México: ¿Un mal Gobierno con apoyo popular?

Para un importante conjunto de analistas, el Gobierno de México es un fracaso; pero los niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) se mantienen en el entorno del 60%, porcentaje que si bien dista 20 puntos del que tenía al inicio de su mandato, no parece lamentable en medio de una crisis económica sin precedentes, más de 100.000 decesos relacionados con la Covid-19, decisiones erráticas y un estilo del Ejecutivo particularmente agresivo con sus críticos. Además, el partido del presidente, Morena, lidera las encuestas de cara a las elecciones legislativas de 2021 ¿Por qué si el Gobierno hace las cosas tan mal parece retener un importante apoyo popular?

Quizás las decisiones en materia económica son las más criticadas, tanto por derecha como por izquierda. Amlo mantiene una relación casi histérica con la clase empresarial dentro y fuera de su Gabinete. El Ejecutivo de Morena no ha entrado en reformas fiscales para cambiar los términos de la distribución, pero ha orientado sus esfuerzos en cobrar pagos de impuestos atrasados, revisar contratos firmados por gobiernos anteriores y hacer que paguen aquéllos que evaden con regularidad importantes volúmenes de contribuciones fiscales.

En los primeros 12 meses (2019) de obradorismo en el poder, la economía nacional registró una contracción de una décima, una cifra que algunos adjudican a los efectos de las decisiones gubernamentales y quienes la inscriben en una tendencia global de cero crecimiento desde mediados de 2018. La política de austeridad y de combate contra la corrupción, emblema narrativo del Gobierno de Morena, ha tenido impactos importantes en el gasto público, afectando al funcionamiento de la gestión estatal y de importantes sectores industriales, como la construcción.

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La pandemia significó un duro golpe para un proyecto económico que apenas encendía sus motores de arranque. El Gobierno federal pasó del desdén inicial a implementar medidas no coercitivas para promover el confinamiento, y anunció la continuidad y la expansión de sus programas de transferencias financieras (similares a las políticas focalizadas de gobiernos anteriores, aunque ahora incondicionadas y con estatus de derecho constitucional). Como apoyo a las pequeñas y medianas empresas, se dispuso la distribución de 25 millones de pesos entre comercios formales e informales, una cifra muy lejana a los 97.000 millones que sugirió la principal congregación patronal mexicana en su propuesta de pagos solidarios a los empleados.

Por lo que respecta al mundo de los trabajadores, las políticas de Amlo parecen más claras. El salario mínimo ha experimentado sus mayores incrementos en 25 años, hasta ahora sin efectos sobre la inflación; las estrategias de debilitamiento del sindicalismo de gobiernos anteriores se han visto desplazadas por una reforma legal que podrá facilitar la democratización del asociacionismo laboral, aunque las relaciones de la Presidencia con cuestionados líderes de este sector son cordiales. El año pasado finalizó con una mesa tripartita para revisar la figura del outsourcing.

Otra de las líneas más juzgadas del Gobierno autodenominado la Cuarta Transformación (4T) es la política social. Aunque las transferencias financieras a sectores desfavorecidos no son una estrategia muy distinta a las implementadas en gobiernos anteriores, su carácter incondicional, además de la ausencia de burocracias profesionales y manuales de operación claros, son alimento para reforzar los argumentos sobre el clientelismo como forma de gobierno. El problema es que esto pasa por alto la diversidad de mediaciones y actores que disputan la construcción de agendas propias bajo el cobijo de López Obrador, no por una línea directa de mando.

El proyecto de la 4T comenzó con una intempestiva y amplia reforma estatal. Los procesos, intermediaciones y técnicas de gestión que se instituyeron durante más de 20 años fueron desmontados casi por completo, sin que hasta el momento parezcan haber sido reemplazados por métodos más eficientes. El vaciamiento de las capacidades de gestión estatal, sumado a la falta de cuadros con experiencia en la gestión pública, parece justificar la incorporación de viejos actores del sistema político así como la delegación de tareas al Ejército, incluida la creación de una Guardia Nacional, lo que representa un giro radical a la promesa de campaña de Amlo para devolverlo a los cuarteles.

Probablemente, la visión universal del proyecto obradorista, que piensa en la nación como un todo que expresa la unidad de las partes, le hace más proclive a aliarse con el Ejército, a pesar del descontento de organizaciones sociales, víctimas de la guerra contra el narcotráfico y académicos, que incluso habían participado en tempranas consultas para elaborar una política de paz. Este tipo de conflictos se extiende a actores y movimientos cercanos al comunitarismo o la resistencia a megaproyectos de desarrollo que cuentan con el aval del Gobierno federal. El universalismo de la 4T bloquea puentes de afinidad con actores que probablemente le dieron su voto en 2018.

El frente político es el más conflictivo del Gobierno de Morena. La figura presidencial es explotada a diario con un estilo de comunicación histriónico y combativo, que bien podría ser el correlato del privilegio por la política como confrontación más que como mediación y articulación hacia afuera. Casi todo lo que representa oposición a las decisiones gubernamentales se traduce como antagonismo al proyecto estatal, lo que mantiene al presidente y a la Prensa en un pleito casi permanente, en ocasiones con penosos episodios personalizados. El obradorismo tiene una vocación hegemónica que reconoce el disenso, pero no está dispuesto a dejar espacios sin combatir.

¿En qué se sostiene la relativa popularidad de Morena? Mientras para el oficialismo hay un exitoso modelo de cambio en marcha, una franja de críticos sólo ven desastre. Es plausible pensar que buena parte del apoyo al nuevo Gobierno está ligada a la cruzada de Amlo para recomponer la capacidad de vida de las clases trabajadoras y desmontar los resortes de las élites destronadas del poder en 2018. Las consecuencias no sólo fastidian a los de arriba o a quienes siempre han rechazado los valores de la izquierda nacionalista. Hay un sector que podría simpatizar con los fines del ‘obradorismo’, pero se disgusta con los excesos y los yerros de la Presidencia; el problema es que no es élite ni encaja en la construcción presidencial del pueblo, y en un debate polarizado el análisis no acepta matices.

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