Las guerras judiciales del aborto en Estados Unidos

El pasado 19 de mayo, el Senado de Texas aprobó la Ley del Latido, que prohíbe el aborto en ese Estado a partir del momento en que se pueda detectar actividad cardíaca en el feto (en torno a las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas). Además, la ley ofrece recompensas de hasta 10.000 euros para quien denuncie a todo aquel que ayude a una mujer a obtener un aborto pasado dicho momento.

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de autorizar la entrada en vigor de dicha ley anuncia un giro, probablemente definitivo, a la jurisprudencia de ese órgano judicial sobre la interrupción del embarazo, que lleva casi 50 años siendo objeto de agrias disputas entre sus magistrados.

La historia moderna de las guerras judiciales por esta cuestión en EE.UU. se inicia formalmente en 1973, con la famosa sentencia ‘Roe v. Wade’, en la que, por una mayoría de siete a dos, el Supremo decidió que la Constitución protegía (con matices) el derecho de una mujer a acogerse a un aborto, con un umbral de protección tanto más elevado cuanto menos avanzado estuviera el embarazo.

Aunque ahora pueda parecer sorprendente, durante la década de los 70 la cuestión del aborto no dividía a republicanos y demócratas del modo que lo hace medio siglo después. Prueba de ello es que, de los siete jueces que votaron a favor de Roe, cinco habían sido nombrados por presidentes republicanos y dos por demócratas, mientras que los dos que votaron en contra habían sido designados por un presidente demócrata y republicano, respectivamente.

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Fue la alianza entre los líderes evangélicos (particularmente sureños) y el ala conservadora del movimiento republicano la que dividió a ambos partidos en relación con esta cuestión. De hecho, la plataforma electoral republicana de Ronald Reagan en 1980 incluyó por primera vez la propuesta de una reforma constitucional anti-Roe.

Tras su triunfo, los líderes evangélicos exigieron a la Casa Blanca que los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo fueran antiabortistas y que se comprometieran a revocar Roe. Sin embargo, tuvieron en la práctica un éxito relativo, porque Reagan tenía otras promesas que cumplir. En concreto, había prometido nombrar a la primera magistrada, cosa que hizo en 1981 al designar a Sandra Day O’Connor. Además, en 1987 el juez Anthony Kennedy fue una solución de compromisotras dos nominaciones fallidas ante un Senado de mayoría demócrata.

Pese a todo, a finales de los 80 el futuro de Roe estaba cada vez más en cuestión. En 1989, la sentencia ‘Webster’ mantuvo en vigor una ley de Missouri que restringía el uso de medios públicos para practicar abortos, aunque no daba el paso definitivo de derogar Roe. La mayoría en Webster fue de cinco votos a cuatro, con los cuatro jueces nombrados por Reagan en la misma más Byron White, que ya había votado contra Roe en 1973. En la minoría, tres jueces que habían votado en su día a favor de Roe más el juez Stevens. Por si fuera poco, apenas dos años después de Webster, dos de los jueces más liberales del Supremo tuvieron que retirarse por motivos de salud y George Bush padre los sustituyó por dos jueces teóricamente antiabortistas.

Así pues, el momento decisivo para finiquitar Roe parecía haber llegado en 1992, cuando una ley de Pennsylvania dirigida a impedir abortos en el Estado fue objeto de revisión constitucional por parte del Tribunal Supremo en ‘Planned Parenthood v. Casey’. Era el momento que los antiabortistas llevaban años esperando: seis de los nueve jueces del Supremo habían sido nombrados por Reagan y Bush padre, y Byron White seguía siendo un firme antiabortista. En teoría, Roe debía perecer por la misma mayoría que la había aprobado, pero a la inversa: dos votos contra siete.

Sin embargo, en el momento decisivo algo falló: además de Harry Blackmun y John Paul Stevens (jueces anteriores a la revolución conservadora de los 80) tres de los nombrados por Reagan y Bush padre (Sandra Day O’Connor, Anthony Kennedy y David Souter) votaron a favor de mantener el núcleo esencial de ‘Roe v. Wade’ (considerar que existía un derecho constitucional al aborto), aunque restringieron el acceso al mismo.

Durante los 25 años siguientes, las guerras del aborto en el Supremo se tranquilizaron algo, porque las mayorías se mantuvieron estables: los antiabortistas perdieron un voto cuando, en 1993, Byron White se retiró y fue sustituido por Ruth Bader Ginsburg, aunque lo recuperaron cuando, en 2006 ,Sandra Day O’Connor se retiró y fue sustituida por Samuel Alito. En todo caso, cuando Donald Trump llegó a la Presidencia, había cinco votos favorables a Roe (con más o menos matices) en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la retirada de Anthony Kennedy y su sustitución por Brett Kavanaugh en 2018, y la muerte de Ginsburg en 2020 y el nombramiento de Amy Coney Barrett en su lugar instauraron una mayoría de al menos cinco magistrados (seis, incluyendo al presidente, Roberts, aunque éste votara en contra de la entrada en vigor de la ley de Texas) contrarios al aborto.

La única duda es si revocarán ‘Roe’ explícita o implícitamente cuando, a mediados del año que viene, decidan sobre un caso que les ha planteado el Estado de Mississippi, que ha aprobado una ley que prohíbe cualquier aborto más allá de las 15 semanas de gestación.

Un matiz importante: la consecuencia de la revocación directa o tácita de ‘Roe v. Wade’ por el Supremo no será la ilegalización del aborto en todo EE.UU, sino la creación de dos Américas: una, demócrata, en la que los abortos seguirán siendo legales y otra, republicana, en la que las mujeres tendrán que volver a la situación previa a 1973: si son ricas, podrán viajar a otros estados para interrumpir sus embarazos, y si son pobres, tendrán que arriesgarse a sufrir penas de cárcel, lesiones graves o incluso la muerte por someterse a abortos ilegales.

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