La grieta chilena

Sebastián Piñera no es el primer presidente chileno que ha afirmado que el país es una excepción o “paraíso” en el contexto regional latinoamericano. Durante los años de la Concertación, no fue infrecuente escuchar referencias a nuestras condiciones excepcionales, entre las cuales la estabilidad institucional ha sido una característica comúnmente destacada. 

Pues resulta que no somos tan originales. Los días de furia vividos en Santiago y gran parte de Chile nos indican, tal como señalaba Nobert Lechner en los años 80, que el orden se construye conflictivamente y nunca de manera definitiva, lo que supone la necesidad de cambios o ajustes permanentes destinados a generar nuevos equilibrios.

No existen trayectorias de democratización parecidas a una línea recta ascendente. La realidad es más compleja y la historia muestra que la democracia se fabrica, como otras construcciones humanas, con combinaciones de acierto y error, avances y regresiones. Quizás nuestro primer error ha sido creer que cuando se habla de modelo chileno, esto conlleva un ideal normativo y no una combinación de aciertos y errores, como es propio.

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Los gobiernos chilenos de distinto signo, y las elites políticas desde la vuelta a la democracia, cayeron presos de sus victorias al construir una transición desde el autoritarismo que repartió beneficios casi a partes iguales, generó una zona de confort para la clase política y la élite donde no había ni ganadores ni perdedores totales. Este proceso de transición, aunque centrado en pactos intra-elite, fue a la postre más estable y acumulativo que otros de la región, con una coalición de partidos (Concertación de Partidos por la Democracia) que pudo ser Gobierno por cuatro periodos consecutivos (de marzo de 1990 a marzo de 2010). No es fácil ser crítico en esas condiciones tan favorables. Y quizás también es una completa ingenuidad pedir que los políticos se comporten como intelectuales, proyectando el proceso político en el largo plazo. Al fin y al cabo los políticos, como decía el profesor Downs, son (solamente) persuasores especializados que intercambian promesas de política por votos.

Lo concreto es que durante los años 90, Chile fue el país que implementó con mayor entusiasmo las reformas de modernización capitalista y la utopía del bienestar creciente fundamentada en el éxito individual. Según estudios de Eduardo Lora (BID), nuestro país, junto a Bolivia, tuvieron entonces las reformas más intensas para la privatización de sus modelos de desarrollo, con desenlaces muy distintos en cada caso. En el de Bolivia, el ciclo de reformas terminó con el estallido social y abrió las puertas a Evo Morales. En el de Chile, con turbulencias como el pinguinazo de 2006 y las protestas estudiantiles de 2011 a 2015 que, aunque acontecimientos que exteriorizaron fuerte malestar frente a la orientación de políticas sectoriales, no lograron modificar el modelo de desarrollo.

Grafico 1.- Índice de Privatizaciones 

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Fuente: Lora, Eduardo. Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo (versión actualizada) / Eduardo Lora. p. cm. (IDB working paper series; 346)

A 30 años de recuperada la democracia, el modelo chileno de ‘modernización capitalista’ no ha eliminado la desigualdad estructural de nuestra sociedad. Trabajos recientes del PNUD Chile han mostrado cómo este patrón histórico de desigualdad se sostiene en múltiples factores que van desde la concentración de altos salarios en ciertos grupos económicos, la concentración del poder político, la sobre-representación de ciertos grupos de interés y un sistema educativo que no genera igualdad de oportunidades.

Asimismo, nuestro sistema político mantiene una importante cantidad de ciudadanos fuera del pacto social, ya sea porque se abstienen de participar en las elecciones, porque no se identifican con la oferta partidaria actual o porque no legitiman al Estado como ente regulador y agente para la representación del interés público. En este punto, el proceso chileno evidencia que los consensos y la convergencia ideológica que diluyó los proyectos alternativos finalmente confundieron y desvincularon a los ciudadanos de la política institucional. Adam Przeworski decía hace años que una democracia sin proyectos alternativos termina siendo irrelevante.

Por otra parte, Chile ha sido uno de los países con menor confianza interpersonal (12%) dentro de la América Latina, que es la región del mundo con mayor desconfianza a nivel social (en promedio, el 82%). Según el Latinobarómetro de 2016, el país que muestra menores niveles es Brasil, donde sólo un 3% confía; le siguen dos democracias relativamente de larga data en la región, como Chile y Costa Rica, con un 12%, además de Honduras –país que en 2009 sufrió el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya– también con un 12%. El Salvador alcanza un 13% y Venezuela un 14%. Perú y Bolivia, un 15%.

Chile, con un 86% de desconfianza y sobre el promedio regional, plantea la pregunta obvia de si es posible que la democracia se consolide y se convierta efectivamente en el único juego posible en semejantes circunstancias.

El actual estallido social tiene la dificultad de que consiste en una masiva protesta callejera, quizás la más extensa en la historia de nuestro país, con poca o ninguna conducción política. Sin duda, este rasgo dificultará la gestión política de un conflicto marcado por el estallido de la calle, pero sin interlocutores claros. Incluso los líderes de oposición partidaria han evitado hablar en nombre y en representación de las protestas, como un reconocimiento de que la crítica es transversal y que la extensión de la sociedad insatisfecha es extraordinariamente diversa, incluso con demandas contradictorias.

El paso que viene será el intento de múltiples organizaciones sociales y políticas para darle conducción estratégica al movimiento. Si esto se produce, es posible que el estallido social deje su huella en la reorientación de políticas públicas. Si no, puede agotarse en un juego de significantes sin mayor impacto en las condiciones de vida de aquellos muchos chilenos que son castigados por la desigualdad.

Pero quizás la interrogante principal, luego de superado este momento inicial de alta contestación social, será verificar de qué manera un Gobierno tecnocrático, que cree poco en la política y menos en el Estado, resuelve este conflicto políticamente y desde el Estado. En este sentido, si el presidente Piñera no quiere debilitar las instituciones republicanas y las raíces sociales de la democracia, y ser tristemente recordado por ello, deberá atravesar una delgada línea roja en su sector, reconociendo que esta crisis sin precedentes consiste en una profunda fractura social generada por la modernización capitalista y por el robusto componente tecnocrático en la elaboración de políticas. Si eso es así, Piñera tendrá que enfrentar al mainstream de tecnócratas, elites económicas y buena parte de la clase política, siendo precisamente un representante de esos mundos. En estos términos, Piñera deberá afrontar los costes del alejamiento de los dogmas del clero político chileno y transitar por una senda de agnosticismo ideológico. Es cierto, hay muchos responsables de que Chile tenga este nivel de ortodoxia en su modelo de desarrollo, pero nadie ha dicho que la política sea justa.

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