Fin de ciclo político en Chile

La mega-elección celebrada en Chile el sábado 15 y domingo 16 de mayo emitió con su resultado una fuerte señal de fin de ciclo político para una de las democracias más estables de América del sur. Es conocido que la estabilidad institucional y el arraigo del sistema de partidos en este país coexistió históricamente con la adaptabilidad de los partidos a los conflictos sociales. Estas adaptaciones en la oferta del sistema chileno permitieron durante el siglo XX que los principales clivajes de la sociedad fueran institucionalizados mediante nuevos partidos o giros ideológicos de los existentes, con el consiguiente resultado de estabilidad democrática.

El estallido social de octubre de 2019 manifestó que la democracia chilena, gracias a una persistente esclerosis desde fines de la década de 1990, había contribuido a profundizar la ‘grieta’ existente en la sociedad por el incremento de la desigualdad, la exclusión social y la indiferencia autocomplaciente de los partidos tradicionales (Mella, 2020).

Desde esta perspectiva, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019 por representantes de partidos que iban desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), por la derecha, hasta el Frente Amplio, por la izquierda, en pleno desbordamiento sistémico generado por las protestas sociales ocurridas desde el 18-O, diseñó una hoja de ruta para la superación de la Constitución autoritaria de 1980. El plebiscito de entrada celebrado el 25 de octubre de 2020 definió, de manera inédita para la historia chilena, que el órgano redactor de la nueva Carta Magna fuera una Convención integrada por 155 miembros electos con paridad de género en su composición final y contemplara, además, 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. El Acuerdo definió que el Órgano Constituyente deberá aprobar las normas propuestas y el reglamento de funcionamiento por un quórum de 2/3 de los miembros en ejercicio.

Los resultados de la elección de convencionales constituyentes conocidos en la noche del domingo 16 de mayo revelaron cambios en los patrones de funcionamiento de la democracia chilena, con incidencia en la configuración del nuevo órgano constituyente y en la próxima elección presidencial y parlamentaria que tendrá lugar el 25 de noviembre de 2021.

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Una de las consecuencias más evidentes de los resultados fue la caída de la derecha (‘Vamos por Chile’), que no consiguió el tercio necesario que le hubiera otorgado capacidad de veto y una llave maestra de bloqueo frente a las propuestas de los sectores progresistas de la Convención que resultaren amenazantes para el equilibrio construido por los partidos tradicionales. El resultado más bajo del sector había sido 34,2% en las elecciones de diputados en 1989, confirmando el patrón del tercio electoral que históricamente controla la derecha. Se esperaba que su convergencia en una lista maximizara sus resultados electorales y que, por otra parte, la fragmentación de los sectores progresistas en varias listas contribuyera a un mal resultado agregado de los sectores más críticos (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Distribución de escaños de la Convención Constituyente

Fuente: elaboración propia con datos de Servel.

Los resultados fueron muy diferentes a los esperados. Si bien es cierto que la derecha reunida en Vamos por Chile fue la lista con mayor número de convencionales electos, la dispersión del voto no permitió que ninguna, por sí misma, consiguiera capacidad de veto unilateral. La distancia entre los 37 escaños obtenidos por Vamos por Chile y los 52 necesarios para viabilizar bloqueos en el espacio constituyente deja al oficialismo y a los sectores que defienden el statu quo institucional aislados y vulnerables.

La derecha ha quedado debilitada y con escasa capacidad de coalición y chantaje. Esta pérdida de capacidad estratégica en el espacio constituyente se multiplica con la caída del apoyo al Gobierno de Sebastián Piñera a niveles históricos (inferiores al 10%), producto de la represión de las manifestaciones del 18-O y de los fallos en la gestión de la crisis sanitaria. Con estos resultados, el único sector comprometido con el modelo chileno vigente corre el riesgo severo de quedar estratégicamente aislado e ideológicamente atrincherado por la incidencia de los representantes electos de la UDI y del Partido Republicano.

Gráfico 1.- Cuotas de bloques en Órgano Constituyente

Fuente: Elaboración propia con datos de Servel.

En este contexto, los escenarios probables de formación de coaliciones destinadas a bloquear o impulsar propuestas ganadoras en la Convención Constituyente otorgan un rol estratégico muy relevante para ‘Apruebo Dignidad’ (PC-FA) y la ‘Lista del Pueblo (Cuadro 2). La cooperación de ambos permite asegurar capacidad de veto debido a que suman el 35,5% de los escaños y, además, establecer condiciones para la convergencia con otros convencionales independientes ubicados a la izquierda del Apruebo Dignidad.

Por otra parte, si bien Apruebo Dignidad podría aliarse con Apruebo y adquirir así capacidad de bloqueo (34,2% de escaños), esta posibilidad generaría altos costes políticos para el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA); por ejemplo, en la elaboración del reglamento de la Convención. Comparativamente, la convergencia de los convencionales de Apruebo Dignidad con la Lista del Pueblo aglutinaría el tercio requerido para el veto, asumiendo menores costes para ambos bloques que en el caso anterior. El Cuadro 2 se detallan las coaliciones posibles de bloqueo y las ganadoras de la Convención en virtud de la distribución de cuotas de control de escaños en el Órgano Constituyente.

Del mismo modo, la convergencia de Apruebo Dignidad, la Lista del Pueblo, Independientes y el Partido Socialista (Apruebo) aseguraría los 2/3 necesarios para aprobar propuestas ganadoras para el nuevo texto constitucional. El principal problema de esta eventual coalición es su amplitud, diversidad interna y costes altos para generar acuerdos. Quedando así las cosas, partidos tradicionales como la Democracia Cristiana (PDC) y el Partido por la Democracia (PPD) pueden convertirse en actores superfluos para el trabajo de la Convención en el espacio de la centro-izquierda.

¿Qué rol tendrán los partidos tradicionales que lideraron la transición a la democracia durante la década de 1990? Todo parece indicar que habrá distintas tesis políticas en el seno de la antigua alianza de la Concertación reunida en el bloque Apruebo. El PDC y el PPD, reducidos a la mínima expresión en el Órgano Constituyente, serán probablemente actores secundarios en la gestión de los acuerdos y de las propuestas ganadoras. El Partido Socialista, que obtuvo aproximadamente 10% de los escaños, deberá resolver la tensión interna entre su rol en los gobiernos de la Concertación, el desempeño del partido a nivel legislativo y su posicionamiento estratégico en los debates constituyentes. En todo caso, es esperable que el bloque de Apruebo deba afrontar fuerzas centrífugas e, incluso, el riesgo de disolución en debates con alto potencial polarizador y movilizador; entre otros, sobre sostenibilidad ambiental y pueblos indígenas.

Cuadro 2.- Coaliciones posibles en la Convención

Fuente: elaboración propia con datos de Servel.

Otro asunto clave será, sin duda, la cohesión, la política de alianzas y la disposición para converger de las diferentes listas de independientes que, en su conjunto, constituyen la mayor fuerza en el espacio de la Constituyente. Sin embargo, su heterogeneidad puede desembocar en posturas antagónicas en muchos asuntos o en que los costes reconstruir acuerdos dé resultados ineficientes. Por ejemplo, se observan diferencias relevantes entre la lista de independientes por la Nueva Constitución, próximos a los referentes de la Concertación o Nueva Mayoría, y la Lista del Pueblo, caracterizada por una postura crítica respecto a los partidos tradicionales y un énfasis en la democracia participativa. En estos bloques, se observa mayoritariamente una propensión a reelaborar el carácter de la Convención como Asamblea Constituyente y a modificar los quorums y procedimientos de aprobación de propuestas establecidos en el Acuerdo del 15 de noviembre. Esta heterogeneidad está incluso presente entre los convencionales que asumen en los escaños reservados para pueblos indígenas, pues se visualizan al menos tres representantes próximos al Gobierno.

Paradójicamente, puede darse el caso de una convergencia táctica espontánea de grupos ideológicamente muy distantes con interés en bajar el ‘quorum’ de 2/3 para propuestas ganadoras o implementar mecanismos plebiscitarios suplementarios cuando no se alcance la mayoría cualificada. Este tipo de tácticas pudiere indirectamente favorecer a una derecha castigada electoralmente, disminuyendo su distancia entre los escaños obtenidos y el sistema de aprobación de propuestas.

Si bien las últimas elecciones en Chile pusieron en marcha el funcionamiento de la Convención Constitucional, su proximidad con la elección presidencial y parlamentaria del 25 de noviembre multiplicará el impacto político en la selección de candidatos. Desde esta perspectiva, la percepción predominante antes de estos comicios era que las posibilidades de la derecha de ganar la elección presidencial de noviembre variarían con independencia de la caída en el apoyo del presidente Piñera. Después de las constituyentes, la derrota de la derecha se ha interpretado como parte de los costes que debe asumir por el estallido social y una mala gestión gubernamental de la pandemia.

Los resultados de la elección de convencionales no deben analizarse al margen del mecanismo dispuesto a estos efectos, que permitió una mayor competitividad de las candidaturas sin membresía partidaria. Las próximas parlamentarias funcionarán bajo las condiciones habituales, que limitan esa competitividad de listas independientes. Con todo, se observa un cambio de patrones en el sistema político chileno que, por primera vez desde 1989, confirma el declive de los actores tradicionales y el surgimiento de nuevos actores, muchos ellos provenientes de las organizaciones sociales, que se movilizaron activamente en las protestas de 2019 y que pueden contribuir hoy a la revalorización del juego democrático. Después de todo y como diría Kant, “nada grande se hace sin pasión”.

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