Las ‘mega-elecciones’ de noviembre en Venezuela

El próximo 21 de noviembre se celebrará en Venezuela lo que muchos han dado en denominar mega-elecciones. Y son llamadas así porque en ellas se elegirá la inmensa mayoría de los funcionarios públicos de elección popular: 23 gobernadores, 253 legisladores estatales, 335 alcaldes y 2.471 concejales municipales. En total, 3.082 funcionarios. Será una jornada especialmente complicada no sólo por la cantidad de funcionarios a elegir, sino también por lo complejo del procedimiento de votación en sí mismo. De los 253 legisladores estadales, que ocuparan curules en las asambleas legislativas de los 23 estados, 152 (el 60,1%) serán electos por listas bloqueadas y cerradas presentadas por los partidos políticos; 93 (el 36,8%) postulados nominalmente en sus correspondientes circunscripciones y ocho (el 3,2%) representantes indígenas elegidos mediante otro mecanismo, que no es directo ni del todo secreto. Por su parte, de los 2.471 ediles de los 335 concejos municipales, 1.420 (el 57,5%) provendrán de las listas de los partidos, 982 (el 39,7%) de postulados nominalmente en las distintas circunscripciones y 69 (un 2,8%) de representantes indígenas mediante un mecanismo similar al utilizado en el caso de sus pares en las asambleas legislativas.

Ejercer responsablemente el derecho al sufragio tendrá también sus complicaciones procedimentales. Para aquellos electores cuyos centros de votación estén ubicados en circunscripciones uninominales, tanto para su Asamblea Legislativa como para su Concejo Municipal, tendrán que emitir seis votos: a gobernador, a diputado legislativo nominal, a diputado legislativo lista, a alcalde, a concejal nominal y a concejal lista. Y al que le corresponda votar en circunscripciones bi o tri-´nominales, el número de votos a emitir se incrementa.

El sistema, además, está diseñado para facilitar, y con ello estimular, el llamado ‘voto entubado’, es decir, que el elector emita todos los que le correspondan por los candidatos postulados por un mismo partido. Lo primero que muestra el instrumento de votación automatizado es una pantalla con los símbolos de todas las formaciones participantes. El elector comienza seleccionando el de su preferencia para pasar luego a votar, en la pantalla siguiente, por los candidatos a los distintos cargos presentados por ese partido. Si el votante desea votar por candidatos presentados por formaciones distintas, la tarea se complica, teniendo que retroceder a la pantalla inicial cada vez que cambie de partido.

Por su parte, los habitantes de comunidades indígenas ya tuvieron derecho a participar en asambleas comunitarias donde eligieron, mediante votación a mano alzada, no secreto, a sus portavoces, que serán quienes participaran posteriormente en las asambleas generales para escoger allí, mediante procedimientos manuales y esta vez sí secretos, a sus representantes a las asambleas legislativas estadales y concejos municipales. Los voceros seleccionados en las asambleas comunitarias no están comprometidos con candidato alguno. Son estas elecciones de segundo grado, no del todo secretas, lo que viola lo contemplado en el artículo 63 de la Constitución, que establece taxativamente que en Venezuela la elecciones deben ser libres, universales, directas y secretas.

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Aunque Venezuela es un país cuyo régimen político muchos analistas caracterizan como crecientemente autoritario, se celebran elecciones con frecuencia. Éstas no siempre gozan de reconocimiento y legitimidad plenos por irregularidades en el proceso que han sido debidamente denunciadas y registradas, entre otros, por distintas organizaciones sociales de observación electoral (el Observatorio Electoral Venezolano, OEV, publica informes de observación de todas los comicios realizados en el país desde las presidenciales de 2012); irregularidades que no se limitan a la jornada electoral.

Se producen también interferencias indebidas de poderes públicos distintos al electoral con las que, por ejemplo, se inhabilita a ciudadanos a postularse mediante dictámenes emitidos por la Contraloría General, violando con ello disposiciones constitucionales expresas; o se retira la proclamación de ganadores declarados por el Poder Electoral mediante sentencias posteriores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fundamentadas en denuncias de fraude nunca probadas. Asimismo, este Tribunal ha inhabilitado e intervenido partidos políticos, imposibilitando su participación en procesos electorales.

Igualmente, suelen ser notorios los desequilibrios en las condiciones de la competencia por, entre otros, el uso abusivo de recursos públicos a favor de candidatos oficialistas o poniendo la plataforma comunicacional oficialista al servicio de ciertos candidatos. Tampoco contribuye a la salud del sistema electoral la reiterada práctica, también oficialista, de designar, después de proclamar a candidatos opositores, a los llamados protectores, cuyas funciones se solapan con las de funcionarios electos, restándoles atribuciones y recursos financieros y debilitando, de hecho, el valor del sufragio. El uso electoral creciente de mecanismos denunciados como de control social contribuye también a restringir la libertad plena para el ejercicio del sufragio. Estructuras tecnológicas como el ‘sistema patria’, empleadas para distribuir bienes y servicios a amplios sectores de la población son vistas por muchos, aunque sea del todo falso, como herramientas que permiten saber cómo votó cada cual, condicionando con ello la eventual continuidad de recepción de bienes y coartando la libertad en el ejercicio del sufragio.

La calidad de los procesos electorales más recientes (Asamblea Constituyente junio 2017, elecciones regionales octubre 2017, municipales diciembre 2017, presidenciales mayo 2018, parlamentarias diciembre 2020) se percibe cada vez como más deficiente. Si a ello se suman los llamamientos a la abstención de partidos opositores, el resultado es la erosión, también al alza, en la credibilidad del sufragio como herramienta eficaz de expresión política. Ello se ha traducido en una notable merma en la disposición de los ciudadanos a participar en esos procesos. Si se combinan estos factores con la muy aguda crisis económica y social, se entiende el desapego de la mayoría de la población por la política en general y, más específicamente, por los procesos electorales.

Desde la aprobación de la Constitución de 1999, el voto perdió en Venezuela su carácter obligatorio y se convirtió en estrictamente voluntario. Siendo además que el sistema político del país, como es común en la región, es marcadamente presidencialista, las presidenciales habían sido históricamente las que movilizaban a mayor número de ciudadanos. Sin embargo, este patrón se ha visto perturbado en años recientes. Así, en las parlamentarias de 2015, cuando casi la totalidad de la oposición acordó presentar candidatos unitarios para casi todos los cargos en disputa, la participación alcanzó la cota del 74,2% de los electores inscritos, un hecho muy notable. Sin embargo, tres años después, en las presidenciales de 2018, la participación no superó la mitad del electorado (46,1%); y dos años más tarde, en la nueva elección parlamentaria de 2020, se redujo aún más, hasta el 30,5%.

¿Qué se puede esperar de la mega-elección de noviembre? Aparte de las complicaciones propias de una jornada de las dimensiones descritas más arriba, que pueden propiciar grados aún mayores de desentendimiento y hasta de rechazo, se han producido algunos cambios en el propio sistema electoral y en el contexto político nacional que pudieren estimular una mayor participación. La nueva Asamblea Nacional (AN), producto de las elecciones de diciembre de 2020, con una participación muy baja y objeto de múltiples denuncias, es un Parlamento de abrumadora mayoría oficialista, que acapara más del 90% de sus legisladores. Sin embargo, esa AN inició un proceso para la designación de nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral (CNE), ateniéndose a lo pautado en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral; rectores que reemplazarían a los indebidamente designados por el TSJ. Aunque el oficialismo tenía los votos necesarios para conformar un CNE a su gusto, terminó sin embargo designando un Poder Electoral más plural. Sectores opositores que ya calificaron de ilegítima la AN electa en 2020, han rechazado también el nuevo CNE por la ilegitimidad de su origen. Sin embargo, si nos atenemos a los hechos, el nuevo Consejo se ha esforzado por mejorar su papel de árbitro, ganándose mayores grados de legitimidad. Estando su directiva integrada de una manera más plural, ha logrado, sin censurar a ninguno de sus rectores, unificar su imagen institucional. La mayoría de sus decisiones son tomadas por unanimidad y son pocas las discrepancias internas que llegan a ventilarse en público.

Desde que en mayo de este año asumieron sus cargos, los nuevos rectores comenzaron a tomar decisiones e implementar iniciativas tendentes a generar mayores grados de confianza sobre la institución. A diferencia de las atropelladas elecciones anteriores, las regionales y municipales se convocaron con más de seis meses de antelación. Pocos días después, hicieron público el cronograma correspondiente, que contenía 89 hitos que se han respetado salvo pocas excepciones producto de consensos entre los rectores. Una de las primeras actividades allí contempladas fue la Jornada Especial de Registro Electoral, inicialmente programada para que se desarrollara durante 45 días, con 1.000 máquinas ubicadas en más de 780 puntos distribuidos en todos los estados del país; más tiempo y con mayor infraestructura que en los procesos electorales más recientes. El número de electores registrados para votar en noviembre supera los 21 millones.

Es menester recordar que en marzo de 2020 se produjo un incendio en los depósitos del CNE ubicados en Fila de Mariches, cerca de Caracas, que inutilizó un alto porcentaje tanto de las máquinas de votación como de las de identificación biométrica. El CNE del momento decidió organizar de todas formas las parlamentarias de diciembre de ese año mediante votaciones automatizadas. Procedió para ello a adquirir precipitadamente nuevas máquinas de votación y de identificación, sin licitaciones públicas e incumpliendo los procedimientos necesarios para que esa compra fuese lo suficientemente transparente. Los equipos se estrenaron en unos comicios que, por múltiples motivos, no contaron con un amplio reconocimiento nacional ni internacional.

Por unanimidad, los nuevos rectores aprobaron contratar un equipo plural de 10 académicos e investigadores del área informática y computacional de varias universidades del país para que realizasen libremente un examen riguroso y pormenorizado de los programas y demás componentes tecnológicos de la plataforma automatizada electoral. En el informe, que se hizo público, se señalaba las fortalezas del sistema y se sugerían modificaciones para mejorarlo. Con esa auditoría extraordinaria se han disipado muchas dudas y, además, está siendo complementada por las auditorias regulares incluidas en el cronograma, que incluyen a técnicos designados por los partidos participantes.

La campaña electoral tendrá lugar durante 22 días escasos, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Pero, como se ha hecho ya costumbre, esa horquilla temporal no se respeta y la promoción de candidatos comenzó hace semanas. Dada la complejidad para los electores, por la cantidad y variedad de votos a emitir, el CNE ha contemplado la realización de un simulacro de un día y, durante 32, lo que han llamado ferias electorales, con el propósito de que los ciudadanos se familiaricen con los equipos.

Si se lo compara con los procesos electorales inmediatamente anteriores, el conducente a las elecciones de 21 de noviembre muestra mejoras y ello puede que estimule una mayor participación. Pero, para completar el cuadro, no puede obviarse el contexto político actual. El PSUV y las demás fuerzas políticas y sociales que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro lograron desde muy pronto seleccionar unitariamente a sus candidatos para los 3.082 cargos en disputa. Su mecanismo de primarias, no exento de tensiones y conflictos, permitió la conformación de las listas completas de candidatos con muy pocos desprendimientos.

Por su parte, aunque mayoritariamente se habrían pronunciado a favor de conseguir la unidad como meta, en el momento de escribir estas líneas las distintas fuerzas opositoras no habían sido capaces de materializarla; más bien al contrario: la profusión de candidaturas no oficialistas parece consolidarse. Aunque las encuestas de opinión muestran claramente la debilidad del oficialismo en cuanto a simpatías electorales, ante tal dispersión de opciones puede terminar obteniendo un mayor número de cargos. De nuevo, en un contexto que podía haber contribuido a aportar soluciones a una crisis tan grave parece que terminará dando pocos frutos.

Contra la pandemia, información y análisis de calidad
Colabora con una aportación económica

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.