En Perú, nos alejamos ahora para abrazarnos después

El 6 de marzo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, sorprendió anunciando mediante un mensaje a la nación el primer caso detectado de coronavirus en el país. Era cuestión de tiempo, ya que países vecinos habían reportado también sus primeros casos. El anuncio suscitó diversas reacciones. Políticos de la oposición tildaron el anuncio presidencial de exagerado. También lo acusaron de no mostrar la misma rapidez con otras crisis sanitarias que flagelan al país, como los casos de dengue en la selva peruana o la demanda de atención por parte de niños con plomo en la sangre producto de las actividades mineras

Las noticias que llegaban de China, Italia y España no eran positivas, las cifras de muertos pasaron de decenas a cientos y luego miles. Imágenes de hospitales saturados, ciudades colapsadas y morgues repletas parecieron justificar la gravedad que el Ejecutivo peruano le había dado al inicio de la pandemia. 

Perú no está preparado para afrontar un virus para el que no se hay vacuna y que tiene una tasa de mortalidad que puede superar el 5%. Por un lado, el sector salud peruano es un sistema complejo y fragmentado en el que coexisten sistemas públicos, semi-públicos  y privados. La desatención no es de este Gobierno: en la última década, el máximo de presupuesto que ha recibido el sector salud ha sido 6%.

En el aspecto político, recordemos que Perú está saliendo de una crisis profunda que incluye la renuncia del presidente electo (Pedro Pablo Kuczynski, PPK), la toma de posesión del entonces vicepresidente Martín Vizcarra (2018), un referéndum (2018), el cierre del Congreso (2019) y nuevas elecciones congresales (2020). Desde que comenzó el mandato de Vizcarra hasta la fecha han pasado dos años, pero se han sentido como una década.

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El Gobierno decidió aplicar medidas estrictas desde los primeros días de la crisis. El 15 de marzo decretó el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, forzando el cierre de los negocios no esenciales. Para entonces, había 17 ciudadanos, de 714 analizados, con resultados positivos de Covid-19. Tres días más tarde, decretó la inmovilización obligatoria de las 20.00 a las 5.00 horas, así como la prohibición del uso de vehículos particulares. El 22 de marzo se extiendió el estado de emergencia y se amplió el toque de queda desde 16.00 hasta las 5.00 horas. El Gobierno convocó a las Fuerzas Armadas, activas y en reserva, para que apoyaran a la Policía en la labor de custodia e implementación de las medidas. Entre el 15 y el 18 de marzo, los pacientes infectados subieron de 17 a 145. El gráfico siguiente muestra la evolución de los casos positivos en Perú.

Según el ministro de Salud, al momento de escribir esta nota hay 271 camas de cuidados intensivos disponibles equipadas con lo necesario para atender los casos graves de ‘Covid-19’. El temor del Gobierno es que la cifra de infectados suba a un ritmo que sature el sistema de salud y, en consecuencia, se pierdan vidas que se habrían podido salvar con la atención adecuada.

El domingo 5 de abril, 81 pacientes se encontraban hospitalizados en cuidados intensivos, lo que representa casi el 4% de los casos positivos detectados. De no cambiar la tendencia, y asumiendo una proyección lineal, el sistema hospitalario peruano podría colapsar cuando se lleguen a los 7.000 casos positivos, ya que se necesitarán aproximadamente nueve camas UCI más de las que tiene Perú para afrontar esta crisis. Si el sistema se desbordara, representaría la muerte de miles de personas. 

Ante estas circunstancias, el Gobierno ha optado por poner a los ciudadanos primero, y ha tomado medidas en ese sentido. En el aspecto económico, entendió que el aislamiento social y el toque de queda representan un fuerte golpe en la situación de millones de familias, por lo que se dispusieron medidas que apuntaban al sector formal como el teletrabajo o las restricciones al despido de personal, entre otras. Sin embargo, no serían suficientes en un país donde el 75% de la población subsiste gracias a la economía informal, y para la gran mayoría cuyo trabajo es precario. Por ello, se estableció un paquete de transferencias no condicionadas a las familias más necesitadas: un bono de 720 soles (193 euros, aproximadamente, que se aumentó desde los 380 soles originales) a las familias inscritas en el padrón de focalización del Gobierno y, para quienes no lo estén, transfirió 200 millones de soles (alrededor de 53 millones de euros) a las municipalidades para que puedan entregar productos de primera necesidad a las familias más necesitadas.

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Por otro lado, el ministro de Salud, Víctor Zamora, ha señalado que está haciendo los esfuerzos necesarios para aumentar el número de camas UCI hasta llegar al medio millar. Sin embargo, como todos los países están compitiendo por los mismos equipamientos, sus precios se han disparado y la demanda no puede ser cubierta con la prontitud necesaria. El gobierno está promoviendo la fabricación local de respiradores mecánicos, piezas fundamentales para poder hacer frente a esta crisis. 

Ahora bien, todos estos datos son agregados nacionales y no tienen en cuenta la desigualdad territorial en Perú. No todas las regiones tienen la misma capacidad hospitalaria que Lima. Además, en algunas como Loreto y Ucayali los hospitales ya estaban desbordados por pacientes con dengue, y las regiones del norte están presentado tendencias alarmantes.En esta pandemia, queda claro que estamos pagando por la desatención. Es importante invertir en salud pública en todo momento. De lo contrario, se gastará mucho más, en dinero y vidas, cuando afrontemos crisis como ésta.

En un contexto de tantas carencias, con un sistema público desatendido durante décadas, con una economía informal tres veces mayor que la formal, las medidas gubernamentales son las acertadas. Aún es muy pronto para decir si han sido efectivas en Perú, aunque sean las que recomiendan la Organización Mundial de la Salud y los expertos. De momento, parece que sí si comparamos con países vecinos (ver Gráfico).

En lo político, se puede apreciar que la opinión pública ha respondido positivamente a las medidas tomadas. La aprobación de Vizcarra está en su máximo histórico (85%) subiendo más de 30 puntos en una semana. La crisis ha ayudado al presidente a solidificar su imagen, pero también resaltan otras figuras dentro del Gobierno. Es el caso de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, a quien le llovieron las críticas por su juventud cuando fue designada, un rasgo que no las suscitó cuando otros economistas varones de su edad asumieron el mismo cargo. Día a día, la ministra está demostrando su profesionalidad y, a diferencia de la mayoría de sus antecesores, busca un acercamiento cotidiano con los ciudadanos a través de su cuenta de Twitter. Caso opuesto fue el de la ex ministra de Salud Elizabeth Hinostroza, a la que Vizcarra destituyó en plena crisis, el 20 de marzo, debido a su desempeño y cuya sustitución no provocó resistencia.

En este contexto de incertidumbre, y con el Gobierno con todos los reflectores puestos, el nuevo Congreso peruano juramentó para el periodo 2020-2021. Este trámite, que a finales de enero se pensaba que iba a ser trascendental, pasó desapercibido. Lo que sí mereció reproches fue la incapacidad de la institución para celebrar sesiones virtuales, forzando a los parlamentarios y funcionarios a asistir, contraviniendo las medidas recomendadas.

Entre la falta de atención pública y los deseos de apoyar en las crisis, se generan incentivos para que algunos parlamentarios propongan medidas sin mucho sustento técnico y con tintes populistas. Por ejemplo, se ha propuesto la reducción del sueldo de los funcionarios o permitir la retirada de los fondos de pensiones de cantidades mayores a las establecidas por el Congreso. En ese sentido, es una incógnita si el nuevo Parlamento será un aliado o no en los esfuerzos del Ejecutivo para contener la crisis. 

Entre las tareas gubernamentales pendientes está mejorar el manejo de información. Los reportes que entregan a veces no son consistentes y como se ha consignado, incurren en contradicciones. Como ya se ha dicho, las inequidades entre regiones son inmensas en Perú, y muchas de ellas están lejos de las capacidades de Lima para afrontar esta pandemia, por lo que no tener información clara de cada región genera ansiedad y desconfianza entre los ciudadanos.

Por otro lado, se ha alertado sobre las dificultades que tendrán los órganos de control para evitar actos de corrupción en las compras del Gobierno central o las municipalidades. La nueva legislación que permitiría a la Contraloría controlarlas está en el limbo entre el Ejecutivo y Legislativo.

 Aun con las dificultades y limitaciones de un país en desarrollo, la gestión del Gobierno y del presidente parecen ser las correctas. Vizcarra da una conferencia de prensa todos los días, en la que informa al país sobre las acciones realizadas y los efectos de la pandemia en Perú. Su lenguaje sencillo, sereno y templado transmite la calma que el país necesita. En una actitud casi paternal, nos recuerda que la vida es lo más importante, que cuidar de los nuestros implica cuidar de todos y que las medidas drásticas que se están tomando son las necesarias. Nos recomienda respetar la distancia social. En sus palabras: “Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora”.

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