El Salvador: ¿Nuevas Ideas, viejas prácticas?

Las elecciones para diputaciones, tanto del Parlamento Centroamericano como de la Asamblea Legislativa nacional, y sub-nacionales (alcaldías y concejos municipales) celebradas el 28 de febrero pasado en El Salvador representaban dos grandes desafíos para este pequeño país del istmo centroamericano: por un lado, respecto a lo que implicaba realizarlas durante la pandemia, con toda la logística necesaria de bio-seguridad para evitar contagios; y, por otro, poner a prueba el funcionamiento de las instituciones y entidades colaboradoras en un contexto narrativo de fraude, discurso sostenido por el oficialismo.

Según las cifras oficiales (del Tribunal Supremo Electoral, TSE), la participación fue de un 51% del padrón electoral, lo que representó un leve incremento si se lo compara con la de elecciones similares desde 1994 (de media, un 44% hasta 2018), que adquiere más valor si se tiene en cuenta la situación creada por la Covid-19.  

Respecto a la gestión de la pandemia por parte del presidente del país, Nayib Bukele, las encuestas realizadas antes de la jornada electoral (las de la Universidad Francisco Gavidia; el Instituto Universitario de Opinión Pública, Uidop; Cid-Gallup) le otorgaron una aprobación media muy alta.

Además, la narrativa asumida por el presidente sobre la comisión de un eventual fraude electoral encontró eco en la ciudadanía, siendo un posible factor que incidió en este comportamiento. De acuerdo con la encuesta de opinión de Iudop de diciembre de 2020, el 49,7% opinaba que efectivamente lo habría, frente al 41,9% que pensaba que los comicios se desarrollarían limpiamente. En ese mismo trabajo, y preguntados sobre la confianza que les merecía el TSE, el 67,2% respondió que poca o ninguna.

Ambos factores pudieron ser determinantes en elevar el porcentaje de participación; pero también, como veremos más adelante, en el comportamiento de los electores. 

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La jornada arrancó con un retraso generalizado de alrededor de dos horas, ocasionado por problemas logísticos que impidieron instalar a tiempo las Juntas Receptoras de Voto. No obstante, una vez resueltos los problemas logísticos, el día transcurrió con bastante estabilidad. Se denunciaron los conatos aislados de violencia, aunque se cebaron con los medios de comunicación: la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) registró ante las autoridades un total de 79 agresiones, de las que 53 se habrían producido durante la jornada electoral. Según Apes, este dato supone un 200% más de las que se denunciaron en las elecciones presidenciales de 2019 y las legislativas de un año antes.

El TSE ha iniciado este martes el escrutinio final, que aún tardará en conocerse cinco días más, aproximadamente. Por ello, este análisis se basa en los resultados preliminares, que no obstante representan el 90,31% de las actas.

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que faltan aún datos comparativos para aseverar contundentemente que en El Salvador se ha materializado un cambio en su sistema de partidos, sí se puede afirmar que, desde luego, el resultante no será el mismo que salió de las dos últimas convocatorias electorales (presidenciales de 2019 y sub-nacionales y diputaciones de 2021). De acuerdo con la literatura en Ciencia Política (Sartori, 1976), su tipología habría pasado de un sistema de partidos competitivos (pluripartidismo moderado con tendencia a la polarización entre los dos preponderantes, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y Alianza Republicana Nacionalista) a otro no competitivo, con la muy probable eclosión de un partido hegemónico: Nuevas Ideas.

Con un total de 1.376.292 sufragios contabilizados en el escrutinio preliminar, en la elección para Diputaciones de la Asamblea Legislativa el partido del presidente Bukele se habría convertido en la primera fuerza política, pudiendo adjudicarse no sólo la mayoría simple (43 votos), sino la calificada (56). ¿Y esto qué significa? Que esa aritmética legislativa le daría la posibilidad de tomar decisiones tales como: 

  •  Con 43 votos, Nuevas Ideas podría decretar, interpretar, reformar y derogar leyes secundarias; decretar impuestos, tasas y contribuciones sobre bienes, servicios e ingresos; el reglamento de la Cámara; el Presupuesto estatal; crear y suprimir plazas de funcionarios y empleados del servicio civil; aprobar su propio presupuesto y sus salarios, así como sus reformas; decretar beneficios e incentivos fiscales para actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios; decretar, asimismo, leyes sobre el reconocimiento de la deuda pública, y crear y asignar los fondos necesarios para su pago; elegir al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República; aprobar concesiones del Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales y otras obras materiales de uso público; decretar símbolos patrios; nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional y adoptar acuerdos o recomendaciones, estando obligados a colaborar los funcionarios y empleados públicos, así como cualquier otra persona; interpelar a ministros y a presidentes de autónomas y ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación, excepto cuando se sometan a arbitraje materias de límites de la república o del territorio nacional.

Pero es que, además, con la mayoría calificada podría:

  • Aprobar los contratos de préstamos contraídos por el Ejecutivo, con el fin claro de los fondos; declarar la incapacidad física o mental del presidente, vicepresidente o funcionarios electos por la Asamblea Legislativa para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Cámara; elegir al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, al procurador general, al procurador para la defensa de los derechos humanos y el Consejo Nacional de la Judicatura; suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo al artículo 29 de la Carta Magna de la República; decretar guerra o calamidad pública en caso de invasión, así como préstamos forzosos relacionados, y ratificar proyectos vetados por el presidente de la República.

En otras palabras, Nuevas Ideas tendría la llave para tomar estas decisiones, lo que redundaría en la ausencia de los consensos necesarios en una democracia, generando un espacio de decisiones hegemónicas que restringirían el ejercicio de participación pluri-partidaria, limitarían la función de control inter-institucional, toda vez que la aritmética estaría de parte del partido oficialista.

No obstante, también puede abrir un camino que permita avanzar hacia la democratización. Dependerá de las políticas públicas y del enfoque de gobernanza que se quieran imprimir. Pero esto último no es muy probable, al menos a la luz del comportamiento autoritario que ha acompañado al presidente Bukele durante estos casi dos años de mandato.

Por otra parte, si el partido oficialista alcanzara la mayoría absoluta en la Asamblea (63 votos) en virtud de una coalición con otro u otros partidos, podría: 

  1. Suspender las garantías contenidas en los artículos 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de la Constitución, no excediendo la detención administrativa de 15 días. Estas garantías son a) que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Este inciso también garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de Justicia y en los procesos judiciales; y b) la detención no debe exceder las 72 horas.
  1. Señalar una nueva fecha de elección: si, por causa fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por la Asamblea, no pueden celebrarse los comicios para presidente y vicepresidente en la fecha señalada por la Constitución de la República, puede señalarse otra.
  2. Ratificar todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, o cualquier tratado o convención que celebre el Órgano Ejecutivo referente al territorio nacional.

Por tanto, el escenario salvadoreño está abocado a una concentración de poder avalada por una cultura política. A pesar de haber dado pasos importantes en su camino hacia una democracia plena, éstos se han visto permanentemente permeados por actitudes y valores autoritarios. De esta forma, desde 1992 varios estudios han ubicado al país entre un régimen de democracia imperfecta y uno híbrido. Queda por ver si unos eventuales acuerdos sobre políticas públicas y un franco ejercicio de gobernanza y gobernabilidad democrática fortalecen su proceso de democratización o si El Salvador retrocede hacia un régimen autoritario. Cualquiera de los dos escenarios es posible con este sistema de partidos y político. Y sin olvidar el sistema económico, muy determinante en la dinámica política salvadoreña y en el que ha predominado un ejercicio de captura del Estado por parte de las élites económicas. ¿Cambiará la dinámica o sólo los miembros de esa élite?

Se sugiere mantener como objeto de estudio el caso de El Salvador. 

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