¿Hubo fraude electoral en Perú?

En Perú, el 6 de junio último tuvimos elecciones; segunda vuelta de la elección presidencial entre dos candidatos que, juntos, sólo habían conseguido alrededor de 27% de los votos emitidos en primera vuelta: Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Tras la jornada, Fuerza Popular ha alegado que se habría producido un fraude en las mesas y presentado una serie de peticiones de nulidad de mesas de sufragio.

Para la opinión pública, la percepción de fraude parece existir (aunque no con la gran mayoría que el partido político promotor buscaba). Según la última encuesta de Datum, el 65% de la población considera que hay indicios (el 85% para los electores en segunda vuelta de Fuerza Popular, y el 50% para los de Perú Libre). Y en el último trabajo desmoscópico del Instituto de Estudios Peruanos, sale que el 53% piensa que las denuncias de fraude no son más que una estrategia para no reconocer los resultados, y es menor el porcentaje (43%) que les da razón (31%) o algo de razón (12%), en este último caso haciendo explícito que no afectaría el resultado. 

¿Realmente se ha producido un fraude? Hablar de esto en un proceso electoral significa que los resultados se han visto afectados y que no reflejan la voluntad popular. Un eventual fraude puede haber sido promovido por alguna de las organizaciones políticas en contienda, generalmente con apoyo o al menos anuencia de los organismos electorales y el poder político en funciones.

El poder político ha sido ajeno a la elección. El presidente de la República y el Gobierno han mantenido el principio de neutralidad y no han apoyado ni perjudicado a ninguno de los candidatos en liza. 

Del lado de los organismos electorales, hay varios elementos que garantizan su autonomía. En primer término, el mecanismo para su elección. A diferencia de otros países, en Perú los partidos políticos no participan en aquéllos, ni siquiera de manera indirecta a través de la designación de sus integrantes por parte del Congreso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), encargado del padrón, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), que organiza los comicios, tienen jefes elegidos por un organismo constitucionalmente autónomo, la Junta Nacional de Justicia, similar a un Consejo de la Judicatura, que tiene también como otras funciones la selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Por el lado del tribunal electoral, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el órgano que adopta las decisiones finales en esta materia, está conformado por representantes designados por diversos organismos: el Poder Judicial, entre magistrados supremos jubilados o activos; el Ministerio Público, entre fiscales supremos también jubilados o activos; el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros; los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos; y sus homólogos de las facultades de Derecho privadas, también entre sus ex decanos.

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Por otro lado, los organismos electorales ejercieron sus funciones sin ninguna dificultad tanto en la primera como en la segunda vueltas. Onpe tuvo el 100% de actas contabilizadas nueve días después de la elección y el JNE viene trabajando en resolver las controversias.

¿Qué hay detrás de las reclamaciones de nulidad de la votación en algunas mesas? Las razones que invoca Fuerza Popular para señalar que se habría producido fraude pueden resumirse en tres: (a) hay algunas mesas en las que el partido no consigue ningún voto, (b) las hubo en las que sus miembros fueron familiares y (c) la supuesta falsificación de las firmas de los integrantes de algunas mesas de sufragio. Según la ley peruana, no basta con alegarse fraude, sino que éste haya inclinado «la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”.

Además, el supuesto fraude debe probarse, no sólo invocarse; sobre todo cuando, como en la mayor parte de ordenamientos jurídicos, se privilegia y se presume la validez del voto. La nulidad de sufragios, actas o mesas es siempre excepcional y el último recurso. Algo que también se verifica (y muchos cuestionamos) es que los pedidos no se plantean de manera uniforme respecto de todo el país, sino que inciden en las zonas rurales o lejanas a la capital, en las que fue Perú Libre el partido que obtuvo los mejores resultados.

Cuando se analiza a fondo, que un candidato no consiga votos en una mesa no es una razón suficiente para alegar fraude. Tampoco, que haya miembros de mesas que sean familiares. A esa conclusión parece haberse llegado por compartir apellidos, algo que ocurre en muchas zonas del país sin que ello acredite parentesco. E incluso de existir esta relación de consanguinidad, pese a estar prohibido por ley, debió ser verificado por la Onpe al conformar las mesas de sufragio, y no es razón suficiente para invalidar la votación de todos los electores de una mesa.

Las supuestas firmas falsas implicrían que los integrantes de mesa no ejercieron su cargo, sino que habrían asistido otras personas. Varias han salido a confirmar que se trata de su firma y, como prueba adicional, se han identificado casos en los que las éstas coinciden entre la primera y segunda vueltas.

Las solicitudes de nulidad son resueltas por el tribunal electoral (el Jurado Nacional de Elecciones) en dos instancias. Hasta la fecha, los órganos descentralizados que deciden sobre esta materia a nivel nacional en primera instancia, los Jurados Electorales Especiales, han rechazado la totalidad de pedidos, muchos de los cuales han sido impugnados y se encuentran pendientes de la decisión final del Pleno del JNE.

Con las peticiones nulidad resueltas, el proceso debería culminar y el JNE, proclamar resultados. Sin embargo, lo que parece haber es un afán de dilatar este acto. Fuerza Popular ha reclamado que se haga una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales, se ha pedido la nulidad total de los comicios, presentado también una denuncia penal por supuesto fraude electoral y una demanda de amparo que busca la nulidad y que se celebren unos nuevos comicios. De igual modo, se ha solicitado a la Onpe que libere el listado de votantes, pese a que incluye datos personales (como huellas y firmas), y ahora se ha formulado esta petición mediante una demanda judicial en un proceso constitucional de habeas data (que protege en Perú los derechos de acceso a la información pública y de datos personales). 

Incluso con todos estos pedidos y demandas presentados, no es posible detener o suspender el proceso electoral, y así lo ha determinado el propio Tribunal Constitucional cuando ha resuelto casos en los que revisó decisiones del JNE por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Las peticiones de nulidad presentadas exceden considerablemente a los de procesos electorales previos. En 2011 fueron seis (uno en segunda vuelta) y 26 en 2016 (19 en segunda vuelta), mientras que en esta elección se han contabilizado 1.514 reclamaciones de nulidad sólo en la segunda vuelta entre ambos partidos; muchas de ellas presentadas fuera del plazo.

Con ese incremento exponencial, tal vez la mayor duda es qué ocurrirá si el JNE no logra culminar la resolución de todas ellas. La Constitución no da una respuesta, sino que asume que el 28 de julio es la fecha en que se debe asumir la Presidencia. Algunos políticos han propuesto que, en ese supuesto, el presidente o presidenta del Congreso asuma temporalmente la Presidencia de la República y convoque elecciones. Sin embargo, se trata de una salida no regulada y, por ello, fuera del marco constitucional y legal. 

Sin duda, la preocupación aumenta con los llamamientos de ex militares para que el JNE resuelva para así no deslegitimar su actuación, o que «asuma las consecuencias». También generan inquietud las invocaciones de políticos, autoridades electas o periodistas para no tener en cuenta los resultados electorales o para que el presidente actualmente en funciones sea removido.

Si volvemos a la pregunta inicial, la respuesta debe ser que no se ha probado ningún fraude, pero que parte de la opinión pública (aunque minoritaria) cree que sí lo ha habido. El problema se agrava porque, a diferencia de lo ocurrido en otros países, las invocaciones de fraude y el desconocimiento de resultados han tenido eco también en algunos medios de comunicación, que las difunden sin mayor contraste con la realidad o la mínima exigencia de pruebas. 

Lo más peligroso es que lo excepcional hoy acabe convirtiéndose en la regla. Que, en adelante, cada vez que no gusten los resultados se pretenda desconocerlos, incluso sin pruebas y creando únicamente una narrativa frente a la opinión pública, muchas veces con el apoyo de recursos económicos y legales. La base de una democracia debe ser que quienes quieran acceder al poder compitan por él y que, tras la elección (pierdan o ganen) acepten los resultados. Hacer algo distinto afecta ese sustrato mínimo de la democracia en el que deberíamos tener consenso. Y lo que es peor, este dilatado y permanente desconocimiento de la voluntad popular tras la jornada electoral puede afectar la legitimidad del próximo Gobierno y a su capacidad para ejercer plenamente sus funciones en un contexto de estabilidad e institucionalidad. Lo que está en juego hoy no es un partido político o una persona, sino la propia democracia; ésa por la que siempre vale la pena luchar y preservar, al margen de instituciones, gobiernos, partidos o personas. 

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