Evaluar políticas públicas no sólo en tiempos de crisis

El interés por la calidad de las políticas públicas no es una cuestión reciente, aunque parece reavivarse en periodos de crisis en las que se disparan los déficits públicos. La revisión del gasto suele plantearse, desde posiciones contrarias a cualquier subida fiscal, como una opción anterior a las medidas recaudatorias. Más allá de este debate, en un contexto como el que plantea la pandemia una asignación de los fondos públicos lo más eficiente posible resulta especialmente relevante para el cumplimiento de los objetivos de las medidas sanitarias, económicas y sociales, lo que no es posible sin una adecuada evaluación de las mismas.

La Unión Europea ha puesto especial énfasis en que los proyectos que se incluyan en los planes de recuperación de los estados miembros para la asignación de las subvenciones y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluyan objetivos, indicadores y plazos de cumplimiento precisos que posibiliten su evaluación, condicionando a ello la liberación de los fondos. Y contempla incluso un eventual reembolso de los mismos si, durante la ejecución de los planes, se constata que no se cumplen los objetivos planteados.

Sin embargo, remitirse a circunstancias tan particulares puede desviar la atención respecto a la necesidad de una evaluación sistemática de las políticas públicas. Desde hace décadas, organismos económicos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, e instituciones como la Comisión Europea, vienen realizando estudios comparados y fomentando la implantación de buenas prácticas de evaluación. Está comprobado que la cultura de la evaluación contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones públicas y, lo que es más importante, a mejorar la calidad democrática a través de la rendición de cuentas.

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

La evaluación de las políticas públicas es un ejercicio complejo, y no sólo se refiere a los resultados obtenidos o a la gestión eficiente del gasto público. Tiene que ver con aspectos tan variados como la planificación de las políticas, la adecuación de los objetivos, la calidad de las leyes, los análisis de impacto económico, social y medioambiental, los procedimientos de gestión, la simplificación administrativa o la coordinación entre administraciones. Y requiere de medios suficientes (la evaluación tiene un coste) que deben verse compensados por las ganancias de eficiencia; siempre que las conclusiones de la evaluación se reflejen de manera efectiva en mejoras en la gestión, en la reasignación del gasto entre los programas presupuestarios o en reformas estructurales de mayor calado.

España no es en absoluto ajena a esta tendencia. La cultura de la evaluación de las políticas públicas se encuentra arraigada en las administraciones públicas. Existen multitud de investigaciones al respecto en el mundo académico y empresarial, en los centros de estudios y en la sociedad civil. Organismos como el Instituto Nacional de la Administración Pública (Inap) o el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) vienen formando a los empleados y directivos públicos en una cultura de la evaluación e investigando sobre metodologías para mejorar la calidad del propio ejercicio de evaluar. El Tribunal de Cuentas lleva a cabo análisis de la calidad de la gestión en sus auditorías públicas. También las comunidades autónomas han ido creando organismos y promoviendo investigaciones para la evaluación de sus políticas.

A pesar de todos estos esfuerzos y avances, aún prevalece la opinión de que falta en nuestro país una sólida cultura de la evaluación bajo criterios y metodologías rigurosos, transparentes, objetivos e imparciales, que tenga un verdadero reflejo en una rendición de cuentas de los poderes públicos, más allá del debate partidista. Sin embargo, lo que falta más bien es un sistema integrado, coherente e institucionalizado de evaluación de las políticas públicas. En muchas ocasiones, las iniciativas, innovaciones y esfuerzos en este campo quedan en valiosos documentos teóricos sin una traslación real a la mejora de la gestión pública, o carecen de continuidad por la ausencia de apoyo desde la esfera política. En otras, la transparencia no es contemplada en su sentido más amplio. Así, el ciclo presupuestario no debería considerarse cerrado una vez ejecutado el gasto y liquidado el ejercicio, sino una vez evaluados los resultados de los programas presupuestarios, de modo que se pudiera conocer no sólo en qué, sino también cómo se han gastado los recursos públicos.

A nivel institucional, se ha dado también una discontinuidad en los organismos evaluadores, y éstos no han gozado de la relevancia que su función requería. Los informes anuales de actividad que, por ley, debía remitir a las Cortes Generales la desaparecida Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (disuelta en 2017) pasaron siempre desapercibidos. El actual Instituto de Evaluación de las Políticas Públicas (Iepp) se ha integrado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con rango de Subdirección General, y no tiene la obligación legal de remitir sus evaluaciones al Parlamento.

Este retorno de la institución evaluadora al seno de la Administración puede aproximar la evaluación a los propios gestores públicos, para orientar de un modo más inmediato la toma de decisiones y mejorar la gestión pública. Sin embargo, la creación de una agencia o autoridad más autónoma e independiente, dotada de medios suficientes, que coordinara e integrara los esfuerzos hoy dispersos (AIReF, Inap, IEF, Tribunal de Cuentas) y contara con planes de evaluación transparentes (sobre los que pudieran influir los parlamentos nacional y autonómicos) daría una muestra de compromiso político con una evaluación objetiva e imparcial, que implicara una verdadera rendición de cuentas de los poderes públicos más allá de los vaivenes políticos.

En esta línea de institucionalización y sistematización de la evaluación de las políticas públicas se inscriben los últimos estudios y recomendaciones de la OCDE. A nivel nacional, el reciente plan estratégico adoptado por la AIReF para los próximos años plantea hacer de la evaluación una función permanente y central del organismo, que atesora ya la experiencia de las revisiones de gasto (spending reviews) llevadas a cabo desde 2018. Algunas de ellas, como la relativa a las subvenciones, abarcaban diversos niveles de gobierno. Otras, como la de los beneficios fiscales, partieron de una iniciativa parlamentaria. Algunas comunidades autónomas se están dirigiendo a la AIReF para solicitar evaluaciones sobre determinadas políticas o planes autonómicos.

Esta estrategia puede marcar el camino para un refuerzo institucional de la evaluación en España que mejore la calidad del gasto y la transparencia de las políticas públicas, además de favorecer una rendición de cuentas regular y periódica de los poderes públicos ante los parlamentos y la sociedad, no sólo circunscrita a momentos de crisis o como condición para la recepción de los fondos europeos.

Contra la pandemia, información y análisis de calidad
Colabora con una aportación económica

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.