Migración y democracia: por qué importa el discurso

La crisis de las democracias en la región, constatada por los niveles cada vez más bajos de valoración ciudadana sobre sus instituciones, ha generado las condiciones para que emerjan líderes populistas y nacionalistas que han construido capital político por la vía de la demonización y criminalización de las personas migrantes y refugiadas. Paradójicamente, esta tendencia reciente se contrapone a la conceptualización de la migración bajo un paradigma de derechos humanos, que se había impuesto en las Américas al anterior, consistente en considerarla exclusivamente bajo el prisma de la seguridad nacional (el migrante era un sujeto sospechoso y potencialmente peligroso para la sociedad de destino).

En efecto, esta mirada basada en la seguridad ha venido virando hacia un paradigma de derechos humanos en el que el migrante es un sujeto de derechos reconocidos y es visto como actor relevante para el desarrollo. Países como Argentina y Brasil han aprobado legislación donde el migrante y su familia son el eje de las políticas gubernamentales en la materia, y donde se incluyen derechos tales como la igualdad de trato, la educación y la información. Otros, como Colombia, han establecido derechos como el de la salud para este colectivo. A nivel multilateral, los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han aprobado un instrumento de soft law, el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo Trabajadores Migratorios y sus Familias, con el que precisamente se busca proteger derechos.

Más allá de que los parlamentos han ido incorporando estas nuevas concepciones en los marcos legales y a los programas y servicios de atención, y del hecho de que en la práctica observamos cómo los países de la región siguen acogiendo a las personas desplazadas en la medida de sus posibilidades, el momento político actual y la ‘conversación’ sobre la migración parecen estar permeados a diferentes niveles (comunitario, local, nacional) por líderes con fuertes discursos nacionalistas, que generan mitos o desinformación sobre los migrantes y los refugiados y hacen caso omiso a los sustentos empíricos que contradicen sus posiciones. Los mitos sobre la migración se convierten en realidades en la boca de ciertos líderes políticos a quienes la población ve como referentes.

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Esta realidad se complica si observamos el deterioro en el apoyo de la ciudadanía hacia la democracia. Según el último Barómetro de las Américas 2018-2019, ya son 15 los años en los que ese apoyo está experimentando consistentemente un declive progresivo; o, utilizando la analogía médica de Gallup y Forbes Rae (1940), el lamentable «pulso (débil) de la democracia» que se observa en la región (Zechmeister y Noam, 2019). Es baja la valoración ciudadana respecto a las instituciones democráticas (el 61% no se muestra satisfecho), pero es también altamente preocupante el aumento de la tolerancia hacia las prácticas autoritarias de los líderes políticos. Una cuarta parte de la población expresa su apoyo al cierre de la legislatura por parte del jefe del Ejecutivo, una cifra que ha aumentado casi 10 puntos en los últimos seis años. Se entiende que la ciudadanía precise más y mejores resultados del sistema democrático, pero no es alentador que estén dispuestos a renunciar a las instituciones democráticas, a los controles y equilibrios de poder, para conseguirlos. En este escenario, la llegada de líderes anti-democráticos encuentra terreno fértil en una población que parecer estar dando la espalda a la democracia. Deben preocuparnos tanto como los discursos de estos líderes esta progresiva tolerancia de la gente hacia las prácticas anti-democráticas.

Los sentimientos anti-migrantes en los líderes y la población no sólo se deben a los estereotipos y/o prejuicios culturales; tampoco, únicamente, a los factores de competencia económica, por el temor de los locales a er desplazados laboralmente. Ambos casos pueden abordarse con políticas públicas focalizadas. El problema es que los discursos anti-inmigración y esencialmente anti-democráticos se fortalecen gracias a dos variables: por un lado, del sentimiento de ‘nosotros contra ellos’ y de la construcción del miedo sobre un supuesto ataque a la identidad nacional; por el otro, de la necesidad de encontrar un ‘chivo expiatorio político’ mediante el cual esos líderes culpan a los migrantes y refugiados de los problemas sobre los cuales aquéllos debieran rendir cuentas.

La demonización o criminalización ficticia de la migración debe preocuparnos, porque el discurso en democracia importa: tiene la capacidad de fortalecer los valores democráticos o destruirlos. Para el caso particular de la migración, ese discurso tiene también afecta a la disposición de la ciudadanía de acoger o no a nivel local a las personas migrantes y refugiadas y esto, a su vez, acaba impactando en la vida y en los derechos de las personas. Al demonizar, se fomenta la xenofobia y la discriminación, perjudicando directamente a estas poblaciones ya de por sí vulnerables; pero también deterioran el discurso y, lejos de fortalecer los sistemas políticos, los polarizan y dificultan la búsqueda de soluciones y de políticas públicas para acoger e integrar a estos colectivos.

Para combatir estos discursos hace falta más democracia, pero también una población y medios de comunicación conscientes de sus derechos y de los límites del discurso político. Además de la formación ciudadana, hay otras estrategias que pueden contribuir a elevar el rechazo a los discursos anti-inmigración: asegurar con los medios formas de comunicación con un enfoque de derechos humanos, así como formar a los propios migrantes y refugiados para que conozcan la protección legal de que disponen. Por último, diseñar e implementar campañas informativas, también en redes, para cambiar las narrativas sobre la migración mediante la apelación a las emociones de las personas xenófobas y discriminatorias, generando sentimientos de empatía, y buscando al mismo tiempo un punto en común con migrantes y refugiados para conseguir la comprensión y aceptación mutuas.

También es importante contrarrestar los mitos sobre la migración con datos y más investigación, de forma que este fenómeno se sitúe en su justa dimensión. Y finalmente, incorporar a las propias comunidades receptoras en estas intervenciones para neutralizar los sentimientos de discriminación y rechazo. Cualquier actuación para promover la inclusión de migrantes y refugiados debe favorecer, asimismo, a las comunidades de acogida. Esa es la mejor manera de prevenir.

En suma, en las Américas tenemos que evitar que los comportamientos discriminatorios contra personas migrantes y refugiadas sean naturalizados por los líderes políticos. Aparte de ser contrarios a los valores democráticos que dábamos por consolidados o altamente interiorizados en la región, estas respuestas a los fenómenos migratorios impiden aprovechar las importantes aportaciones de aquéllos a sus países de acogida: desde generar nuevas oportunidades para fortalecer las democracias e integrar a esos países con el resto del planeta de forma más humana, hasta potenciar la innovacion, la competitividad y las formas de desarrollo más alineadas con los nuevos desafíos del mundo, pasando por el enriquecimiento de la diversidad cultural. La migración ofrece una nueva oportunidad de debatir, repensar y, por qué no, generar un nuevo contrato social sobre qué tipo de sociedad se quiere ser en el futuro.

(Las opiniones expresadas en este texto son personales de su autora y no representan las de la Organización de los Estados Americanos)

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