Los fabricantes de coches, contra el derecho a respirar aire limpio

Según una sentencia histórica dictada recientemente en el Reino Unido, la contaminación atmosférica provocada por las emisiones tóxicas de coches, autobuses y camiones fue la responsable de la muerte de Ella Adoo-Kissi-Debrah, de nueve años. El mensaje es claro: si no se abordan urgentemente las causas del aire contaminado que millones de personas nos vemos obligados a respirar a diario, se producirán más muertes innecesarias y evitables.

Hace décadas que sabemos que las peligrosas emisiones de los vehículos diésel y de gasolina son responsables de decenas de miles de muertes prematuras en toda Europa cada año. Sin embargo, incluso después de que el escándalo del Dieselgate sacara a la luz las trampas que hacían fabricantes europeos la UE en las pruebas de emisiones, la industria sigue negando su responsabilidad respecto a la pésima calidad del aire de nuestras ciudades. En este mismo momento, luchan con uñas y dientes contra una nueva normativa que obligaría a producir motores menos contaminantes y mejoraría la calidad del aire para todos.

El coste humano de los graves problemas de salud y enfermedades como el cáncer de pulmón, el asma y las cardiopatías también supone un gasto para los países de decenas de miles de millones de euros cada año. El problema es especialmente grave en las ciudades congestionadas por el tráfico, donde los coches y los camiones son la principal fuente de contaminación por dióxido de nitrógeno. Nadie debería tener que conformarse con respirar un aire tóxico para que los fabricantes se libren de invertir en coches más limpios.

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Por su parte, los límites actuales de las emisiones de escape de los coches, autobuses y camiones apenas contribuyen a solucionar el problema. Revisada por última vez hace más de una década, la normativa es laxa y está plagada de vacíos legales que permiten que los vehículos emitan en carretera por encima de esos límites legales. Si no se establecen otros, estos vehículos contaminantes seguirán vendiéndose en un futuro próximo. En la Unión Europea, gran parte de ellos no se desguazan hasta que tienen más de 20 años de antigüedad, por lo que cabe esperar que los que se venden ahora sigan contaminando hasta mediados de siglo.

La nueva normativa de emisiones de vehículos de la Comisión Europea, Euro 7, obligaría a los fabricantes a adoptar tecnologías que reduzcan radicalmente la contaminación de los motores. En respuesta, los fabricantes de automóviles más conocidos de Europa están haciendo todo lo posible para frenar la nueva ley. La afirmación de la industria automovilística de que la Euro 7 acabará con los motores de combustión interna en 2025 no es más que otro ejemplo de un sector que se lamenta con demasiada frecuencia al grito de que viene el lobo.

Cuando se opusieron a la adopción de las actuales normas de emisiones, alegaron que su cumplimiento sería demasiado caro y frenaría las ventas. Sin embargo, las visiones apocalípticas de la industria no se hicieron realidad, como tampoco lo harán en esta ocasión. Y eso no les ha impedido adoptar las mismas tácticas y utilizar los mismos argumentos para intimidar a unos gobiernos seriamente preocupados por la reactivación económica y la creación de empleo en la recuperación de la pandemia de la Covid-19.

El mes pasado, el sector del automóvil llegó incluso a «celebrar» la flexibilización de los nuevos límites de contaminación, obviando lo que supone incrementar el número de coches contaminantes en nuestras ciudades para la salud de las personas que viven y trabajan en ellas. Estamos ante una industria acostumbrada a salirse con la suya, y dos semanas más tarde volvió al ataque afirmando que incluso unas normas mucho más débiles «conducirán a un final muy prematuro del motor de combustión interna, con graves implicaciones para el sector».

Anteponiendo sus intereses económicos, el grupo de presión de la industria del automóvil, Acea, se ha enfangado aún más si cabe. Desde él se han vertido afirmaciones escandalosas e infundadas de que la seguridad de las mujeres se verá comprometida por la nueva tecnología instalada para reducir las emisiones. Sin fundamento alguno, se ha llegado a asegurar que los aparcamientos subterráneos serán más peligrosos para las mujeres, y que la Policía podría ser incapaz de atender los avisos con la rapidez requerida.

El Dieselgate y el reciente descubrimiento, por parte de la Comisión Europea, de que cinco fabricantes alemanes se confabularon para no utilizar tecnologías de bajas emisiones en sus coches, prueban las dificultades de la industria para cumplir la legislación o hacer lo correcto. Básicamente, resulta muy difícil confiar en que el sector automovilístico haga lo mejor para la salud pública o el medio ambiente, especialmente cuando se trata de la contaminación atmosférica.

Ésta es la primera normativa de emisiones que se adopta desde que estallara el escándalo ‘Dieselgate’. Si lo que se busca es marcar un antes y un después, la norma Euro 7 debe ser ambiciosa y reducir las emisiones a los niveles mínimos necesarios para garantizar un aire limpio, en lugar de adaptarlas a lo que convenga a la industria. Con una norma de este tipo, el aire que respiramos en Europa sería más seguro y los pueblos y ciudades se convertirían en lugares más saludables para vivir.

Los fabricantes de automóviles debilitaron las normas de emisiones anteriores y luego las incumplieron a base de trampas. No podemos permitir que los grupos de presión defiendan sus intereses yendo en contra del bien público e interponiéndose, una vez más, en el camino hacia un aire más limpio.

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