La pandemia de la corrupción

Hace un mes que las portadas de los periódicos latinoamericanos son idénticas a las del resto del mundo. Las estadísticas en relación a la Covid-19 copan los titulares. Sin embargo, el virus y sus efectos serán más nocivos y duraderos si se complementan con la enfermedad estructural de la región. ¿Qué podemos hacer para prevenir la corrupción, que parece inmune a las circunstancias?

De más está decir que hoy el objetivo prioritario es la vida, que su defensa requiere medidas flexibles, adaptadas e inmediatas, y que luchar contra la corrupción no es un fin en sí mismo. Sin embargo, relegar la transparencia y la integridad a los tiempos normales pone en riesgo la efectividad de todas las medidas que se tomen para controlar la pandemia y mitigar sus impactos sociales, económicos y políticos.

La situación actual conlleva varios riesgos de corrupción específicos e intensifica los habituales. Algunos de los desafíos más claros incluyen:

  • Prácticas corruptas en la compra de medicamentos y materiales, servicios, o la construcción de hospitales.- En Colombia, la Procuraduría ha abierto 10 procesos por sobrecostes e irregularidades e investiga contratos por más de 40.000 millones de pesos, hay 24 procesos disciplinarios en curso y varios ejecutivos sub-nacionales han sido suspendidos.
  • Malversación de fondos o materiales para beneficio privado.- En Argentina, funcionarios públicos han sido denunciados y otros han renunciado por haber contratado servicios de empresas a cargo de familiares.
  • Influencia indebida de intereses particulares en el diseño de programas de ayuda y de rescate financieros, lo que no garantiza que las ayudas vayan a llegar quienes más lo necesitan. Por ejemplo, en Europa representantes y líderes empresariales buscan influir en los políticos para que retrasen regulaciones y hagan más laxas las protecciones ambientales y a los consumidores.
  • Asegurar la distribución efectiva y equitativa de pruebas, medicamentos y programas de asistencia al sector informal (evitando que la asignación dependa de factores políticos o esquemas clientelares; el fraude en las solicitudes y la extorsión de favores a cambio de la asistencia)-. En México, Javier Santiago, ex-Instituto Nacional Electoral (INE) y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió de que los partidos políticos han distribuido paquetes de ayuda con su sello en varios gobiernos estatales y municipales.

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¿Es posible una estrategia anti-corrupción en tiempos de pandemia?

En el arte de la guerra, la mejor estrategia ante el enemigo es poder anticiparlo. En el ámbito anti-corrupción, esto lo podríamos traducir como mientras mejor esté preparado un país para prevenirla y promover la integridad en tiempos normales, más resiliente será ante situaciones de crisis y períodos de emergencia.

En este sentido, un arma que se debe utilizar es la ‘Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública’. Esta perspectiva resalta la importancia de mirar más allá de la corrupción y entiende todos los componentes y actores de integridad desde una perspectiva sistémica que garantice su implementación en todas las entidades y niveles de gobierno, incluyendo áreas claves como el lobby o la financiación política.

La estrategia que propone no sólo consiste en que los gobiernos puedan ser competentes y efectivos al abordar la crisis –como se discute ampliamente–, sino que considera también cómo se logran los resultados –los valores, motivaciones y principios que informan y guían la acción del Gobierno–. Los riesgos, por tanto, van más allá de prácticas corruptas inmediatas mencionadas, involucran la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y ponen en juego las democracias.

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Pese a ser menos atractivo y discutido en la agenda de emergencia, este segundo componente es clave para prevenir y permitir a los gobiernos anticiparse a situaciones de mayor vulnerabilidad y urgencia. Los valores implican, primero, usar el poder y los recursos públicos de manera ética (la integridad). Segundo, informar, consultar y escuchar a los ciudadanos (la apertura). Y tercero, mejorar las condiciones socioeconómicas para todos de manera inclusiva (la equidad).

Algunos de los elementos que incluye esta estrategia son: identificar, abordar y mitigar riesgos de corrupción en las respuestas a la crisis; desarrollar políticas en función de la evidencia, pero también explicar y ser transparente con respecto a esta evidencia y sus límites; no excusar, en la situación de emergencia, el abuso y la concentración de poder; lograr efectividad dentro de los controles democráticos, asegurando una rendición de cuentas horizontal y vertical; proponer un enfoque holístico, que no sólo informe, sino también que escuche e involucre equitativamente a los ciudadanos y otras partes interesadas y genere el compromiso y la co-responsabilidad de todos los actores de la sociedad (la innovación digital y el uso de redes sociales pueden desempeñar un papel clave para permitir una acción colectiva y un control social; y asegurar un acceso continuo y equitativo a servicios públicos básicos (Salud, Educación y Justicia), más allá de los programas de ayuda ad hoc.

Aprender de las buenas prácticas y de acciones concretas

La discusión sobre los riesgos de corrupción en momentos de crisis o emergencia no es nueva. De hecho, existen varias guías y recomendaciones. Sin embargo, la particularidad de la actual es su magnitud. Precisamente, su escala mundial brinda también la oportunidad clave para intercambiar experiencias en cuanto a cómo abordar la crisis y aprender de las políticas y medidas que se consideren más efectivas. En virtud de estas experiencias, hemos distinguido medidas a corto plazo y las de medio a largo plazo.

En el corto plazo, durante la crisis, es imperativo reaccionar de manera rápida y efectiva. Entre las medidas a considerar, incluimos las siguientes.

  • Activar procedimientos para compras bajo emergencia: lineamientos y guías prácticas sobre los procedimientos de emergencia y cajas de herramientas, procesos de pre-calificación definidos, formularios y contratos estándar de solicitud de emergencia, contratación electrónica para maximizar oportunidades de eficiencia, o establecimiento y actualización periódica de una lista de proveedores y contratistas de productos y servicios pre-calificados. Además de documentar y auditar las compras ‘ex post’, los gobiernos debieran asegurar una máxima apertura de la información, que permita el control en tiempo real. Por ejemplo, mediante el establecimiento de una plataforma de la contratación pública con una visión integral, desde la planificación hasta la entrega, que divulgue ampliamente los recursos utilizados y su destino. Asimismo, las entidades de control externo deberían poder usar técnicas de análisis de datos para controlar la ejecución de fondos en tiempo real y alertar, en su caso, para que se puedan tomar medidas a tiempo.
  • Establecer requisitos detallados para que las empresas y ciudadanos (incluido el sector informal) participen en procesos transparentes de aplicación y asignación de programas de ayuda, minimizando la posibilidad de fraude. Estudios de la OCDE muestran que el registro y la renovación del reclamante son áreas con especial riesgo de fraude, por lo que las técnicas de análisis de datos son centrales para detectar reclamos o actividades fraudulentas y para distinguir el fraude del error.
  • Crear y promover mecanismos para que los diferentes actores puedan señalar dudas o denunciar conductas corruptas o no éticas, garantizando la protección a los denunciantes. Por ejemplo, Estados Unidos puso en marcha una línea de atención dedicada especialmente al fraude en relación a programas de la Covid-19; una lección aprendida después del huracán Katrina de 2005.
  • Crear grupos de reacción o de trabajo entre actores relevantes para asegurar y monitorear la implementación de medidas y para reforzar la coordinación horizontal y vertical de intervención, pero también para compartir datos, nuevos riesgos, señalar problemas etc.

A largo plazo, valorar y aprender

Algunas lecciones de crisis pasadas, como no relegar la transparencia y la rendición de cuentas, parece que no han sido aprendidas. Sin embargo, quedan aspectos centrales a considerar, como revisar y mejorar los procedimientos de contratación pública en situaciones de emergencia, en función del análisis y las conclusiones respecto a las buenas y malas prácticas. Se trata, también, de continuar mejorando y desarrollando la capacidad de análisis de datos en la auditoria externa, para permitir un control continuo y preventivo.

Es clave revisar y mejorar las regulaciones que clarifiquen cómo deben interactuar el sector privado y los decisores y oficiales públicos. A este respecto, es central discutir leyes de lobby en la región, incluyendo el financiamiento político. También toca reforzar mecanismos de coordinación y cooperación regional, incluyendo la estandarización de ciertos indicadores de alta visibilidad para evitar abusos y malentendidos.

Finalmente, los gobiernos deben considerar la posibilidad de revisar sus estrategias y políticas de prevención de fraude, tomando en consideración el probable aumento de beneficiarios debido a la crisis económica.

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