La UE frente a la demonización de las personas LGTBI en Hungría y Polonia

El sábado pasado, miles de personas salieron a las calles de Budapest para conmemorar el Orgullo LGTBI. Que no les confundan los colores vivaces, la música alegre y el ambiente festivo que caracterizan a estas manifestaciones: las reivindicaciones que protagonizaron esta marcha eran absolutamente serias. Tanto, que han desencadenado un conflicto político y legal a gran escala entre la Unión Europea y el Gobierno de Hungría, capitaneado por Viktor Orbán, del partido Fidesz. Este choque tiene su hermano mellizo en el que enfrenta a la Unión con el Gobierno de Polonia, controlado por el partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco). 

En ambos estados miembros, el deterioro de los derechos de las personas LGTBI ha suscitado una reacción de muy alto perfil por parte de la Unión Europea. Dos eventos han propiciado esta nueva posición: de un lado, en Polonia, que ya era el país de la UE con una legislación menos garantista con la comunidad LGTBI, una carta a favor del colectivo publicada por el alcalde de Varsovia fue respondida con una cascada de declaraciones suscritas por decenas de municipios, provincias y regiones que se autodenominaban «zonas libres de ideología LGTBI». Aunque estas declaraciones no tengan efectos jurídicos, no deben inducir a error: afectan de lleno a las vidas de las personas LGTBI. Como denunciaba la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa en 2020, han creado un caldo de cultivo ideal para la discriminación, el ostracismo e, incluso, para que se presenten denuncias contra activistas LGTBI con el fin de intimidarles y forzarles a la auto-censura. 

Del otro lado, el Parlamento húngaro aprobó en junio de 2021 una ley que, bajo el título Medidas más duras contra los pedófilos y para la protección de los niños, disfrazaba lo que en realidad es una verdadera ley de censura para las personas LGTBI. Entre otras medidas, la ley prohíbe la difusión de contenidos sobre homosexualidad, identidad de género o procedimientos de reafirmación del género en la educación, la publicidad o la televisión en horario infantil. Además de la obscena vinculación entre pederastia y personas LGTBI que figura en el título, la ley anti-LGTBI húngara recuerda a las leyes anti-propaganda gay de Rusia que, bajo pretextos muy similares, han servido para coartar todo discurso favorable a la diversidad sexual y de género

Si bien estos antecedentes inmediatos son los más conocidos, son sólo los últimos desarrollos de una estrategia de demonización de la diversidad sexual y de género que se remonta a años atrás. Así, estos ataques al colectivo LGTBI no se producen en el vacío, sino que forman parte de un proceso más amplio de desmantelamiento del Estado de derecho, las libertades civiles y, en definitiva, de las democracias húngara y polaca. Es en este contexto de tensión entre democracias liberales y pulsiones autoritarias donde los derechos de las personas LGTBI se revisten de una nueva naturaleza: la de valores europeos.

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Como consecuencia de esta asociación entre los valores europeos y la diversidad, el discurso mediático y político en Hungría y Polonia construye a las personas LGTBI como una amenaza, como agentes al servicio de una ideología foránea que busca poner en jaque la soberanía nacional. Al mismo tiempo, sus políticas anti-LGTBI dejan de ser un asunto doméstico para ser tratadas como una afrenta a la propia Unión Europea; un pulso en el que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen se ha posicionado con una contundencia inédita hasta el momento en materia LGTBI

Hoy, parece claro que la Estrategia de Igualdad LGTBIQ+ que la Comisión publicó en 2020 ha marcado un antes y un después en la retórica y la estrategia de la Unión con respecto a Hungría y Polonia. Si bien evitaba mencionarles expresamente, las alusiones a que las “zonas libres de LGTBI” son “zonas libres de humanidad” dejaron clara la postura de la Comisión. Unos meses antes de su publicación, la Comisión Europea frenó las subvenciones al hermanamiento de ciudades europeas a varias localidades polacas que se habían declarado libres de ideología LGTBI. Lejos de ser una medida menor, adelantaría una de las líneas de actuación que se están explorando en la actualidad: presionar a ambos estados miembros cerrando el grifo de los fondos europeos. 

Si una medida a pequeña escala ya ha dado sus frutos, con ciudades como Kraśni revocando sus declaraciones de zonas libres de LGTBI por el miedo a perder subvenciones, es interesante evaluar de qué otras opciones con una mayor capacidad de presión dispone la Unión Europea; en concreto, del mecanismo de condicionalidad para proteger el Presupuesto de la Unión que fue aprobado en diciembre de 2020. De manera sucinta, este mecanismo permitirá suspender el desembolso de fondos de la Unión si se constatan vulneraciones tan graves del Estado de derecho que pongan en peligro la buena gestión financiera del Presupuesto. Dado que, de acuerdo con su artículo 2, el Estado de derecho comprende el respeto a los principios de no discriminación e igualdad, nada obsta en principio a que la situación del colectivo LGTBI sea tenida en cuenta en el análisis general de un miembro concreto de la UE. Algunas voces, como la del primer ministro belga, ya se han pronunciado pidiendo medidas en este sentido.

Asimismo, el Tratado de Lisboa contiene mecanismos que también están siendo utilizados por la Unión Europea en su choque con Hungría y Polonia. De un lado, el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE permite suspender de ciertos derechos (incluidos los de voto) a un Estado miembro en caso de que se constante una violación grave de los valores de la Unión. Este procedimiento ha sido iniciado tanto frente a Polonia como a Hungría; pero, a pesar de que se trata de un instrumento idóneo para responder a esta situación, la exigencia de una decisión unánime en el Consejo Europeo impide en la práctica que se imponga una sanción. Sin demasiado temor a equivocarnos, podemos asumir que ambos estados miembros vetarán cualquier resolución de castigo frente al otro; al menos mientras Fidesz y PiS sigan en el poder. No obstante, esto no implica que el artículo 7 sea completamente inútil para hacer frente a las políticas anti-LGTBI de Hungría y Polonia, en la medida en que les obliga a someterse al escrutinio del resto de estados miembros. No en vano, Hungría trató de frenar, sin éxito, ese artículo mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Así, en junio de 2021, en pleno mes del Orgullo y poco después de la aprobación por el Parlamento húngaro de su ley anti-LGTBI, se retomaron las reuniones del Consejo para proseguir con el procedimiento. No de manera casual, esos mismos días los ministros de Asuntos Exteriores de 14 estados miembros (a los que se sumaron otros en las horas posteriores) suscribieron una declaración conjunta expresando su preocupación por la ley húngara y pidiendo a la Comisión que utilizara “todas las herramientas que tiene a su disposición” para garantizar el respeto al Derecho de la UE. Posteriormente, 16 jefes de Estado y de Gobierno de la UE publicaron una carta a las presidencias de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Consejo manifestando su compromiso por respetar los valores de la UE con ocasión del Orgullo. La vinculación entre valores europeos y LGTBI es ya total.

Poco después, la Comisión, tomando el testigo de estas llamadas a la acción de parte de varios estados miembros, decidió incoar sendos procedimientos de infracción en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Este precepto autoriza a la Comisión a emitir un dictamen sobre el incumplimiento, por parte de un Estado miembro, de sus obligaciones derivadas del Derecho de la UE, previa audiencia al Estado. Aunque se han sustanciado procedimientos anteriores contra Hungría y Polonia por incumplimientos que afectaban de manera indirecta a las comunidades LGTBI (como el paquete legislativo ‘Stop Soros’, en Hungría), se trata de los primeros iniciados específicamente por sus políticas anti-LGTBI en el marco de la Estrategia LGTBIQ+; en concreto, por las ya mencionadas leyes de Hungría y por las zonas libres de LGTBI polacas. 

Aunque está por ver el resultado de estas vías de acción, la valoración de la respuesta de la UE puede ser (cautamente) positiva. La mayor contundencia de la Comisión tras su Estrategia LGTBI, así como el apoyo de tantos estados miembros, son cambios muy bienvenido, sobre todo tras la inacción que había caracterizado la década anterior. Sin embargo, la estrecha vinculación que une en el imaginario colectivo y en el discurso político los valores europeos con las personas LGTBI no está exenta de riesgos. En particular, el peligro de reforzar narrativas homo-nacionalistas basadas en la superioridad moral de una Europa occidental, pro-LGTBI y, por tanto, ‘civilizada’, frente a una Europa del este intrínsecamente intolerante y casi ‘barbárica’

Discursos como el del primer ministro neerlandés Mark Rutte, que llegó a afirmar que no hay lugar para Hungría en la Unión, son un ejemplo claro de esta tendencia y deben ser rechazados. Si no, la UE estaría entrando de lleno en el marco que tratan de imponer los gobiernos de Hungría y Polonia, en el que las personas LGTBI son una avanzadilla ideológica promovida por Europa occidental para «destruir el orden moral y cultural» de sus naciones, en las palabras del líder del PiS Jarosław Kaczyński. En su lugar, deben utilizarse todos los medios legales de los que dispone el Derecho de la Unión, pues éste ha sido ya asumido voluntariamente por Hungría y Polonia cuando ingresaron en la UE. En una dimensión más política y simbólica que jurídica, iniciativas como la declaración de “zona de libertad LGTBI” que adoptó el Parlamento Europeo apunta en la buena dirección.

Las comunidades LGTBI de Hungría y Polonia no pueden permitirse el lujo de que el remedio sea peor que la enfermedad. Necesitan nuestro apoyo, pero no nuestra soberbia.

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