El ‘pasaporte Covid-19’, ¿último dilema candente de la pandemia?

A lo largo de la pandemia son varios los elementos que han aglutinado el interés público, desvelando muchos de ellos un campo para el debate y, muy especialmente, la deliberación ética. Los cribados, los confinamientos, las limitaciones de la movilidad, la vacunación y, ahora, el pasaporte de inmunidad.

El pasaporte Covid-19 (denominaciones puede tener muchas) hace referencia a una acreditación que vendría a garantizar, dentro de un margen razonable, que la persona que lo posee no supone un riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 para el resto de la población. Este instrumento surgiría como forma de minimizar las restricciones impuestas a la población con muy baja probabilidad de transmisión del virus (ya fuera por vacunación o por inmunidad natural, según el tipo de pasaporte), dejando niveles de mayor restricción para las personas potencialmente más contagiosas.

El debate sobre el pasaporte de inmunidad ha sido, en cierto modo, artificialmente caricaturizado, puesto que desdibuja (tanto por parte de sus detractores como de quienes lo apoyan) su funcionalidad, objetivos y alcance, invisibilizando que puede ser desde un elemento meramente administrativo de alivio de restricciones, como la PCR previa a viajar o la necesidad de cuarentenas en destino, hasta un verdadero segregador de la movilidad, muy especialmente dentro del marco de la movilidad global. Este tipo de instrumentos no existe solamente en el marco de lo teórico sino que, el pasado mes de marzo, la Unión Europea anunció la creación de un Certificado Digital Verde que serviría para facilitar la movilidad entre los países miembros de la Unión bajo el principio de no discriminación entre personas vacunadas y no vacunadas.

A diferencia de los dilemas éticos generados por este tipo de pasaportes, que persisten en el tiempo, las dudas técnicas relacionadas con la inmunidad van disipándose (o eso creemos) con la acumulación de conocimiento al respecto. Desde un punto de vista técnico, las dudas principales aún existentes se centran en la duración de la inmunidad (tanto la natural como la derivada de la vacunación), el alcance del freno a la transmisión por parte de la población vacunada o la posible aparición de variantes del virus que puedan disminuir la efectividad de las diferentes vacunas disponibles. El conocimiento generado sobre estos aspectos es creciente y, con lo que sabemos a día de hoy, ya se pueden tomar decisiones informadas a la hora de determinar el alcance de un hipotético ‘pasaporte’ de inmunidad.

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Sin embargo, es otro el ámbito donde los posibles conflictos no se resuelven simplemente con la generación de conocimiento acumulado, sino que es preciso un proceso de deliberación y señalar qué situaciones de conflicto pueden surgir con la implantación de este tipo de pasaporte.

En el marco europeo, éste se plantea como un elemento que posibilite la realización de ciertas actividades, principalmente relacionadas con la movilidad nacional o internacional. Incluso en el supuesto de descartar otros usos claramente conflictivos (especialmente, los relacionados con el ámbito laboral), el ‘pasaporte’ de inmunidad puede crear algunos conflictos: el primero y más inmediato es el relacionado con el monopolio estatal en la priorización de grupos para la vacunación. Es decir, uno está vacunado si el Estado ha decidido que su grupo de edad o profesión puede vacunarse, pero esa persona no tiene agencia o capacidad de decisión para adelantar (sí para retrasar) su nivel de prioridad en la cola de vacunación. Esto hace que el uso de esta última como capacitadora para la movilidad se dé en un marco distinto al de la igualdad de oportunidades y parta de una situación de desigualdad generada por el lugar que cada uno presente en la cola de distribución de la vacuna.

Otro de los aspectos controvertidos está en relación al tipo de población que más puede sufrir las desigualdades generadas por el ‘pasaporte’ de inmunidad: la población joven. Este grupo, notablemente relegado a un rol secundario en las medidas durante la pandemia, con generaciones que ya van por su segunda gran crisis económica encadenada, puede ver cómo sus opciones de movilidad se ven limitadas por una decisión en la cual no han tenido ningún papel y que no pueden sortear.

Mientras la falta de capacidad de decidir cuándo vacunarse es un aspecto muy frecuentemente mencionado al hablar de los pasaportes de inmunidad, otros más favorables como los señalados por Iñigo de Miguel y Jon Rueda en un artículo de 2020 pasan en ocasiones más inadvertidos. La tesis principal de estos dos filósofos es que la existencia de desigualdades en la distribución de la inmunidad (natural o vacunal) no bastaría como elemento de enmienda a la totalidad del pasaporte, dado que debería existir una razón de mayor peso para la coartación del derecho fundamental a la movilidad de las personas.

Podríamos afirmar, en resumen, que los pasaportes de inmunidad generan situaciones de desigualdad; ahora nos quedaría saber si son situaciones asumibles.

La mirada a estas desigualdades cobra una dimensión distinta si nos situamos en un marco global. En Europa, la compra y distribución se ha realizado de forma cooperativa, sin apenas competencia entre los países miembros. Sin embargo, la implantación de un pasaporte Covid-19 en el marco global no podría eludir el hecho de que ha existido competencia clara (incluso podríamos hablar de acaparación) en la compra de vacunas por parte de los países de rentas altas, por lo que dicho ‘pasaporte’podría ser un amplificador de las desigualdades económicas que se han evidenciado en el marco de las políticas globales de distribución de las vacunas frente al SARS-CoV-2.

Probablemente, lo más razonable sea pensar en la implantación de un pasaporte Covid-19 que se desarrolle dentro de regiones con un contexto de alta vacunación (el prometido 70% de la población adulta parece que puede llegar antes de lo vaticinado), en el que este documento sirva no tanto como llave para la realización de unas u otras actividades, sino como facilitador de éstas, aliviando requisitos como la realización previa de pruebas diagnósticas de infección aguda (PCR o test de antígenos) o cuarentenas a la llegada a un país; y con una perspectiva de que, si se generan desigualdades, lo sea beneficiando a las personas que suelen caer en el lado desfavorable de las mismas (trabajadores esenciales altamente expuestos, personas mayores, rentas bajas…).

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