El rey, los indultos y la ‘accountability’

La última medida del Gobierno central respecto a Cataluña, los indultos, es muy impopular para un importante sector de la población. Destacados actores políticos han lamentado que el rey Felipe VI se pliegue a la política gubernamental, en contra de lo que consideran que es su deber.

La actual situación del monarca recuerda a la que se produjo en 2017. En su discurso del 3 de octubre de ese año, y contrariamente a lo que algunos esperaban, no apeló al diálogo y a la conciliación, sino a mantener el orden constitucional, alineándose con el Gobierno del momento, de derechas. Esto le fue reprochado duramente por algunos sectores de la izquierda.

Casi cuatro años después, nos encontramos con la situación inversa: esta vez gobierna la izquierda, y la medida que está adoptando en relación a Cataluña, los indultos, es muy impopular entre ciertos sectores políticos, esta vez de la derecha. Felipe VI, ciñéndose a su papel, ha firmado los indultos a los políticos catalanes, y esta vez las críticas provienen del PP; concretamente de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que preguntó: «¿Qué va a hacer el rey de España, va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice [a Felipe VI] de esto?».

Aquí, la derecha comete el mismo error en el que incurrió la izquierda en 2017: esperar que el rey sea su aliado. Pero este último no sólo no puede desempeñar ese papel, es que además su apoyo no sería útil para quien lo recibiera y resultaría perjudicial para la misma Corona.

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Polémicas aparte, el hecho de que hace cuatro años la izquierda lamentase la actuación del rey y que en 2021 lo haga la derecha es signo de buena salud para la democracia española: indica que el soberano no se inmiscuye en la política, limitándose a ratificar lo que establece el Gobierno de turno, que goza de legitimidad democrática. Si Felipe VI hubiese osado contradecir al Ejecutivo de Rajoy en 2017, algunos en la izquierda se habrían alegrado; pero muy equivocadamente, pues ¿qué garantías tendrían de que, tiempo después, Felipe VI no se opondría a la voluntad de un Gobierno de izquierdas?

Para pensar mejor en el papel de la Monarquía en la democracia española, es útil tener en mente un concepto esencial de la democracia representativa: la accountability, o rendición de cuentas. Este principio básico establece que los ciudadanos tienen la potestad, mediante su voto, de premiar al gobernante que ha actuado bien, reeligiéndole, o de castigarle si actuado mal, no reeligiéndole.

Ahora bien, fijémonos en que esta definición se compone de dos elementos: la actuación del gobernante y su premio o castigo. Sin embargo, ninguno de los dos se puede aplicar a la Monarquía española. Por un lado, no se puede evaluar como ‘buena’ o ‘mala’ la actuación de una figura que sólo tiene funciones ceremoniales, como es el caso del actual jefe del Estado; por otro, un monarca, por definición, no es alguien que esté en su puesto por tener la confianza de los ciudadanos, expresado a través del voto. Está donde está por nacimiento. Por lo tanto, la accountability no es un concepto que se le sea aplicable, lo mismo que a un juez, que tampoco extrae su legitimidad de las elecciones, lo que no significa que no tenga legitimidad.

Dado que la rendición de cuentas es un elemento indispensable para la democracia, pero no es aplicable a la Monarquía, la única forma de lograr que ésta sea compatible con la democracia (al menos en este aspecto) consiste en que la Jefatura del Estado esté totalmente desprovista de poder de decisión y sea una figura meramente simbólica y ceremonial.

Esto, que puede parecer frustrante para alguien que reivindique la importancia de la Monarquía, es en realidad lo que la protege de los vaivenes políticos: no se puede culpar de un desastre a quien no ha tenido nada que ver con su gestión. Si la Monarquía empezase a tomar iniciativas políticas, se vería rápidamente expuesta a controversias, debates, evaluaciones y voluntad de castigo de los ciudadanos que no avalaran su postura o desaprobasen su gestión. La neutralidad es una condición necesaria para que la esta institución pueda capear todo temporal, controversia o problema social. Véase a la reina de Inglaterra: con su habilidad en el arte de no decir nada ni inmiscuirse en los asuntos públicos, ha asegurado la supervivencia de la Monarquía británica durante décadas.

Tanto la derecha como la izquierda deben alegrarse de que Felipe VI no dé su opinión y se limite a ratificar lo que hagan el Gobierno y el Congreso. El día que empiece a tomar iniciativa política, ambos bandos tendrán motivos para preocuparse. La neutralidad de la Corona no es sólo lo que permite que siga existiendo, sino también lo que la hace compatible con la democracia y aceptable para los partidos. A ningún partido le beneficiaría la ruptura de esa neutralidad y atraerla a su bando, pues si lo consiguiera ¿qué le garantiza que el día de mañana el monarca no apoyará a sus rivales políticos?

Los partidos que dicen defender la Monarquía le hacen un flaco favor al ponerla en el punto de mira, pues al intentar acercarla a sus posiciones sólo consiguen politizarla, generar debate a su alrededor y despertar eventuales opiniones a favor o en contra, con el conflicto que eso conlleva. Una institución política necesita cierto consenso a su alrededor para seguir existiendo, y uno de los signos en los que se reconoce el consenso es la ausencia de debate.

En ese sentido, la serie The Crown logra explicar muy bien la dificultad de la reina británica para no inmiscuirse en los asuntos políticos ni reflejar opinión alguna. Esto no quiere decir que sea fácil, como deja clara la escena de la primera temporada en la que una joven Isabel II se lamenta ante su abuela de cómo va el país y de no poder intervenir; a lo que la experimentada reina María le responde: «To do nothing is the hardest job of all». Sin duda, Felipe VI tiene su propia opinión respecto a Cataluña y otros problemas de España, pero no queremos saberla. Lo que le corresponde hacer es no hacer nada.

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