La encrucijada social y política de Ecuador

A escasos días de la segunda vuelta electoral en la que se definirá quién ocupará la Presidencia de la República de Ecuador los próximos cuatro años, y poco más de uno después de que estallara la pandemia de Covid-19, ésta ha alcanzado su pico más alto: la escalofriante cifra, de abril de 2020, de más de 800 personas fallecidas, que superó en casi 400 veces el promedio de los últimos cuatro años. Hoy, ocho provincias del país se encuentran bajo estado de excepción tras la expedición del Decreto Ejecutivo 1282, firmado el 1 de abril por el presidente, Lenín Moreno. Parece un momento idóneo para hacer balance sobre la encrucijada que vive el país en los planos social y político. Revisemos la triple crisis que enfrenta el Ecuador.

La pandemia empieza a mostrar efectos devastadores para la economía ecuatoriana. Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) dan cuenta de un incremento del desempleo, la reducción del empleo adecuado y el crecimiento del sector informal. Conforme las estadísticas oficiales, casi seis millones de personas viven en niveles de pobreza, y más de dos millones y medio de personas están bajo la línea de la pobreza extrema. A estos datos, que implican un retroceso de casi una década, se suma el incremento de la deuda pública, que según informes oficiales superaría los 60.000 millones de dólares, por encima del 63% del PIB.

Otra arista es la crisis sanitaria propiamente dicha. Mientras la vacuna comienza a abrir un camino de esperanza para muchos países, Ecuador mantiene una de las tasas más bajas de vacunación de la región (el 1,16%, sólo por delante de Honduras, Guatemala, Paraguay y Venezuela) y atraviesa lo que para muchos es una segunda ola que ha colapsado los hospitales y servicios de salud. Por eso se ha vuelto a decretar el estado de excepción, el cuarto de esta pandemia. Más allá de la evidente desigualdad en la provisión y acopio de vacunas entre las distintas regiones y países, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el escándalo de inminuzación privilegiada a lo largo de América Latina; primero en Argentina, luego en Perú, y finalmente en Ecuador han padecido un descuidado inicio de su proceso de vacunación.

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La tercera crisis es la de la gobernabilidad. El escándalo de la ‘vacunación VIP’ implicó la salida del ministro de Salud y de su sucesor en el lapso de dos semanas. Estos cambios en el Gabinete se suman a otros en importantes carteras como la Secretaría de Comunicación, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno, y se han producido a pocos meses de que Moreno entregue la banda presidencial. A la inestabilidad institucional se le añaden las encuestas, según las cuales el presidente atraviesa sus niveles más bajos de aceptación y credibilidad. Lo mismo sucede con otras instituciones fundamentales del Estado, como la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral.

Para decidir quién liderará la lucha contra esta triple crisis (económica, sanitaria y de gobernabilidad), las ecuatorianas y ecuatorianos tienen que escoger entre dos opciones que alcanzaron, en conjunto, poco más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta. Muchos análisis apuntan a que el resto del electorado decidió romper con la lógica correísmo-anticorreísmo que se ha instalado y en el país y que se ha agravado en los últimos cuatro años. Casi un 35% de los votantes en la primera vuelta se dividió entre dos candidatos, Hervas y Pérez, que presentaron una opción distinta para un electorado joven que propone que se prioricen temas vinculados al medio ambiente, la agenda de mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, y que al mismo tiempo rechazarían la vuelta del correísmo pero tampoco les convence la opción contraria.

Los votos obtenidos por Hervas (Izquierda Democrática) y Pérez (Pachakutik) permitió a sus partidos obtener 18 y 27 escaños respectivamente. La coalición Unes, del candidato Arauz, logró 49 escaños, convirtiéndose en la primera fuerza política del Legislativo, mientras que entre el Partido Social Cristiano (18) y Creo, de Guillermo Lasso (12), suman 30 escaños. El resto de los 137 asientos se reparten entre pequeñas agrupaciones. La particularidad de esta conformación es que ninguno de los dos partidos que disputan la segunda vuelta cuenta con una mayoría para llevar a cabo sus propuestas de campaña y, nuevamente, el electorado que apoyó una vía distinta a las que están en disputa tendrá un bloque representativo sin el cual no es posible tomar decisiones.

La lucha por captar estos votos explica el giro que han dado las campañas de los dos candidatos en la segunda vuelta y el alto nivel de indecisión que reflejan las encuestas. Al 31 de marzo, último día en que la autoridad electoral autorizó la difusión de datos, los expertos señalaron que la distancia entre los candidatos se había reducido significativamente y que, en algunos casos, los resultados arrojaban un empate técnico entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso.

A esta situación, muy particular, habría que sumar la complejidad de un Ecuador que mantiene una deuda histórica con su conceptualización de Estado plurinacional y con los pueblos y nacionalidades indígenas, que desempeñaron un papel preponderante en la crisis de octubre de 2019. La posición de la Conaie, sus líderes y sus bases, en un momento tan crítico, puede resultar definitiva.

La encrucijada que vive la ciudadanía ecuatoriana no se resolverá el próximo 11 de abril en las urnas. La persona que asuma la Presidencia de la República tendrá un trabajo arduo y difícil para compaginar todos los elementos en disputa, mejorar los indicadores económicos, reducir el desempleo, conseguir vacunas y aplicarlas a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. Al mismo tiempo, tendrá que combinar la necesidad de estabilizar la economía utilizando los recursos naturales del país con las demandas de cuidado de la naturaleza; la reactivación, productiva, con la garantía de derechos laborales; la matriz conservadora de las élites económicas y políticas, con las exigencias de derechos sexuales y reproductivos; la independencia de la Justicia, con la necesidad de perseguir y sancionar los casos de corrupción política.

Lo que no está en duda es que el papel del Estado resulta fundamental en tiempos de pandemia, y que ninguna de las dos posiciones en disputa tendrá un camino fácil para imponer una visión extrema, cualquiera que ésta fuera, sin tener un contrapeso en la Asamblea Nacional, la opinión pública y la de los votantes, que seguramente vigilarán que se atiendan las necesidades reales de las ecuatorianas y ecuatorianos más que las ofertas de campaña.

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