Biden, Anthony Blinken, se expresó a favor de sancionar a Nicaragua. Con 26 votos a favor, la Casa Blanca volvió a demostrar su fuerte influencia en América Latina.

Tras los acontecimientos, tanto el Palacio Nacional como la Casa Rosada llamaron a consultas a sus embajadores en Managua. Lo hicieron, de acuerdo con el comunicado que publicaron de manera conjunta, debido a «las preocupantes acciones político-legales» adoptadas por el Gobierno de Ortega, aunque evitando condenar expresamente las acciones. En el comunicado se refirieron a las acciones que “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (precandidatos presidenciales incluidos), activistas y empresarios nicaragüenses». Al mismo tiempo, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) y Alberto Fernández afirmaban que se “mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos (…) y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».

El ‘caso Nicaragua’ es diferente al venezolano en materia de coste político interno; especialmente para Argentina. En el seno de la coalición gobernante, Caracas tiene una significancia simbólica difícil de soslayar, al mismo tiempo que suele caer en lo que se denomina la grieta de la política doméstica; gravitando, además, como factor de tensión entre los distintos sectores que integran el gobernante Frente de Todos. En cambio, la situación nicaraguense nunca había tenido una presencia ni remotamente similar en el debate público argentino. Por ello, es difícil entender la decisión de Cancillería argentina a la hora de abstenerse. En un contexto en el que las relaciones con la Casa Blanca tienen muchas posibilidades de estrecharse debido a las sintonías con el discurso de Joe Biden, algo que podría reportar importantes beneficios para la situación argentina con el Fondo Monetario Internacional a cuenta de la deuda externa, no tiene mucho sentido consumir autonomía en cuestiones poco importantes para el país.

De la misma manera, para México (aunque Managua revista una importancia geopolítica mucho mayor que para Buenos Aires, debido a su ubicación geográfica) los intereses mexicanos también necesitan de Estados Unidos. Y los costes por apoyar a un Gobierno como el nicaragüense serían demasiado mayores a sus beneficios. Hace tiempo ya que el cantautor cubano Silvio Rodríguez dejó de cantar su Canción urgente para Nicaragua en protesta por la deriva de los Ortega. Más allá del error que reviste diseñar la política exterior en función de lo que sucede en el fuero doméstico, la gravedad de la situación en Nicaragua exige una respuesta diplomática mucho más contundente. Es probable que en las próximas semanas haya un cambio de postura de los gobiernos de Amlo y Fernández. Pero, más allá de lo que pueda suceder en la esfera de lo diplomático, poco indica que algo pueda cambiar en el país que alguna vez fue escenario de la Revolución Sandinista.

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