Las perspectivas electorales mexicanas para 2021

El mes de septiembre pasado arrancó el proceso electoral 2020-2021 en un contexto por demás complicado, por una pandemia que continúa en expansión, y que tendrá su momento culminante el próximo 6 de junio, cuando más de 93 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal elegirán a sus representantes en 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Además del proceso federal, 15 entidades celebrarán comicios para gobernador o gobernadora y, exceptuando Durango e Hidalgo, en el resto del país habrá elecciones municipales; alcaldías, en el caso de Ciudad de México.

En este espacio abordaremos tres ángulos, los relacionados con las fuerzas políticas contendientes, las autoridades electorales y la ciudadanía.

Las fuerzas políticas contendientes

A nivel nacional, 10 formaciones contenderán por la representación ciudadana, siete de ellos con mayor antigüedad y arraigo: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Los tres de registro reciente son el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.

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Partidos opositores a Morena como PAN, PRI y PRD han registrado la coalición parcial denominada ‘Va por México‘, con la cual buscan conformar una nueva mayoría en el Congreso. Por su parte, Morena, el PT y el PVEM han anunciado la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’, con candidatos comunes en alrededor de 150 distritos de mayoría relativa.

No son alianzas de corte ideológico. Las que se han propuesto obedecen a un modelo de partido que ha dejado atrás los referentes que permitieron su consolidación. Hoy en día, las fuerzas políticas con posibilidades de acceder al poder se asemejan más a lo que autores como Katz y Mair han definido como ‘partidos cárteles’ que se colocan fuera de la relación con la sociedad civil y se caracterizan por la “interpenetración entre el partido y el Estado y por un patrón de colusión inter-partidista. [Su] desarrollo se basa en la colusión y cooperación entre aparentes rivales, y en los acuerdos que necesariamente requieren del consentimiento y cooperación de todos o casi todos los participantes relevantes».

Sus líderes han dejado claro que lo que pretenden al coaligarse es lograr un número suficiente de escaños que les permitan impulsar o bloquear reformas.

Por sí solos, los partidos integrantes de Va por México no tienen la fuerza electoral suficiente para conformar una mayoría en la Cámara Baja. La última votación (2018) otorgó al PAN el 19,53% de los sufragios, al PRI el 18,14% y al PRD el 5,6%; en total, el 43,28%, frente al 40,39% de Morena.

En ese año, el efecto de arrastre de la elección presidencial y la dispersión del voto de las tres fuerzas principales facilitaron a Morena los acuerdos necesarios para convertir ese 40,39% de votación en un 61,6% de los escaños en la Cámara de Diputados, mediante un mecanismo tramposo que permitió a los partidos registrar a uno o varios de sus militantes con las siglas de los otros partidos que conformaban la coalición, logrando de esta forma saltarse el límite constitucional del 8% de sobre-representación.

Las claras mayorías con las que Morena ha logrado sacar adelante su agenda de reformas han dejado a la oposición con el papel de mera espectadora, y sus integrantes no están dispuestos a repetir en la siguiente legislatura. La pregunta es cómo lo lograrán.

Según las últimas encuestas publicadas, la posibilidad de los partidos cártel cobra fuerza. De acuerdo con Mitofsky, la preferencia efectiva para las principales fuerzas es del 21,6% para el PAN, el 15,6% para el PRI, PRD (3,8%) y Morena (41%). El sondeo de El Universal del mes de noviembre pasado dio una intención del voto del 17% para el PAN, el 16% para el PRI, el 4% para el PRD y del 32% para Morena. En un escenario de coalición, las tres fuerzas opositoras a esta última contarían con el 37% de intención de voto, pero Morena podría sumar al PT (4%) y el PVEM (4%) y rondaría el 40%.

Otra manera de enfocarlo es a partir de la animadversión del electorado hacia los contendientes. La encuesta de Alejandro Moreno del mes de abril de 2020 reflejó opiniones desfavorables para los tres partidos que conforman Va por México, frente a un mayor equilibrio para Morena: un 31% otorgó a este una valoración muy buena/buena y un 36%, mala/muy mala, mientras el PAN tuvo un 54% de opiniones malas/muy malas, un 70% el PRI 70% y un 53% el PRD.

Esta realidad demoscópica no han sabido contrarrestarla con un discurso propositivo o una revisión crítica respecto a los asuntos que les han dejado tan mal posicionados. A ello se unen las conferencias de prensa mañaneras del presidente mexicano, en las que diariamente recuerda la participación de los partidos opositores como promotores, desde el denominado Pacto por México, de un conjunto de reformas que han demostrado su ineficacia para avanzar en una agenda contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

Las autoridades electorales

Las instituciones fundamentales para la gobernanza electoral mexicana son el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Esta maquinaria ya se ha puesto en marcha para gestionar un reto organizativo excepcional, derivado del número de cargos a elegir y del contexto de emergencia sanitaria.

El INE es una institución consolidada y robusta que cuenta con capacidad probada para llevar el barco a buen puerto. El escenario pandémico ha impulsado una serie de acuerdos y protocolos para que las distintas etapas del proceso electoral se puedan desarrollar con garantías de seguridad sanitaria. La institución también ha elaborado criterios y lineamientos para atender aspectos que la legislación electoral no contemplaba, algunos de los cuales han sido impugnados ante el TEPJF.

El panorama en el Tribunal es más complejo. El proceso electoral ha arrancado en medio de una crisis interna que se evidenció en 2019, con la renuncia de Janine Otálora como presidenta, y ha persistido con confrontaciones entre sus integrantes. Esta controversia no sería un problema si se circunscribiera a materias electorales, pero el caso es que ha alcanzado a la congruencia de las decisiones del Tribunal, afectando a la seguridad jurídica, e, incluso, se ha extendido hasta el enriquecimiento inexplicable del actual presidente.

La ciudadanía

De acuerdo con Pierre Rosanvallon, los buenos gobiernos no dependen exclusivamente de la virtud o talentos individuales, sino de procedimientos efectivos de vigilancia. Desde esta perspectiva, la democracia no se define solamente por la elección popular de sus representantes, sino por la capacidad de los ciudadanos de vigilar a sus gobiernos.

Si bien las capacidades de vigilancia se perciben ampliadas en el escenario ciudadano (por ejemplo, mediante el acceso a la información por la vía de mecanismos de transparencia en las instituciones), aún resulta difícil identificar con claridad elementos que permitan vislumbrar el paso de una ciudadanía de baja intensidad a una ciudadanía sustantiva, entendida ésta como la posibilidad real de reducir los regímenes de exclusión mediante el ejercicio de los derechos legalmente acreditados.

En el primer caso persisten rasgos de una extensión irregular de la ciudadanía a lo largo del territorio nacional (titularidad y ejercicio efectivo de derechos) y de las relaciones funcionales (género, clase y etnia) que no abonan en la construcción de una ciudadanía sustantiva capaz de reconocer las desigualdades realmente existentes para buscar espacios de inclusión, o una ciudadanía integral que cumpla con las cinco dimensiones relacionadas con Estado de derecho y acceso a la justicia, la participación política, la sociedad civil, la vida comunitaria y los valores democráticos.

Aspectos a observar serán el uso de la reelección como mecanismo de vigilancia ciudadana y los efectos de la reducción de las opciones partidistas a partir de la conformación de dos grandes coaliciones.

El activismo de los movimientos sociales y, entre ellos, los movimientos de mujeres constituyen un referente para observar la capacidad de organización e influencia en la construcción de agendas y el impulso de las reformas necesarias. En este ámbito, el panorama es alentador para la construcción ciudadana. ¿Podrán los partidos incorporar este tipo de demandas en sus discursos y agendas?

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