La perversión del voto en Nicaragua: elecciones sin condiciones y abstención

Este 7 de noviembre se celebraron comicios para elegir los cargos de presidente, vicepresidente y legisladores en Nicaragua. La que se suponía debía ser una fiesta cívica se convirtió en una jornada de abstención que organismos de la sociedad civil han estimado del 81%, el porcentaje más alto de las últimas décadas. Pese a ello, la autoridad electoral otorgó la victoria al tándem formado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, respectivamente para un cuarto mandato en la Presidencia y segundo en la Vicepresidencia. También le asignó 75 de los 90 escaños en el Parlamento, con lo que mantiene el control total del Legislativo. Los resultados no sorprendieron a nadie, toda vez que Ortega había eliminado a sus competidores.

El declive de la democracia electoral

En la historia reciente de la democracia nicaragüense es posible identificar una cima que, con algunas variaciones, se extiende entre 1990 y 2006, año en el que comenzó a experimentar un fuerte declive hasta llegar a un punto más bajo en 2019.

Gráfico 1.- Indice de democracia electoral. Nicaragua (1975-2020)

El Gráfico de V-Dem refleja el comportamiento de esta variable en el país y las ondulaciones en ese primer periodo, que ya apuntaban un leve descenso que se convirtió en la segunda parte en una caída pronunciada. En efecto, Nicaragua ha transitado de un sistema electoral con alta participación y credibilidad a un aparato controlado y altos niveles de abstención. La razón de este deterioro es el proceso de cooptación y control del órgano electoral resultante del acuerdo entre los dos principales caudillos de la época, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, seguido por el control total que el primero impuso sobre el Consejo Supremo Electoral.

Las consecuencias fueron la acelerada pérdida de credibilidad en este Consejo, el aumento de las irregularidades en los procesos electorales y la disminución de la participación, de manera que en 2016 y 2017 se produjo, respectivamente, una fuerte abstención en las elecciones presidenciales y para los gobiernos locales. Numerosas propuestas para reformar la ley y el sistema electoral provenientes de organizaciones nacionales y la propia Organización de Estados Americanos (OEA) fueron sistemáticamente desoídos.

El cierre del escenario electoral

La salida electoral se planteó tempranamente desde que, en 2018, se produjo una profunda crisis socio-política. El asunto se incluyó la agenda del proceso de diálogo que tuvo lugar en mayo de ese año y, más tarde, en la segunda ronda de negociaciones en 2019. Sin embargo, siempre encontró fuertes resistencias de parte del Gobierno porque una de las alternativas era adelantar la fecha de las presidenciales. El tema pasó a segundo plano cuando Ortega dio por concluidas esos contactos y reapareció a finales de 2020, cuando tanto las fuerzas opositoras como el propio Gobierno empezaron a prepararse para la contienda electoral de 2021.

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Del lado gubernamental, los preparativos incluyeron la aprobación de un conjunto de leyes que tenían como propósito eliminar la competencia electoral, silenciar las voces críticas e impedir cualquier expresión de descontento o protesta. Con ellas se ha apresado a 39 personas durante los últimos meses, entre las que se encuentran los siete candidatos presidenciales de la oposición con mayores probabilidades de derrotar a Ortega, directivos del sector privado, periodistas, líderes de organizaciones y movimientos sociales e, incluso, antiguos guerrilleros de la época de la revolución. Los apresamientos y enjuiciamientos posteriores marcaron una escalada en los niveles de violencia y la política de represión impuesta por Ortega-Murillo sobre la sociedad nicaragüense, así como un nuevo intento de eliminar a la oposición.

La escalada represiva también ha incluido el silenciamiento de voces críticas, comenzando por la prensa independiente. Numerosos periodistas han sido citados por el Ministerio Público bajo el pretexto de una investigación a varias fundaciones por supuesto lavado de dinero. Sin embargo, cuando han acudido a las citaciones han sido amenazados con la aplicación de una ley que castiga los ciberdelitos. Lo mismo ha sucedido con médicos que criticaron públicamente la política sanitaria gubernamental contra la pandemia. Los medios Confidencial, Esta Semana y el diario La Prensa, el más antiguo y el único que circulaba en formato impreso, fueron objeto de allanamiento y confiscación o cierre. El Gobierno también ordenó la cancelación de las personalidades jurídicas de más de 50 organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones médicas, impidiéndolas seguir operando. Numerosos periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y empresarios privados se han visto forzados a salir del país por las amenazas de encarcelamiento, mientras a otro número indeterminado de personas se les ha impedido entrar o salir, retirándoseles los pasaportes sin ninguna justificación.

En mayo se reformó la ley electoral lo que, junto a las otras leyes punitivas, sirvió como instrumento para eliminar a la competencia. Además, se nombraron nuevos magistrados electorales leales a Ortega. Otras irregularidades graves fueron la cancelación de las personalidades jurídicas a tres partidos políticos, dos de ellos con fuertes posibilidades de competir contra el partido oficialista; el Consejo Supremo Electoral redujo el periodo de campaña e impuso condiciones para la realización de las actividades de proselitismo político.

Una vez eliminada la competencia y controladas otras variables importantes, Ortega y Murillo no se molestaron en promover sus candidaturas; lo mismo ocurrió con los candidatos de los únicos cinco partidos políticos que se inscribieron para participar a pesar de sus bajísimos niveles de confianza y credibilidad de que gozaban entre la población, por considerarlos colaboracionistas gubernamentales. Para completar el control del proceso, Ortega restringió aún más los derechos fundamentales y reforzó el Estado policial para atemorizar a la ciudadanía y evitar cualquier acto de protesta.

Las fuerzas opositoras, entre las que se encuentran actores emergentes de 2018 y partidos políticos, no fueron capaces de conformar una alianza amplia, tal y como lo esperaba la ciudadanía. Enzarzados en una disputa por el liderazgo, los intereses diversos entremezclados escenificaron donde se entremezclaban diversos intereses escenificaron una trifulca muy criticada por la opinión pública. Luego, todos sin excepción se convirtieron en el blanco de la represión gubernamental y quedaron totalmente fuera de competencia.

Antes de los comicios, varias organizaciones de la oposición denunciaron la ilegitimidad y la ausencia de condiciones del proceso, y pidieron a la comunidad internacional que no reconociera los resultados. Actores como la OEA, el Parlamento Europeo y numerosos gobiernos europeos, latinoamericanos, Canadá y Estados Unidos expresaron su preocupación por la situación del país, reclamando al Gobierno la liberación de los prisioneros políticos, el restablecimiento de las libertades ciudadanas y la celebración de las elecciones en condiciones justas, competitivas y transparentes.

Una jornada electoral desierta

El 7 de noviembre, los periodistas independientes que todavía permanecían en el país y los propios ciudadanos hicieron circular abundante evidencia gráfica sobre la ausencia de votantes. En el transcurso del día la tendencia se mantuvo a pesar de que antes del cierre de las urnas, simpatizantes gubernamentales intentaron obligar a votar a los empleados públicos. La abstención fue aplastante.

En la madrugada del día siguiente, el Consejo Supremo Electoral anunció los primeros resultados del recuento anticipando la victoria de Ortega y Murillo. El último informe consigna que obtuvieron el 75% de los votos y que el partido gubernamental había logrado 75 escaños parlamentarios; y que la abstención había rondado el 35%, un dato que el organismo ciudadano Urnas Abiertas eleva a un promedio del 81%.

La comunidad internacional expresó su rechazo al proceso y el no reconocimiento de los resultados. Algunas de las reacciones más significativas provinieron del propio presidente de Estados Unidos, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y más 20 gobiernos. La Secretaría General de la OEA publicó un informe en el que recomendaba exigir la anulación de las elecciones, la celebración de unas nuevas con garantías, competencia y observadores; asimismo, el restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, el cese de la represión y la liberación inmediata de los prisioneros políticos.

La continuidad de Ortega y Murillo

Aunque no hubo sorpresas en los resultados, el panorama político de Nicaragua es poco halagüeño. Ortega y Murillo se han asegurado su permanencia en el Ejecutivo y el control sobre los demás poderes estatales. Sin embargo, es evidente que el descontento ciudadano no sólo se ha mantenido desde 2018, sino que ha crecido y alcanzado incluso a su propia base política. Tal y como se puede observar en los dos últimos sondeos de opinión realizados, incluso los partidarios del Gobierno están descontentos e insatisfechos con el rumbo del país. Este detalle es significativo, porque evidencia que ya está en curso un proceso acelerado de erosión interna y el Ejecutivo se sostiene primordialmente recurriendo a la fuerza.

A corto plazo, se enfrentan a un mayor aislamiento y rechazo, así como al aumento de las presiones internacionales, especialmente las de índole económica. En el interior, Ortega no ha logrado recomponer las alianzas que le otorguen de legitimidad y estabilidad; muy al contrario, hay mucha tensión con un sector del empresariado y la iglesia católica.

El movimiento nacido en 2018 y las fuerzas de oposición mantienen una resistencia activa a pesar de la represión. Sin embargo, tienen la obligación de acercar posiciones para poder formular a la ciudadanía una propuesta política alternativa. Con una buena parte de sus líderes en prisión, en el exilio o prácticamente en condiciones de clandestinidad dentro del país, no es una tarea fácil y pasa, además, por superar la desconfianza y prejuicios y por definir una nueva hoja de ruta que responda al mandato ciudadano de propiciar un cambio político y restablecer la democracia por medios cívicos en medio de una represión cruel.

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