La agenda indígena y la Convención Constituyente en Chile

La Convención Constituyente que se celebrará en Chile ofrece la primera oportunidad para que representantes de los pueblos indígenas puedan participar en decisiones nacionales sin la intermediación de los partidos políticos. Con esta participación, el país tendrá la oportunidad de debatir y reflexionar sobre los problemas producidos a partir el establecimiento de un Estado nacional en un territorio donde habitan múltiples naciones. También generará la necesidad de reflexionar sobre cómo lograr la igualdad entre pueblos dentro de un Estado unitario y centralizado que prioriza la cosmovisión occidental sobre los otros pueblos.

De hecho, Chile es el único país latinoamericano que no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas. Aunque se encuentra vigente desde 2009 el Convenio nº. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no se observa un avance significativo en la protección de sus derechos, generando desconfianza por las promesas incumplidas y la criminalización de comunidades que buscan autonomía. Así, lograr que el Congreso asigne 17 (de los 155) escaños para 10 pueblos indígenas es un hito, a pesar de que el pueblo tribal afro-descendiente queda sin representación propia.

De los 10 pueblos autorizados, se presenta un total de 95 candidaturas a los escaños reservados, como se muestra en la siguiente tabla. El pueblo Mapuche queda con el mayor número de escaños (siete) debido al hecho que son el 86% del padrón electoral. También se ha asegurado que el pueblo Yagan cuente con un escaño para sus 170 electores. La gran presencia de candidaturas lideradas por mujeres (50 de las 95 presentadas) revela la importancia de las lideresas en casi todos los pueblos.

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Con un 11% de los escaños en la Convención Constituyente, los y las representantes de los pueblos originarios tendrán el desafío de plantear y defender sus prioridades, buscando lograr apoyos en los otros 138 miembros. Considerando que al menos un tercio de ellos probablemente estará por defender la actual Constitución, los miembros indígenas deberían actuar de manera unida para lograr que la nueva Carta Magna garantice los derechos de pueblos indígenas reconocidos a nivel internacional.

El primer tema en la Agenda Indígena son los derechos políticos como pueblo. El piso mínimo para dar legitimidad a la Convención es su reconocimiento constitucional, una promesa incumplida desde hace 30 años. Se espera que éste no sea un tema difícil, considerando que un estudio de opinión pública del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (Ciir) arroja que el 97% de la población chilena apoya el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que viven en en el país.

Por lo tanto, su demanda de derechos políticos se centrará en lograr la declaración del Estado plurinacional, tal y como plantea una gran mayoría de las candidaturas. También fue planteado por los y las representantes indígenas durante el proceso participativo constituyente indígena realizado en 2016 y 2017, lo que entró en conflicto con el Gobierno de Michelle Bachelet sobre su factibilidad política. Para las candidaturas indígenas en general, la declaración de un Estado plurinacional es necesaria para lograr la igualdad política entre los pueblos y avanzar hacia su libre determinación. Pero lograr esta declaración en la Convención puede encontrarse con oposición debido a la poca comprensión de su necesidad, según el estudio ya citado de Ciir: solamente el 31% de la población chilena (tanto indígena como no indígena) apoya la opción plurinacional, prefiriéndola el 50% a un Estado multicultural. Este debate sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación generará una discusión sobre la violencia ejercida contra los indígenas desde el siglo XIX, incluyendo el incumplimiento del Acuerdo de Voluntades firmado entre el pueblo Rapa Nui y el Estado chileno en 1888. El pueblo Chango, recién reconocido por el Estado (octubre de 2020), exige su visibilización como un colectivo que vive en el presente y no solamente en la historia, lo que incluye la corrección de los textos escolares.

Una segunda cuestión es el derecho colectivo a la libre determinación, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para las candidaturas Mapuche, el autogobierno es una demanda fundamental porque cuidar su territorio (incluyendo el mar) es central para garantizar su existencia como pueblo. Desde el Diaguita se plantea la necesidad de refundar el pacto social, político y territorial que le dio nombre a Chile. Para las candidaturas aimaras, se exige el reconocimiento de su derecho sobre la propiedad ancestral de sus territorios.

Dentro de este punto, la mayoría de las candidaturas exige el reconocimiento de sus territorios ancestrales, los derechos de la naturaleza y el acceso y el cuidado de las aguas. Desde el pueblo colla se destaca la Pacha Mama (territorio) como un ente que ha de ser valorado. El pueblo atacameño agrega, además, el reconocimiento de la Madre Agua Pat’ta Puri. Desde sus cosmovisiones, y con base en su conocimiento ancestral, la naturaleza es integral a su bienestar y su fortalecimiento como pueblo, y no se puede reducir al valor económico de los recursos naturales. No implica un rechazo a toda actividad productiva, sino avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que se enfoque en el buen vivir (vivir bien) como un fin en sí mismo. Todas estas demandas son coherentes con el reconocimiento internacional de la centralidad de la naturaleza en la vida colectiva de los pueblos indígenas; y, de esta forma, la importancia que los mismos pueblos tengan control sobre sus sistemas de salud, de educación y de justicia.

Además de la demanda por el reconocimiento de sus derechos políticos y culturales, se tiene la esperanza de que se pueda lograr el reconocimiento mutuo necesario para el diálogo; expresado en su conceptualización de inter-culturalidad como una relación horizontal entre pueblos iguales. Las posiciones planteadas en los programas presentados en el Servicio Electoral contrastan con la narrativa ofrecida por los medios de comunicación, que les asignan la responsabilidad por la pobreza y los conflictos. Teniendo en cuenta cómo los medios masivos han ignorado sus demandas de libre determinación, una mayor presencia mediática de líderes e intelectuales indígenas permitirá transformar los estereotipos que fundamentan las discriminaciones y micro-agresiones que viven a diario.

Es desde la interculturalidad horizontal desde la que se critican las políticas implementadas en Chile: son para los pueblos indígenas, pero no por los pueblos indígenas. Así, el pueblo quechua demanda el derecho de sus niños a vivir y ser educados en un contexto comunitario, viviendo su cultura y hablando su idioma. De hecho, la demanda por el reconocimiento y protección de las lenguas, y el conocimiento y tradiciones de los pueblos originarios están presentes en los programas, pero no como principal demanda. De todas maneras, el asunto de interculturalidad estará presente en la Convención.

El Estado chileno construyó, y ha mantenido una relación desigual con los pueblos originarios, y la Convención Constitucional abre la oportunidad para establecer una relación más respetuosa y avanzar hacia la interculturalidad. En los programas se visibilizan muchos temas compartidos por la gran mayoría de la población chilena, como son la descentralización del poder, la protección de los niños, niñas y adolescentes, la dignidad para los adultos mayores, una mayor equidad entre géneros, el respeto a la diversidad, los derechos económicos, sociales y culturales, y un nuevo modelo de desarrollo que respete los territorios y el medio ambiente.

Considerando que en la esfera pública tampoco existen debates informados sobre los derechos de los indígenas, la Convención abre también la oportunidad para que la población en general comprenda la cultura y valores de los pueblos que viven en Chile. Este mayor conocimiento público fortalecerá la posibilidad de encontrar puntos en común con los convencionales no indígenas, aportando a la construcción de un país plurinacional e intercultural. Desde el pueblo kaweskar, y a pesar de la desconfianza que ha acumulado por siglos de maltrato, se reconoce la necesidad de participar para proteger sus derechos y su dignidad. En este proceso histórico que busca democratizar el Estado chileno, todos los representantes de los pueblos originarios se abren a un diálogo intercultural desde su historia, principios y conocimiento. Esperemos que los demás lleguen con las mismas motivaciones.

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