Lo que dicen los datos: la inmigración no dispara el crimen

Uno de los principales argumentos para criticar la inmigración legal y la regularización de inmigrantes irregulares es el supuesto aumento del crimen relacionado con su llegada. A continuación, comprobaremos cuánta veracidad hay en tales afirmaciones.

¿Está creciendo el miedo a la inmigración? En esa dirección parecen apuntar los resultados electorales de numerosos partidos en la Unión Europea que ven en ella un problema que combatir.

Los investigadores Vicenzo Bove, Leandro Elia y Massimiliano Ferraresi utilizan datos de gasto de 7.000 municipios italianos entre 2003 y 2015 y datos municipales sobre población extranjera, incluyendo su país de origen y características demográficas y socioeconómicas. Sus resultados indican que por cada punto porcentual de incremento de la población inmigrante en el municipio, el gasto público en seguridad se incrementa entre 0,12 y 0,30 puntos porcentuales; un gran efecto teniendo en cuenta que los municipios gastan de media un 4,3% de su presupuesto en seguridad. Encuentran también que este aumento del gasto en seguridad es a costa del dedicado a otras partidas como cultura, turismo y desarrollo económico local, algo problemático teniendo en cuenta que las ciudades italianas han tenido problemas para cubrir el gasto de mantenimiento de infraestructuras y servicios básicos. Además, según el estudio, cuantas más diferencias culturales hay, tomando en consideración la religión, genética y lengua entre la población nativa y la inmigrante, más se incrementa ese gasto en seguridad como consecuencia de la inmigración.

Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Los autores encuentran que la inmigración en estos municipios no está asociada a una tasa de criminalidad más alta y descartan que haya caído como consecuencia del aumento del gasto en seguridad. Se dan cuenta de que los habitantes de estas localidades con vecinos extranjeros o de diferentes características genéticas son más propensos a pensar que la lucha contra el crimen es una prioridad nacional y que los inmigrantes aumentan la tasa de criminalidad. También, que la inmigración tiene un efecto negativo sobre el número de organizaciones sin ánimo de lucro en estos municipios, lo cual indica una menor cohesión social entre los miembros de la comunidad. Así pues, con una tasa de criminalidad que no ha dejado de caer, el aumento en el gasto en seguridad no se debe a una relación real entre inmigración y crimen, sino a la falta de cohesión social y al miedo infundado hacia los inmigrantes.

Y los españoles, ¿cómo ven la inmigración? El Estudio Internacional de Valores de la Fundación BBVA de 2019 pidió a 1.500 personas de 18 años o más de una muestra representativa de los cinco países europeos más poblados que puntuasen lo problemáticos que ven ciertos fenómenos, entre ellos la inmigración, siendo 0 nada problemático y 10 muy problemático. En España, como se puede apreciar en la gráfica inferior, la inmigración es el hecho que se considera menos problemático comparado con el cambio climático, el terrorismo y los ciber-ataques.

Fuente: Estudio Internacional de Valores de la Fundación BBVA (2019).

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Además, el 15% (el valor más alto entre los países estudiados) de los encuestados en España se mostraron de acuerdo con permitir la libre entrada de personas que buscan oportunidades en el país, mientras un 49% estaba de acuerdo con permitirla mientras haya puestos de trabajo disponibles (lo cual lleva a pensar que gran parte de la población opina que pueden quitar puestos de trabajo a los españoles, aspecto ya tratado en un artículo anterior). El 25% apoyaba establecer cupos de entrada y el 4% (valor más bajo, con diferencia, entre los países estudiados), a favor de impedir la llegada de personas en búsqueda de oportunidades.

Fuente: Estudio Internacional de Valores de la Fundación BBVA (2019).

Llama la atención que en España el rechazo a la inmigración sea menor que en los demás países, y es probable que gran parte de ese rechazo se deba a la fuerte relación que suele suponerse con el crimen. Así pues, ¿qué hay de cierto en tal suposición?

Los inmigrantes irregulares y el crimen

Em 2014, los investigadores Thomas J. Miles y Adam B. Cox estudiaron en un artículo científico la implementación, en más de 3.000 condados estadounidenses, de la política llamada Secure Communities, un programa que permitía a la Policía federal chequear el estatus migratorio de los arrestados y, en caso de ser irregulares, deportarlos. En los siguientes mapas se puede ver la extensión del programa desde su puesta en marcha en los distintos condados estadounidenses hasta abarcar la práctica totalidad del mapa.

Fuente: Miles, Cox (2014).

Sus resultados son claros: este restrictivo programa no tuvo un impacto significativo en el índice de criminalidad que elabora el FBI, a pesar de generar más de 250.000 detenciones. No ha reducido la tasa de robos, homicidios, secuestros o asaltos graves.

No es el único estudio acerca de la relación entre inmigración y crimen. Los autores Brian Bell, Stephen Machin y Francesco Fasani publicaron en 2010 un artículo de investigación en el que se examinan dos olas migratorias en Reino Unido: la primera, la entrada de buscadores de asilo entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000; la segunda, el gran flujo de inmigrantes procedentes de países de la Unión Europea en 2004. Sus resultados son distintos según el periodo observado. Mientras que en la primera ola sí se detecta un pequeño repunte del crimen contra la propiedad, en la segunda no; y en ninguna de las dos aumentó el crimen violento. Estos resultados, según los autores, sugieren que centrarse en las escasas oportunidades laborales de los buscadores de asilo tendría efectos positivos sobre la tasa de crimen, logrando reducirla.

En 2017, Paolo Pinotti publicó en American Economic Review una investigación sobre la legalización de inmigrantes irregulares entre 2007 y 2008 y su efecto sobre el crimen en el caso específico de Italia, uno de los países en los que más candente ha estado este debate. Según el autor, la legalización de inmigrantes indocumentados en Italia reduce su tasa de de crimen en 0,6 puntos porcentuales, partiendo de una tasa de criminalidad base del 1,1%. Además, señala Pinotti, la irregularidad impone altos costes a los inmigrantes irregulares en términos de peores oportunidades laborales, salarios más bajos y menor acceso a los servicios sociales.

Por último, pero no menos importante, los economistas César Alonso-Borrego, Nuno Garoupa y Pablo Vázquez estudiaron las olas migratorias de España entre 1999 y 2009. Encontraron que la tasa de criminalidad aumentó a una tasa menor que en otros países y que existe una relación significativa positiva entre la inmigración y el crimen según el origen de aquélla. La conclusión es que el aumento no se debe tanto al número de extranjeros recibidos como a las características específicas de los mismos, notándose que aquéllos con mayor proximidad cultural, que tienen el español como lengua materna y presentan un mayor nivel educativo tienen una tasa criminal menor que otros con menor similitud respecto a la población nativa. En la tabla inferior se puede apreciar la tasa de criminalidad según el tipo de delito (homicidio, agresión, robo, hurto y tráfico de drogas) en España según la nacionalidad de los infractores entre 2000 y 2006.

Fuentes: MIR e INE.

Los autores destacan también que, a pesar de que los inmigrantes arrancaron con una tasa de criminalidad más alta, ésta ha ido convergiendo con la de los nativos conforme cambiaba la composición y el tamaño del primer grupo. Es notorio el caso de la inmigración rumana en España, hoy en día una de las mayores del país, que a pesar de ‘estrenarse’ con altas tasas de criminalidad, la tiene hoy menor que la de los nativos en el grupo de edad de 20 a 50 años. Según el estudio, es entre los hombres jóvenes menos educados donde se concentra el crimen.

Se observa que la inmigración es vista como un problema por muchos al considerar, entre otras cosas, que está relacionada con una mayor tasa delictiva. Una vez examinada la evidencia empírica, se puede concluir que esta relación no siempre se cumple y que los inmigrantes no son un grupo homogéneo. Esto implica que los estados deben tener en cuenta las diferencias entre los distintos grupos y actuar en consecuencia.

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