Los sicarios se hacen sitio en la escena electoral paraguaya

El 10 de octubre de 2021 se celebraron elecciones municipales en Paraguay. Tras haberse pospuesto un año debido a la pandemia por Covid-19, en estos comicios se eligieron 261 intendentes, 2.781 concejales y sus respectivos suplentes en todo el territorio paraguayo, habiendo sido habilitados 4.644.536 electores y 1.135 locales de votación. Debido a que las municipales tienen lugar a mitad de periodo del Gobierno presidencial, sus resultados proporcionan información acerca de la reconfiguración de fuerzas políticas con vistas a las siguientes elecciones generales, y permiten avizorar las eventuales estrategias que adoptarán los partidos políticos.

En estas elecciones se implementó por primera vez el uso de máquinas para imprimir los votos y los ciudadanos pudieron valerse del voto preferente para las juntas municipales. El uso de esta tecnología novedosa para el país, no obstante, no coincidió con una mejora en la integridad electoral: el Ministerio Público registró 167 denuncias de crímenes, faltas e irregularidades durante la jornada, entre las cuales se encuentran el uso de distintivos partidarios en los locales de votación, la extensión de las campañas hasta el día de los comicios, la toma de fotografías de los sufragios emitidos, la presencia en los locales de votación de ‘asesores electorales’ no sancionados por la Justicia y casos de inducción al voto y sobornos.

Los resultados tampoco fueron novedosos, en tanto ratificaron el control territorial del país por parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado). De acuerdo con la transmisión de resultados electorales preliminares (Trep), la ANR quedó al frente de 160 municipios, superando a los 147 que había ganado en 2015. A este partido le sigue en número de localidades el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con 60 gobiernos locales frente a los 75 que ganó en los comicios anteriores. Las alianzas electorales, por su parte, aumentaron su presencia a un total de 37 intendencias, superando las 25 que habían conseguido en el periodo anterior. Estos datos confirman la fuerza de la maquinaria electoral colorada para movilizar a sus votantes incluso en contextos de descontento ciudadano.

Estos comicios han tenido lugar en un contexto de marcada vulnerabilidad de la población después de más de un año de pérdida de recursos, vidas y bienestar general. La incapacidad gubernamental para fortalecer el sistema nacional de salud para afrontar a la pandemia, junto con la persistencia de la corrupción en diferentes áreas de la política, había suscitado durante los primeros meses de 2021 una serie de protestas contra el Gobierno que derivaron en la consigna ANR nunca más. Las municipales aparecían, por tanto, como el momento de prueba donde se verificaría la capacidad de los partidos opositores para canalizar en las urnas el descontento ciudadano, en contra del poder colorado anidado en la Administración pública.

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La fuerza electoral de la ANR en Paraguay se sustenta en el poder burocrático acumulado durante las décadas de Gobierno dictatorial (1954-1989) y los años posteriores al cambio de régimen, cuando mantuvo el control del Ejecutivo nacional. A nivel municipal, la ANR ha ganado consistentemente la mayoría de las intendencias en las últimas dos décadas, lo que le ha permitido mantenerse en contacto cercano con la población, atribuirse sistemáticamente la responsabilidad por las políticas públicas implementadas y mantener redes clientelares en todo el territorio paraguayo. A estos elementos se suman los recursos de campaña que manejan las candidaturas de este partido, superiores a los de los demás según la organización Semillas para la Democracia.

El caso de la capital del país, Asunción, es representativo de esta dinámica del sistema político paraguayo. Aquí, el candidato colorado fue Óscar Nenecho Rodríguez, hijo de un juez ‘colorado’ que recientemente frenó un habeas data presentado contra la ANR por afiliaciones fraudulentas. Nenecho había quedado al frente de la comuna asuncena en 2019 (tras la renuncia del intendente Mario Ferreiro por denuncias de corrupción) y basó su campaña en el mensaje de su demostrada capacidad de gestión. Sin embargo, en la semana anterior al cierre de campaña salieron a la luz documentos sobre la rendición de cuentas de su administración acerca de los fondos que debían haberse destinado para paliar los efectos de la pandemia, revelando una serie de irregularidades como compras con sobrecostes y de empresas sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La publicación de estos documentos fue el resultado de las peticiones de acceso a la información realizadas por la candidata Johanna Ortega, de la Alianza Asunción Para Todos, que llegaron a instancias judiciales. No obstante, la principal fuerza opositora al coloradismo en la capital fue la Alianza Juntos por Asunción, liderada por Eduardo Nakayama (del PLRA) y apoyada por el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Encuentro Nacional (PEN) y otras formaciones de menor tamaño. Estas agrupaciones no alcanzaron acuerdos para una alianza electoral más amplia como consecuencia de la polarización discursiva entre sus integrantes, lo que impidió que sectores progresistas y conservadores pudieran asumir un programa de gobierno respetuoso con la diversidad ideológica del municipio que sirviera como plataforma electoral para hacerle frente a la ANR.

Nenecho ganó en Asunción con aproximadamente cinco puntos porcentuales más que Nakayama. Así, la oposición asuncena no logró capitalizar el descontento ciudadano ni las denuncias de irregularidades en la gestión ‘colorada’ en esta ciudad, donde se registró menos del 60% de participación.

Si bien la ausencia de sorpresas en los resultados puede dar una imagen de previsibilidad en el sistema, se ha podido percibir una trágica novedad en el quehacer político paraguayo: la presencia del sicariato como recurso en la competencia política. Durante la campaña, hubo más de una decena de atentados contra candidatos/as y sus familiares en distintos puntos del país, con un saldo de muertos que afectó a varios partidos. Estas prácticas incidirán indefectiblemente en la voluntad de la población de participar activamente en política, en tanto el Estado paraguayo se muestra cada vez menos capaz de hacer frente al crimen organizado.

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