La decisión de postergar las elecciones chilenas por la pandemia

El 2 de abril de 2021 Chile superó la barrera de los 8.000 casos diarios de Covid-19 confirmados, el índice más alto desde que comenzó la pandemia, convirtiéndose en el país con más casos confirmados por cada 100.000 habitantes en América Latina.

Esto ha ocurrido a pesar de un proceso de vacunación ya avanzado y que destacado a nivel comparado por la alta capacidad del sistema de salud pública chileno para inmunizar a la población en un plazo corto. Y, por todo ello, era ineludible que emergiera el debate sobre posponer las mega-elecciones (convencionales, constituyentes, a gobernadores, alcaldes y concejales) del 10 y 11 de abril. Pasadas las 20.00 horas del domingo 4 de abril, el Senado aprobó, con 40 votos a favor y dos abstenciones, la postergación de dichos comicios para el 15 y 16 de mayo próximos. A principios del pasado mes, el Congreso ya había modificado la modalidad de estas elecciones, ampliando a dos días su celebración como forma de reducir la probabilidad de contagio sin retrasar la fecha ya acordada.

La pandemia de Covid-19 comenzó en marzo de 2020 y ha planteado ha muchos desafíos a la sociedad chilena. La crisis sanitaria tiene, además del impacto en la vida y salud de las personas, efectos económicos, sociales y políticos. Su dimensión ha provocado que las autoridades a nivel global hayan tenido que tomar decisiones de acuerdo con sus capacidades institucionales, sus contextos y procesos políticos, y una de ellas ha sido sobre los procesos electorales, analizando si se daban las condiciones para celebrarlas o, por el contrario, si hacerlo podía aumentar los contagios.

En un reciente reciente estudio de Idea Internacional cuantifica en 78 las elecciones pospuestas y 113 las realizadas a nivel mundial durante la pandemia. El primer semestre del año pasado, cuando el virus se estaba propagando en un contexto de alto desconocimiento sobre su comportamiento y, por tanto, sin estrategias claras para combatirlo, fue el periodo en el que más procesos electorales se pospusieron.

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La realización de elecciones es muy importante porque, junto al valor de proteger la vida y la salud de las personas, se juega también la protección de la democracia. En el caso de Chile, se postergó el plebiscito nacional por la nueva Constitución del 26 de abril inicial de 2020 al 25 de octubre, cuando se llevó a efecto y el resultado fue muy satisfactorio. El Servicio Electoral (Servel) desarrolló un protocolo sanitario, se ampliaron los horarios de votación, se incluyeron más locales de votación; un conjunto de medidas acordadas entre el propio Servel, el Gobierno, el Congreso y la sociedad civil. Desde ésta última se propusieron iniciativas innovadoras como el voto anticipado y la extensión a dos días de la jornada electoral, que finalmente no se llevaron a efecto. En esas condiciones, la participación subió, llegando al 51%. El caso chileno demuestra que un consenso amplio entre la política, la sociedad civil y la comunidad científica permite desarrollar elecciones que no afectan a la participación y tampoco tiene un impacto significativo en el aumento de los contagios.

Hoy la situación sanitaria es crítica y se ha tomado de nuevo la decisión de posponer, que es lo que los expertos internacionales recomiendan como última alternativa. Antes hay que barajar todas las demás. No se puede suspender la democracia porque se esté en una crisis sanitaria, porque afecta los derechos políticos y civiles, a la legitimidad, la confianza y el desarrollo de políticas públicas.

Estudios recientes como el de la Universidad de Harvard muestran que las políticas públicas que se aplicado en Chile en relación con la pandemia no han sido efectivas, y esos resultados han tenido su impacto en la celebración de elecciones. Posponer no es la única medida, ni la prioritaria para reducir contagios, por lo que distintos actores políticos y sociales han pedido al Gobierno que esa decisión vaya acompañada de medidas estrictas de control de la pandemia y de apoyo económico directo a la ciudadanía para que las cuarentenas sean efectivas. De no ser así, será un argumento permanente para seguir postergando.

Ante el debate en el Congreso, es clave considerar todas las opciones antes de retrasar, analizando los aspectos científicos y legales y preguntándose quiénes ganan y quiénes pierden con esta decisión. El estudio del Observatorio Nueva Constitución recientemente presentado revela que más del 60% de los candidatos a la Convención Constitucional son independientes (no militantes de partidos políticos), y que el 77% no tiene experiencia política ni pública previa. Son nuevos liderazgos que buscan canalizar la crisis a través de su representación y muestran confianza en el proceso. Postergar puede perjudicar la viabilidad de esas candidaturas por la poca experiencia y la falta de recursos y redes de apoyo. La desigualdad de Chile también se expresa en la financiación de las campañas, y afectará sin duda a los nuevos actores (mujeres, pueblos originarios, independientes) y también a la legitimidad del proceso.

La decisión de posponer sólo debe tomarse con un consenso político amplio, asegurando una comunicación efectiva a la ciudadanía, resguardando la igualdad política y observando el gasto en campañas. Debe haber una evaluación profunda de la democracia que se quiere, buscar el equilibrio entre las cuestiones sanitarias y políticas. Si bien el acuerdo para retrasar ya se ha tomado, aún se debate en el Congreso sobre los aspectos específicos de esta decisión, ya que definir su postergación a sólo unos días de celebrarse tiene implicaciones no sólo legales y logísticas, sino que influye también en el desarrollo y supervisión de las campañas electorales. Ya se ha decidido que durante el plazo de suspensión no se podrá realizar propaganda pagada en medios de comunicación social, plataformas digitales y redes sociales. Queda pendiente de revisar la situación de alcaldes en ejercicio que habían suspendido sus funciones por estar en campaña, para decidir si continúan así o vuelven a sus cargos. Entre los argumentos a favor de la reincorporación se encuentran los desafíos de la pandemia y la necesidad de que los gobiernos locales cuenten con sus liderazgos oficiales y democráticamente elegidos; en contra, que volver a ejercer sus anteriores cometidos les dará ventaja frente a candidaturas desafiantes.

Aplazar no se puede convertir en costumbre. El sistema político chileno ha de buscar con urgencia mecanismos que aseguren el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes con todos los avances democráticos que el país se ha dado: en condiciones de transparencia, igualdad política, paridad e inclusión de pueblos originarios.

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