Elección de miembros del TC: un asalto precario a la democracia peruana

Perú suma otra crisis política a puertas de su bicentenario. El Congreso de la República viene intentando elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) mediante un proceso que estaría marcado por distintos vicios de legalidad y legitimidad. Al 21 de julio de 2021, los congresistas no cuentan con los votos necesarios para completar el proceso. Pero las cosas pueden cambiar en los próximos días: otra vez, el Estado de derecho está bajo asalto.

El episodio no es una novedad en América Latina. Según la politóloga Gretchen Helmke, los presidentes y los congresos han atacado (o amenazado con atacar) la composición de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional en 44 oportunidades entre 1985 y 2009. Esta forma de manipulación judicial suele venir del Poder Ejecutivo (33 casos), pero el Legislativo también ha sido el perpetrador en varias ocasiones (11 casos). Estos ataques, nos dice la autora, son contrarios a la independencia judicial, el Gobierno limitado y el imperio de la Ley.

Pero lo que resulta interesante de lo observado en Perú en los últimos días no es únicamente la posibilidad de estar presenciando otro caso más de manipulación judicial, sino el soberano fracaso en concretarlo. No es la primera vez que sucede. En los últimos dos años, una elección del TC marcada por controversias se ha visto frustrada en tres oportunidades. Y hay otros antecedentes. La fallida manipulación judicial, como en la canción de Fito Paéz, parece parte de un juego donde todo empieza siempre una vez más.

Comencemos por la partida más reciente de este juego donde se impone la circularidad. A pesar de que el Poder Legislativo tiene la facultad de elegir a los miembros del TC (artículo 201 de la Constitución), diversos analistas e instituciones alertaron de que se venía incumpliendo con el reglamento que rige este proceso. Como vimos en señal de televisión abierta durante la etapa de entrevistas, los congresistas no parecían centrados en la meritocracia, sino en encontrar candidatos que tuviesen compatibilidad con sus intereses políticos. En vez de solvencia moral, pusieron a encabezar la lista de méritos a un ex magistrado que tendría vínculos con jueces y fiscales investigados por integrar una organización criminal. Y, en lugar de publicidad y transparencia, ocultaron los documentos donde podía verificarse las motivaciones detrás de las puntuaciones otorgadas a cada candidato.

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Cuando un juzgado resolvió que debían suspender temporalmente este proceso, los congresistas acordaron incumplir el mandato judicial y continuar con la votación. No retrocedieron ni cuando organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a respetar la decisión judicial. De acuerdo con el Ministerio Público, los congresistas posiblemente han incurrido en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Al posible delito le siguió la viveza criolla. Los congresistas corrieron a publicar las actas de evaluación de las motivaciones de puntajes, quizá como forma de exonerarse de los cuestionamientos. Pero terminaron agregando preocupaciones. La información publicada demuestra que no profundizaron en los argumentos para justificar sus motivaciones, copiaron textualmente la información de un candidato a otro, realizaron mal el cálculo de las puntuaciones totales o, directamente, dejaron hojas en blanco. Al ser refrendado sobre esta situación, el congresista que preside el proceso señaló que él «no interpretaba así el reglamento» y que existían congresistas que no le habían entregado motivaciones o que lo habían hecho de forma oral. La arbitrariedad e informalidad en todo su esplendor.

El lector menos familiarizado con el caso peruano pensará que estos congresistas dispuestos hasta a cometer delitos para conseguir sus objetivos actúan bajo la seguridad de que ganarán políticamente. Pero no es el caso. Como decíamos al inicio, es imposible entender este episodio sin reconocer el desencuentro entre deseos y capacidades para concretarlos.

Tras dos rondas de votación, el Congreso no consiguió los 87 votos necesarios para elegir a ningún candidato, ni siquiera aquéllos que encabezaban sus cuadros de mérito. Las redes sociales no pudieron resumirlo mejor: las críticas a los parlamentarios fueron, con poca sutileza, acompañadas de caras de payasos.

Ahora bien, recordemos que el juego no se inventó la semana pasada. Este Congreso arrancó en marzo de 2020 para completar el periodo congresal interrumpido tras la disolución del Congreso en septiembre de 2019 por un conflicto institucional (al menos en parte) vinculado a la elección de magistrados del TC. Y, sin embargo, los nuevos congresistas perdieron toda legitimidad para seguir con esta elección luego de protagonizar una de las vacancias presidenciales más impopulares de la historia del continente. Cuando, en noviembre de 2020, un estallido social forzó la renuncia del Gobierno con vocación autoritaria que siguió a la vacancia, diversas bancadas decidieron que el próximo Congreso debía ser el encargado de elegir el TC. Pero, ya vimos, tras cinco meses estaban listos para repetir el plato.

No se trata, entonces, de una falta de vocación lumpen. Sucede que los asaltantes son precarios. Los actuales congresistas son políticos inexpertos, sin vínculos partidarios ni lealtades fuertes a un jefe o programa. Pero haríamos mal en creer que ellos inventaron la manipulación judicial. Desde la transición democrática en 2000, la independencia judicial ha dado paso, paulatinamente, a la politización en la designación de miembros del TC.

En 2007 y 2013, por ejemplo, congresistas con las mañas de los políticos más profesionales trataron de repartirse puestos en el TC y priorizar a candidatos cercanos a sus intereses partidarios antes que profesionales de larga data. La respuesta de la ciudadanía también fue más organizada: protestas masivas rechazaron estas repartijas y ayudaron a encauzar elecciones más decentes. Hoy, por lo motivos que sean, la presión ciudadana hacia la más reciente repartija ha sido bastante débil. Es cierto que la precariedad institucional peruana es bicentenaria, pero casi dan ganas de gritar ¡Repartijas las de mis tiempos!

Pero no debemos subestimar lo que viene ocurriendo. Los congresistas parecen dispuestos a usar todo lo que está a su disposición para avanzar en sus objetivos: rechazar todos los proyectos de ley de las bancadas que no secundaron la elección del TC, citar a la fiscal de la Nación y hasta avanzar una denuncia constitucional contra la presidenta del Poder Judicial por supuestamente avalar, supuestamente, la resolución judicial de suspensión del proceso. Para ellos es un día más en la oficina.

Quizá los congresistas crean que están al borde de concretar una hazaña. Se equivocan. Si tuvieran éxito, podrían tener un TC a su medida para ver temas relacionados con el actual proceso electoral y otras acciones controvertidas que vienen aprobando. Pero también podrían terminar disparándose a los pies y crear los incentivos perfectos para que el futuro Gobierno de Pedro Castillo y el Partido Perú Libre traten de crear un TC a su medida.

Recordemos. Tras reclamar la desactivación del TC en primera vuelta, Castillo llega a la Presidencia con la promesa de instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución con “olor, color y sabor de pueblo”. Sin embargo, las vías legales para iniciar un proceso constituyente no están claramente definidas. Si a ello se agrega que se enfrentará a una oposición con voces de vacancia, nada sería mejor que tener a tu lado al máximo intérprete de normas.

Ya lo dijo el presidente argentino Carlos Menem: “¿Por qué sería yo el único presidente argentino en no tener mi propia corte?” Con matices, la experiencia latinoamericana nos enseña que la manipulación judicial de unos crea la tentación para la manipulación judicial de otros. No ignoremos esa lección para Perú.

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