Lo que falta para convertir España en ‘hub’ europeo de la electro-movilidad

En el último año han sido varias las compañías automovilísticas que han anunciado la fabricación de vehículos de cero emisiones (eléctricos) en sus plantas de producción en España. La semana pasada, el Gobierno anunció un impulso drástico a la industria del coche eléctrico.

La fabricación en España de estos vehículos, el despliegue de la infraestructura de puntos de recarga eléctrica y, ahora, la construcción de una planta de fabricación de baterías para coches eléctricos por parte de un consorcio público-privado, componen el hardware de la electrificación del transporte por carretera y la movilidad urbana. Ahora bien, para lograr la transformación y el objetivo de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030, como prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), todavía falta el software; o, en palabras de las propias autoridades, el “ecosistema” amigable.

Desde Transport & Environment y Ecodes llevamos años reclamando la transición del sector del transporte y la movilidad hacia las cero emisiones; pasar de un sistema basado en la importación de petróleo hacia otro basado en energías limpias producidas a nivel nacional, para lo que es indispensable cumplir con los objetivos y compromisos acordados en materia de energía y clima, entre otros efectos positivos transversales a su cumplimiento. Según el informe ‘Repostando hacia el futuro. Cómo propulsar la economía dejando atrás el carbono’, elaborado en 2018, esta transición crearía 23.185 empleos netos en España en 2030. Estamos seguros de que esta cifra se incrementará exponencialmente a la luz de los acontecimientos, planes, inversiones y fondos aprobados recientemente.

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La reciente apuesta de España por la electro-movilidad, que el presidente Pedro Sánchez reivindica como “absoluta”, marca por fin un cambio de rumbo: de la producción nacional de vehículos propulsados por una tecnología obsoleta como es la de los motores de combustión, hacia la fabricación de coches con futuro, eléctricos, propulsados por baterías y alimentados por energías renovables y sostenibles. Que sea este el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) que se incluirá en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España es una muy buena noticia para el país, su economía y su industria, la ciudadanía y la salud; y, por ende, para Europa.

Sin embargo, faltan piezas clave del puzle de la recuperación económica y social gracias a la electro-movilidad: la instalación de puntos de recarga, la reforma de la fiscalidad aplicable al automóvil, la reforma y actualización de los distintivos ambientales de los vehículos, la estandarización de las zonas de bajas emisiones en las ciudades y la elaboración de planes locales ambiciosos que permitan la transformación de la movilidad urbana, desincentivar la adquisición y uso de vehículos de combustión interna y la creación de un mecanismo de crédito nacional para electricidad renovable en transporte.

Por ello, desde esta perspectiva, en el menor plazo posible el Gobierno debe:

1.- Presentar e implementar su plan de despliegue de la infraestructura de recarga eléctrica, una oportunidad laboral para 19.000/20.000 profesionales en España en 2030.

2.- Emprender y aprobar la urgente reforma fiscal ambiental para la automoción mediante la reforma de los impuestos de matriculación y circulación, entre otros tributos ambientales necesarios, y los coches de empresa, permitiendo incrementar la penetración del vehículo eléctrico en España al mismo tiempo que mejorar la salud, el medioambiente y la economía.

3.- Poner en marcha un sistema de créditos para electricidad renovable en el sector del transporte, ya en vigor en otros países europeos como Holanda y Alemania, que puede generar en España unos ingresos anuales de 529 millones de euros a partir de 2030.

4.- Diseñar e implementar una actualización de los distintivos ambientales usados para categorizar, real y coherentemente, los vehículos en función de su tecnología y emisiones asociadas.

5.- Elaborar un marco normativo básico y común para la implementación de las zonas de bajas emisiones por todo el territorio nacional, que establezca requisitos y objetivos mínimos y ambiciosos a los gobiernos locales, que son los que tienen la competencia de la movilidad en sus municipios.

6.- Adelantar a 2035 la fecha de la eliminación progresiva de vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, fomentando plazos más cortos entre las autonomías y municipios que quieran ser más ambiciosos.

Estas actuaciones permitirán generar el máximo beneficio económico, social y climático de la transición hacia la movilidad libre de emisiones contaminantes encaminada por el Gobierno, en parte mediante colaboraciones público-privadas.

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