Lo que no cambia con el cambio electoral en Cataluña

Aunque se especule mucho sobre los cálculos de vuelo gallináceo que han motivado la decisión de posponer las elecciones al Parlament de Cataluña casi cuatro meses, no debiera sorprendernos que sus principales implicaciones vayan a darse, en realidad, en la arena estatal antes que en la propia arena política catalana.

Es indudable la dificultad que imponía el actual contexto sanitario. También es cierto que ése no era un argumento definitivo: la perspectiva comparada nos ofrece ejemplos numerosos de elecciones celebradas a pesar de todo, y de convocatorias postergadas semanas o meses. Eso sí, todos los precedentes de comicios celebrados en contexto pandémico durante estos tiempos tienen algo en común que no encontramos en Cataluña: la determinación política o jurídica de celebrarlas por parte de gobiernos que se esforzaron para hacerlo posible.

No deja de resultar ilustrativo que los mismos agentes que, hace apenas tres años, se proponían la revolucionaria meta de construir “un nuevo Estado de Europa” se vean ahora obligados a alargar la agonía de un Ejecutivo en funciones desde hace meses, con el argumento de que no pueden asegurar el derecho al voto en un contexto problemático porque ni siquiera han sido capaces de pergeñar el marco jurídico ni operativo para ello; todo un contraste entre el voluntarismo de aquel 1 de octubre y la realidad fallida del 14 de febrero.

Bien es cierto que el argumento puramente sanitario resulta sospechosamente débil. Los escenarios tan negativos manejados para postergar las elecciones no se antojan muy coherentes con el mantenimiento de medidas sanitarias menos estrictas de lo que sugeriría la gravedad de las cifras mencionadas. O no estamos tan mal, o no lo estamos haciendo tan bien. Habrá que esperar al 14 de febrero para ver en qué medida las elecciones eran realmente inviables, o bien se han forzado las estimaciones para hacerlas inviables.

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No obstante, la verdadera prueba del trasfondo político del cambio decidido estriba en la elección de una fecha tan innecesariamente tardía, sin que se hayan ofrecido más argumentos que la voluntad de evitar la interferencia de jornadas festivas en la campaña electoral, como si eso fuese relevante para una campaña que será tan excepcional y desintermediada como lo ha sido la política de estos últimos 12 meses.

Por ello, todo el mundo ha buscado razones políticas detrás de la decisión para entender sus derivadas.

Sin entrar aquí en la nada irrelevante controversia jurídica sobre el alcance de esta decisión, lo primero que resulta claro es que los partidos del ‘Govern’ han aprovechado la ocasión para recuperar cierto margen en la confección del calendario del fin de la legislatura, un instrumento al que el ex president Torra renunció con su inacción. Si febrero fue la fecha obligada y resultante del mecanismo automático espoleado por la inhabilitación del president, el final de mayo es lo más tardío que podía darse sin abusar de la complicidad de los partidos de la oposición, a los que ya les convenía un atraso porque saben el disgusto que tendrán.

Lo más llamativo de esta jugada para recuperar la iniciativa y tratar de alterar el proceso electoral abierto es la excesiva propensión general de partidos y analistas a asumir que el cambio de calendario puede modificar sustantivamente los resultados que ya se esperaban para el 14 de febrero.

¿Hasta qué punto esto puede ser así? Ciertamente, tres meses deparan tiempo suficiente para que aparezcan nuevas curvas en la ruta por la que transitan la política catalana y la española. Y el calendario hasta entonces incluye nuevos recodos que la fecha de febrero parecía evitar: un mayor desgaste de la paciencia de los votantes frente a las medidas sanitarias y sus efectos económicos, las vacunas, la decisión del Gobierno sobre el indulto a los presos, el suplicatorio en el Parlamento Europeo, otros calendarios judiciales…

Pero, más allá de estos recodos, cuyo castigo o premio a los partidos es incontrolable y bastante imprevisible a priori, las principales causas que iban a determinar los resultados electorales seguirán ejerciendo una influencia plausiblemente similar.

Por un lado, los incentivos para que el ‘Govern’ catalán siga preso de sus discrepancias internas no van a cambiar sustancialmente.

Junts mantiene aún una fidelidad notablemente menor de voto que ERC, y sólo puede aspirar a elevarla marcando diferencias respecto al socio de Gobierno. No obstante, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado y con la pandemia imponiendo sus constricciones económicas sobre la acción del Ejecutivo autonómico, la principal baza para mejorar la posición relativa de Junts ante ERC pasa menos por su propia inercia que por el desgaste de su adversario y socio de Gobierno.

De hecho, ésa es la principal razón por la que Junts y Puigdemont han venido manifestando sus preferencias por alargar la legislatura tanto como fuera posible, algo a lo que Torra contribuyó tanto como pudo y por la que ya habían planteado dudas sobre el 14 de febrero antes de navidades.

La novedad sorpresiva es que ahora ERC ha cambiado su posición, aceptando modificar la fecha electoral, a lo que se había opuesto hasta hace poco. Muchos han mencionado el efecto Illa para explicar ese cambio de posición, aunque esto es más que dudoso. La llegada del ministro de Sanidad no parecía capaz de captar apenas votos de ERC; menos aún de ‘Junts’. Y tampoco se detectaba una fuga de apoyos de ERC hacia Junts. Además, el retraso deja en evidencia la fragilidad de la mesa de negociación con que el partido justifica su giro pragmático en la cuestión territorial.

Por eso, el cambio de posición de ERC sugiere, más bien, falta de confianza en las propias expectativas electorales ante la incertidumbre sobre el impacto que pudiere tener la previsible abstención. ¿Teme ERC ser penalizada por el descontento y el castigo a la gestión que puede provenir de una parte de su electorado, algo latente pero no manifiesto en los últimos sondeos? ¿Por qué ese riesgo sería menor con tres meses más de pandemia?

Por otro lado, la mejora del PSC, impulsada por su posición en el Gobierno central y el cambio de candidato, parece más sólida de lo que deducen quienes señalan el factor sorpresa del efecto Illa: responde a cambios en votantes que abandonan a Ciudadanos y Podemos/Comunes por la ingravidez de ambos partidos en el último ciclo electoral. La candidatura de Illa contribuye a cimentar esos trasvases. ¿Por qué eso tendría que ser temporal? De nuevo, apostar, por parte del Govern pero también de Ciudadanos y Podemos/Comunes, a un desgaste de Illa en sus funciones es una interpretación voluntarista, que puede resultar tan acertada como equivocada.

Lo curioso es que el PSC asuma también esas dudas. De hecho, diría poco de los socialistas si éstos hubieran fiado su recuperación a una simple estratagema de último momento en las listas, algo más propio de las inefables jugadas maestras del mago Artur Mas. Si Salvador Illa es una apuesta de futuro, más tiempo de campaña debería traducirse en una mayor solidez de su oferta electoral.

Si el Gobierno catalán ha apostado por que la situación mejore en los próximos meses, con los réditos correspondientes para el apoyo a su gestión, eso también debería valer para el ministro de Sanidad.

En realidad, los efectos más patentes de este cambio electoral no se darán en Barcelona sino en Madrid. Pedro Sánchez se ve obligado a modificar sus planes de remodelación ministerial. O bien saca al ministro de Sanidad del Gobierno y lo expone a la intemperie de la virtualidad pandémica, o bien lo reubica provisionalmente en Administraciones Públicas, a la espera de la llegada de Miquel Iceta en abril. O, lo más probable, mete simplemente la remodelación en el congelador hasta entonces.

Es obvio que los estrategas de Moncloa ya habrían anticipado este escenario, ya que hubiera sido un error claro de previsión apostar todo a un Blietzkrieg de Illa ante una jornada electoral tan frágil como al final se ha demostrado.

Por todo ello, habría que evitar cargar demasiadas expectativas sobre el potencial de cambio que puede derivarse de esta alteración del calendario en Cataluña. Los dos grandes titulares que podíamos avanzar en febrero probablemente se mantendrán en mayo.

Primero, la reedición de la mayoría absoluta del independentismo en el ‘Parlament’. Por muy desacreditada que esté la coalición gobernante actual, el escenario más probable seguirá siendo, paradójicamente, que se mantengan las opciones de ser reeditada, incluso con algunas voces aún más estridentes de los que lo forman en estos momentos. Así, mientras las opciones de Laura Borrás como presidenciable se reducen aún más con el retraso de las elecciones, se intensificará la pugna entre los aspirantes a sucederla (Canadell, Tremosa, Puigneró…), todos ellos con un discurso soberanista más exigente que el de la propia Borràs.

Ninguno de ellos impedirá que ERC siga siendo el actor decisivo en cualquier escenario de Gobierno resultante de los comicios. La verdadera incógnita por resolver el 30 de mayo es con quién y a qué precio.

Y segundo, las elecciones catalanas proyectarán una recuperación de PSOE y PP en Cataluña en detrimento de los (cada vez menos) nuevos partidos, incluso a pesar de la irrupción de Vox. Aunque ello producirá el consecuente aumento del coste para mantener mayorías legislativas en el Congreso después de mayo, la recuperación de populares y socialistas también ofrece nuevos argumentos para los acuerdos de desbloqueo institucional pendientes.

De cómo Sánchez aproveche estas tendencias para reconfigurar el escenario político en Madrid dependerá el alcance real del cambio de las próximas elecciones catalana, cuya fecha ahora sí parece definitiva.

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