Misión, redactar un nuevo contrato social en Chile

El 4 de julio, empieza a funcionar la Convención Constitucional elegida por los chilenos y chilenas en mayo. Este órgano constituyente, compuesto por 155 delegados y delegadas, tendrá inicialmente nueve meses, con posibilidad de ampliación a 12, para redactar una nueva Constitución, que será sometida a ratificación en un nuevo plebiscito. 

El mundo mira al proceso constituyente en marcha en Chile, uno de los más innovadores de los últimos tiempos, por su carácter paritario no sólo en la conformación de su Convención Constitucional (77 mujeres y 78 hombres), sino también en el resultado final, promoviendo la agenda de género. Temas como el cuidado, la violencia machista o la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos serán debatidos en el marco de esta Convención. 

Pero éste no será el único desafío en una coyuntura en la que se vive una fuerte crisis de legitimidad y desprestigio de los partidos políticos tradicionales y, en general, de las instituciones democráticas, con indicadores como la baja participación electoral o la configuración misma de la Convención Constitucional electa, formada en su mayoría por independientes. Por ello, un asunto clave será cómo hacer que la ciudadanía se involucre más en este proceso.

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A tal efecto, quizás sea necesario complementar los instrumentos de representación como la Convención con mecanismos de participación ciudadana y deliberación pública. En este sentido, iniciativas como el Foro Chile-Unión Europea vienen a promover la discusión sobre posibles soluciones a problemas públicos, ofreciendo una perspectiva comparada y mostrando “fallos hermosos y éxitos problemáticos”, como en el caso de Islandia. Se da la circunstancia que este proceso se sucede al mismo tiempo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa con la que la UE quiere abrir un debate inclusivo y transparente, dando más voz a los ciudadanos y ciudadanas europeas en torno a una serie de prioridades y retos clave, con el objetivo de sentar las bases de la reforma de las instituciones europeas en los próximos años.

La Covid-19 ha puesto al desnudo y agudizado las desigualdades existentes en la región, y algunos países viven una ola de protestas y de crisis político-institucionales que hacen que los acontecimientos en el país suramericano sean seguidos con muchísima atención, hasta el punto de que puedan ser un espejo en el que puedan mirarse. Y es que Chile está decidiendo qué país quiere ser para las próximas décadas. Esto implica decidir un modelo de convivencia, pero también lograr un consenso básico para legitimar la Constitución. Por tanto, en este proceso constituyente la cohesión social puede ser un fin y un medio.

Si analizamos las más de 200 reformas constitucionales que se han producido en el constitucionalismo latinoamericano en los últimos 200 años, lo que se observa es una permanente tensión entre la declaración de derechos (cada vez más progresista) y lo que Roberto Gargarella ha llamado la “sala de máquinas”, que tiene que ver con cómo se organiza el poder. Desde luego, para resolver esta tensión Europa ofrece una rica diversidad de soluciones en relación con las formas de gobierno, el modelo territorial, los de gestión de los principales servicios públicos, las garantías de derechos, etc., así como principios y respuestas comunes como la propia existencia de la Unión Europea. En el marco del Foro Chile-Unión Europea, se han organizado mesas de diálogo sobre estos temas que están permitiendo un rico y fructífero intercambio entre expertos y expertas de ambos lados del Atlántico y del que la ciudadanía está pudiendo participar e informarse.

No obstante, Chile debe encontrar su propio camino, inspirándose de otras experiencias y teniendo en cuenta lecciones aprendidas de otros procesos para no cometer errores similares. A partir de este domingo, la Convención Constitucional tiene la enorme responsabilidad de elaborar una Carta Magna para toda ciudadanía; pero también las instituciones democráticas, cada una cumpliendo su rol y con sus potestades, tienen la obligación de hacer viable este proceso y los chilenos y chilenas de participar en el mismo, porque las políticas que se pongan en marcha en las próximas décadas tendrán como base estos preceptos.

También de esa Constitución dependerá la gobernabilidad y la estabilidad política. Redactar una nueva supone definir otras reglas del juego, con el compromiso de aceptarlas y la renuncia a romperlas, porque el propio texto constitucional incluirá maneras para cambiarlas. A esto se le llama contrato social, y quizás conviene recordarlo, porque no sólo se trata de un acuerdo tácito, imaginario y social, sino también escrito. Una Constitución sólo lo será verdaderamente si en ella encuentran cabida las distintas sensibilidades políticas y sociales, logrando un consenso para una convivencia pacífica y ordenada.

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